EL CAIRO – “Ustedes son la autoridad, sobre cualquier otra autoridad. Ustedes son los protectores, quien busque protección lejos de ustedes es un tonto… y el ejército y la policía me están escuchando”, dijo el presidente electo de Egipto, Mohamed Morsi, ante cientos de miles de personas en la Plaza Tahrir. Un hombre que había sido encarcelado tras el “Viernes de la Ira” (28 de enero de 2011) prestó juramento presidencial en Tahrir en un “Viernes de la Transferencia del Poder” (29 de enero de 2012). Pero estuvo a punto de no lograrlo.
Diez días antes, el 19 de junio, yo estaba con un grupo de ex miembros del parlamento de Egipto en la Plaza Tahrir. Uno de ellos recibió una llamada telefónica informándole que un alto líder de la Hermandad Musulmana iba a venir para anunciar que el grupo estaba siendo chantajeado: o aceptaba la adenda constitucional decretada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF por su sigla en inglés), que prácticamente evisceraba la presidencia, o el resultado de la elección presidencial no se decidiría en favor de los Hermanos. Una hora más tarde, la figura prominente no había aparecido. “Las conversaciones estaban a punto de colapsar, pero se reanudaron”, dijo el ex miembro del parlamento. “Contengan la respiración”.
La victoria de la Hermandad de Morsi en las primeras elecciones presidenciales libres de Egipto es un paso histórico en el camino pedregoso de la democratización de Egipto. Su contendiente, el último primer ministro del ex presidente Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, no tenía ninguna posibilidad de ganar una elección limpia, a pesar del respaldo de una gigantesca máquina de propaganda controlada por el estado y de varios magnates. “¿A cuánta gente pueden engañar, convencer o comprar? No tenemos tan mala memoria”, me dijo un taxista cuando le pregunté si iba a votar por Shafiq.
De hecho, la revolución egipcia derrotó al régimen de Mubarak y a sus vestigios tres veces desde enero de 2011: primer con el derrocamiento de Mubarak, luego en las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo a comienzos de este año y ahora con la victoria de Morsi. Y, sin embargo, un régimen dominado por los militares sigue siendo una posibilidad real. La serie de decisiones tomadas por el gobernante SCAF justo antes de las elecciones presidenciales claramente demostró que el ejército no tiene ningún interés de renunciar al poder.
La más radical de estas decisiones fue la de disolver el parlamento, por el que habían votado 30 millones de egipcios, en base a un dictamen de la Corte Suprema, aliada del SCAF. La junta luego asumió la autoridad legislativa, así como el poder para formar una asamblea constitucional y vetar las previsiones constitucionales propuestas. También formó un Consejo de Defensa Nacional (NDC por su sigla en inglés), dominado por los militares (11 comandantes del ejército versus seis civiles -considerando que el ministro del interior es un civil).
Mientras tanto, los esfuerzos por reprimir las protestas continuaron. El ministro de Justicia, un remanente de la era Mubarak, otorgó poderes a la inteligencia militar y las autoridades de la policía militar para arrestar civiles bajo cargos tan menores como alteración del tránsito e “insulto” a los líderes del país.
Ahora empieza la parte difícil para Morsi, que enfrenta una intensa lucha de poder entre los beneficiarios del status quo de Mubarak -generales, magnates de los negocios, jefes del Partido Nacional Democrático, altos jueces, representantes de los medios y empleados estatales jerárquicos- y las fuerzas que promueven el cambio, cuya entidad organizada más importante es la Hermandad.
La junta ciertamente no tiene intenciones de abandonar su vasto imperio económico (con sus beneficios en materia impositiva, la propiedad y los derechos de confiscación de la tierra, aduanas y tipos de cambio preferenciales, entre otras prerrogativas). Tampoco tiene ninguna intención de renunciar a su poder de veto, inclusive sobre la seguridad nacional, la cuestión sensible de la política exterior (específicamente con respecto a Israel e Irán) y la declaración de guerra -por ende el NDC.
A falta de un acuerdo -y las fuerzas que puedan garantizar sus términos-, la polarización puede conducir a malos resultados, que oscilan en gravedad entre España en 1982 y Turquía en 1980, y más preocupante, Argelia en 1992, cuando la anulación por parte del régimen militar de una victoria electoral islamista desencadenó una guerra civil prolongada y brutal.
Si bien los generales de Egipto no están, bajo ningún concepto, tan amenazados como lo estaban sus pares argelinos en diciembre de 1991, sí tienen suficiente poder para patear el tablero. Dependiendo del resultado de las negociaciones en curso entre el SCAF y Morsi, la dimensión de las protestas en la Plaza Tahrir y otras partes y el grado de presión de la comunidad internacional, no se puede descartar una confrontación mortal.
Sin embargo, el escenario más probable parece ser algo similar a Turquía en 1980: un resultado no democrático dominado por los militares, pero sin un derramamiento de sangre grave. En este escenario, la actual asamblea constitucional sería disuelta, y el SCAF formaría una nueva a su gusto. Influiría fuertemente en el proceso de confección de la constitución para consagrar sus privilegios. En otras palabras, el SCAF, no el presidente electo, seguiría siendo el actor dominante en la política egipcia -un resultado que probablemente generaría una continua resistencia de las fuerzas que impulsan el cambio.
El mejor resultado -parecerse a España en 1982- es el más optimista. Después de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones parlamentarias y formó un gobierno en octubre de ese año, el establishment militar de derecha aceptó las nuevas reglas de juego democráticas y frustró un intento de golpe que pretendía bloquear el avance de la izquierda. El PSOE también realineó el partido en base a líneas más moderadas, renunció a las políticas marxistas y llevó a cabo un programa de reforma integral, El Cambio.
En Egipto, un escenario similar mejoraría las perspectivas de una transición democrática. Pero la conducción del SCAF no manifiesta ninguna inclinación por emular a los generales españoles.
El liderazgo de la Hermandad Musulmana, por su parte, suele adoptar una estrategia gradualista y adversa al riesgo en materia de gestión de crisis. Sin embargo, frente a una situación revolucionaria, esa estrategia podría ser difícil de sostener. Un mayor progreso hacia la democratización exigiría que Morsi mantuviera intacta la amplia coalición de islamistas y no islamistas que lo puso en la palestra -y conservara su capacidad de movilización en Tahrir y otras partes.
Las transiciones exitosas de un régimen militar a uno civil en Turquía, España y otros lugares en parte reflejaron un respaldo sostenido de Estados Unidos y Europa. Pero, quizá más que esto, Morsi necesitará logros tangibles en el frente económico y de seguridad interior para apuntalar su legitimidad en casa. De lo contrario, los generales de Egipto no regresarán a sus barracas en lo inmediato.
EL CAIRO – “Ustedes son la autoridad, sobre cualquier otra autoridad. Ustedes son los protectores, quien busque protección lejos de ustedes es un tonto… y el ejército y la policía me están escuchando”, dijo el presidente electo de Egipto, Mohamed Morsi, ante cientos de miles de personas en la Plaza Tahrir. Un hombre que había sido encarcelado tras el “Viernes de la Ira” (28 de enero de 2011) prestó juramento presidencial en Tahrir en un “Viernes de la Transferencia del Poder” (29 de enero de 2012). Pero estuvo a punto de no lograrlo.
Diez días antes, el 19 de junio, yo estaba con un grupo de ex miembros del parlamento de Egipto en la Plaza Tahrir. Uno de ellos recibió una llamada telefónica informándole que un alto líder de la Hermandad Musulmana iba a venir para anunciar que el grupo estaba siendo chantajeado: o aceptaba la adenda constitucional decretada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF por su sigla en inglés), que prácticamente evisceraba la presidencia, o el resultado de la elección presidencial no se decidiría en favor de los Hermanos. Una hora más tarde, la figura prominente no había aparecido. “Las conversaciones estaban a punto de colapsar, pero se reanudaron”, dijo el ex miembro del parlamento. “Contengan la respiración”.
La victoria de la Hermandad de Morsi en las primeras elecciones presidenciales libres de Egipto es un paso histórico en el camino pedregoso de la democratización de Egipto. Su contendiente, el último primer ministro del ex presidente Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, no tenía ninguna posibilidad de ganar una elección limpia, a pesar del respaldo de una gigantesca máquina de propaganda controlada por el estado y de varios magnates. “¿A cuánta gente pueden engañar, convencer o comprar? No tenemos tan mala memoria”, me dijo un taxista cuando le pregunté si iba a votar por Shafiq.
De hecho, la revolución egipcia derrotó al régimen de Mubarak y a sus vestigios tres veces desde enero de 2011: primer con el derrocamiento de Mubarak, luego en las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo a comienzos de este año y ahora con la victoria de Morsi. Y, sin embargo, un régimen dominado por los militares sigue siendo una posibilidad real. La serie de decisiones tomadas por el gobernante SCAF justo antes de las elecciones presidenciales claramente demostró que el ejército no tiene ningún interés de renunciar al poder.
La más radical de estas decisiones fue la de disolver el parlamento, por el que habían votado 30 millones de egipcios, en base a un dictamen de la Corte Suprema, aliada del SCAF. La junta luego asumió la autoridad legislativa, así como el poder para formar una asamblea constitucional y vetar las previsiones constitucionales propuestas. También formó un Consejo de Defensa Nacional (NDC por su sigla en inglés), dominado por los militares (11 comandantes del ejército versus seis civiles -considerando que el ministro del interior es un civil).
Mientras tanto, los esfuerzos por reprimir las protestas continuaron. El ministro de Justicia, un remanente de la era Mubarak, otorgó poderes a la inteligencia militar y las autoridades de la policía militar para arrestar civiles bajo cargos tan menores como alteración del tránsito e “insulto” a los líderes del país.
Ahora empieza la parte difícil para Morsi, que enfrenta una intensa lucha de poder entre los beneficiarios del status quo de Mubarak -generales, magnates de los negocios, jefes del Partido Nacional Democrático, altos jueces, representantes de los medios y empleados estatales jerárquicos- y las fuerzas que promueven el cambio, cuya entidad organizada más importante es la Hermandad.
La junta ciertamente no tiene intenciones de abandonar su vasto imperio económico (con sus beneficios en materia impositiva, la propiedad y los derechos de confiscación de la tierra, aduanas y tipos de cambio preferenciales, entre otras prerrogativas). Tampoco tiene ninguna intención de renunciar a su poder de veto, inclusive sobre la seguridad nacional, la cuestión sensible de la política exterior (específicamente con respecto a Israel e Irán) y la declaración de guerra -por ende el NDC.
A falta de un acuerdo -y las fuerzas que puedan garantizar sus términos-, la polarización puede conducir a malos resultados, que oscilan en gravedad entre España en 1982 y Turquía en 1980, y más preocupante, Argelia en 1992, cuando la anulación por parte del régimen militar de una victoria electoral islamista desencadenó una guerra civil prolongada y brutal.
Si bien los generales de Egipto no están, bajo ningún concepto, tan amenazados como lo estaban sus pares argelinos en diciembre de 1991, sí tienen suficiente poder para patear el tablero. Dependiendo del resultado de las negociaciones en curso entre el SCAF y Morsi, la dimensión de las protestas en la Plaza Tahrir y otras partes y el grado de presión de la comunidad internacional, no se puede descartar una confrontación mortal.
Sin embargo, el escenario más probable parece ser algo similar a Turquía en 1980: un resultado no democrático dominado por los militares, pero sin un derramamiento de sangre grave. En este escenario, la actual asamblea constitucional sería disuelta, y el SCAF formaría una nueva a su gusto. Influiría fuertemente en el proceso de confección de la constitución para consagrar sus privilegios. En otras palabras, el SCAF, no el presidente electo, seguiría siendo el actor dominante en la política egipcia -un resultado que probablemente generaría una continua resistencia de las fuerzas que impulsan el cambio.
El mejor resultado -parecerse a España en 1982- es el más optimista. Después de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones parlamentarias y formó un gobierno en octubre de ese año, el establishment militar de derecha aceptó las nuevas reglas de juego democráticas y frustró un intento de golpe que pretendía bloquear el avance de la izquierda. El PSOE también realineó el partido en base a líneas más moderadas, renunció a las políticas marxistas y llevó a cabo un programa de reforma integral, El Cambio.
En Egipto, un escenario similar mejoraría las perspectivas de una transición democrática. Pero la conducción del SCAF no manifiesta ninguna inclinación por emular a los generales españoles.
El liderazgo de la Hermandad Musulmana, por su parte, suele adoptar una estrategia gradualista y adversa al riesgo en materia de gestión de crisis. Sin embargo, frente a una situación revolucionaria, esa estrategia podría ser difícil de sostener. Un mayor progreso hacia la democratización exigiría que Morsi mantuviera intacta la amplia coalición de islamistas y no islamistas que lo puso en la palestra -y conservara su capacidad de movilización en Tahrir y otras partes.
Las transiciones exitosas de un régimen militar a uno civil en Turquía, España y otros lugares en parte reflejaron un respaldo sostenido de Estados Unidos y Europa. Pero, quizá más que esto, Morsi necesitará logros tangibles en el frente económico y de seguridad interior para apuntalar su legitimidad en casa. De lo contrario, los generales de Egipto no regresarán a sus barracas en lo inmediato.
Copyright Project Syndicate
Managing Transitions in the Arab World
Beyond the Ballot Box: Egypt’s Constitutional Challenge
Transitional Justice in Egypt: One Step Forward, Two Steps Back
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