Categories
Uncategorized

El fallido golpe de Estado burocrático de Turquía

Recep Tayyip Erdoğan and Fethullah Gülen
Recep Tayyip Erdoğan (a la izquierda) y Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.

ANKARA – La semana pasada, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan intensificó la respuesta de su gobierno a las investigaciones de corrupción que han estado agitando al país desde diciembre, mediante la reestructuración de la dirección del poder judicial y de la policía. Pero sería un error considerar esto como una lucha entre el poder ejecutivo y el poder judicial, o como un intento de encubrir los cargos que han llevado a la dimisión de tres ministros. Lo que está en discusión es la independencia y la imparcialidad de las autoridades policiales. De hecho, en medio de acusaciones de pruebas falsas, Erdoğan ahora dice que no se opone a que los oficiales militares de alto rango acusados de conspirar para derrocar a su gobierno sean sometidos a nuevos juicios.

Los recientes acontecimientos reflejan la brecha cada vez mayor entre el gobierno de  Erdoğan y el movimiento Gülen, liderado por Fethullah Gülen, un predicador islámico autoexiliado que en la actualidad reside cerca de Filadelfia. El movimiento Gülen dio un apoyo importante al Partido de la Justicia  y el Desarrollo (AKP), y sus esfuerzos por establecer un control civil que reemplace al militar durante los dos primeros años que AKP estuvo en el poder. Ahora, sin embargo, el movimiento parece estar planificando un golpe de Estado propio.

Muchos miembros de la judicatura y de la policía asociados a la ola de acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios de gobierno, empresarios y miembros de la familia de los políticos están conectados con el movimiento Gülen. Lo que comenzó como una investigación sobre presunta corrupción pronto se convirtió en una campaña de desprestigio apoyada por la oposición.

Las luchas actuales de Turquía plantean importantes interrogantes sobre la relación apropiada entre los burócratas y los funcionarios electos en una democracia pluralista. Responder a dichas interrogantes  requerirá de un debate que trascienda temas como la separación de poderes y la independencia judicial y dilucide cuál es la relación apropiada entre la política y la religión. Por eso, es crucial comprender el contexto histórico de la actual crisis.

Cuando Turquía se convirtió en una democracia en el año 1950, las élites seculares kemalistas del sistema anterior intentaron aprovechar el poder de los militares y la burocracia para controlar al gobierno electo. De hecho, los militares turcos, con el apoyo del poder judicial, intervinieron de manera explícita en el funcionamiento del gobierno civil en los años 1960, 1971, 1980 y 1997, en cada una de estas ocasiones a nombre de proteger el secularismo.

En respuesta, varios grupos religiosos, entre ellos el movimiento Gülen, incentivaron  a sus seguidores a tomar posiciones en ámbitos burocráticos y militares. En la década de 1990, los gobiernos seculares respaldados por los militares contraatacaron, tratando de purgar a los burócratas  y líderes militares religiosos: se consideran de manera inmediata como sospechosos a aquellos que no consumía bebidas alcohólicas, o cuyos familiares llevaban pañuelos en la cabeza.

Con la normalización de la democracia turca tras la victoria del AKP en el año 2002, se eliminaron las restricciones a la contratación, el empleo y la promoción de los ciudadanos religiosos en las altas esferas de la burocracia – un proceso que benefició especialmente a los miembros del movimiento Gülen, con su amplia educación, medios de comunicación y redes de empresas. Los seguidores de Gülen – que decían apoyar la democracia liberal y la forma tolerante, moderna del Islam adoptada por el AKP – parecían ser los aliados naturales del gobierno de Erdoğan.

Durante una década, las empresas conectadas a Gülen jugaron un papel ampliamente reconocimiento – y apreciado – en el crecimiento económico y el desarrollo de Turquía, mientras que las escuelas del movimiento Gülen capacitaban a los estudiantes a buscar trabajos de servicio público. Siempre y cuando los burócratas se recluten y promuevan en base a méritos, el AKP no tenía ningún problema en aceptar una excesiva representación de los seguidores Gülen en ciertas ramas del gobierno.

Esta aceptación se basaba en la creencia de que los miembros de Gülen se iban a adherir a la exigencia fundamental en una democracia pluralista que dicta que los burócratas – ya sean musulmanes en Turquía, mormones en los Estados Unidos, o budistas en Japón – no permiten que sus convicciones religiosas se pongan por encima de su compromiso con el servicio público y el imperio de la ley. Lo que el gobierno no se imaginaba era que emergería una nueva visión de tutelaje burocrático sobre el gobierno civil.

Aunque los seguidores Gülen han estado en desacuerdo con varias de las políticas del gobierno, en gran medida dieron su respaldo al AKP en las tres últimas elecciones. Lo que los llevó a rechazar completamente al partido fue un debate político sobre la reestructuración  de  las “academias preparatorias”— costosas instituciones privadas que preparan a las personas a los graduados de las escuelas secundarias para sus exámenes de ingreso a la universidad.

El movimiento Gülen opera por lo menos una cuarta parte de estas escuelas, que forman un componente clave de la red de educación de millones de dólares del movimiento y ayuda a reclutar nuevos miembros. Los miembros del movimiento por lo tanto consideraron que el debate en torno a las academias preparatorias como un desafío directo a su influencia.

Pero su reacción fue desproporcionada – entre otras cosas debido a que los planes del gobierno no habían finalizado. Además, la propuesta no tuvo nada que ver con el movimiento Gülen; el gobierno estaba respondiendo a las quejas de los ciudadanos por tener que pagar montos extravagantes para preparar a sus hijos para que ingresen a universidades públicas gratuitas. Y el movimiento Gülen no fue capturado exactamente con la guardia baja; los representantes de las academias de preparación ya habían entablado un diálogo con los funcionarios del ministerio de educación ya hace algún tiempo atrás.

Como en cualquier democracia, la crítica pública de las políticas del gobierno de Turquía es normal y saludable. Pero los intentos de chantajear, amenazar y negociar de manera ilegal con el gobierno de los miembros del poder judicial y de la fuerza policial alineados con Gülen son inaceptables.

Ahora, corresponde a los tribunales discernir la verdad acerca de la corrupción entre los llamados  “servidores públicos” de Turquía. Pero todos los indicios apuntan a una cruzada política coordinada por los seguidores Gülen, incluyendo los principales fiscales implicados en los casos recientes de corrupción y los medios de comunicación pro-Gülen que han defendido con firmeza la imparcialidad de los fiscales (a pesar de las muchas irregularidades – como extensas escuchas telefónicas no autorizadas – que han salido a la luz). Por otra parte, se sospecha que un grupo coordinado dentro del poder judicial ha plantado pruebas – acusaciones que han llevado a los llamados a que se lleven a cabo nuevos juicios para el personal militar.

Desde luego, esto no quiere decir que no hubo intentos de golpe de Estado por parte de miembros de las fuerzas armadas en el pasado o casos de corrupción de políticos y burócratas. El punto es que Turquía necesita reformas judiciales que eliminen la posibilidad de que camarillas organizadas manipulen sus poderes constitucionales para promover sus propios objetivos estrechos.

Esta es una línea roja para cualquier democracia pluralista. Los ciudadanos de manera individual deben tener la libertad de vivir de acuerdo con sus creencias; pero no se debe permitir que una visión teológica inexplicable de forma a su comportamiento como funcionarios y burócratas.

De manera más general, el debate sobre el movimiento Gülen debe servir como una oportunidad para aclarar la relación entre la religión y la política, mientras que al mismo tiempo que se recuerde al público turco – y los países de mayoría musulmana en la región – de los valores democráticos básicos que han permitido que Turquía se desarrolle y prospere.

Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Copyright Project Syndicate


Ertan Aydin es consejero sénior del primer ministro de Turquía Recep Tayyip Erdoğan.


For additional reading on this topic please see:

Überdehnt sich die Bewegung von Fethullah Gülen?
Turkey: Has the AKP Ended Its Winning Streak?
Turkey’s “Super Election Year” 2014: Winner Still Takes All?


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Categories
Government Religion

Turkey’s Failed Bureaucratic Coup

Recep Tayyip Erdoğan and Fethullah Gülen
Recep Tayyip Erdoğan (left) and Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.

ANKARA – Last week, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan intensified his government’s response to the corruption investigations that have been roiling the country since December, restructuring the leadership of the judiciary and police. But it would be a mistake to view this as a fight between the executive and the judiciary, or as an attempt to cover up charges that have led to the resignation of three ministers. What is at issue is the law-enforcement authorities’ independence and impartiality. Indeed, amid charges of fabricated evidence, Erdoğan now says that he is not opposed to retrials for senior military officers convicted of plotting to overthrow his government.

The recent developments reflect the widening rift between Erdoğan’s government and the Gülen movement, led by Fethullah Gülen, a self-exiled Islamic preacher currently residing near Philadelphia. The Gülen movement was an important backer of the governing Justice and Development Party (AKP) and its efforts to establish civilian control over the military during the AKP’s first two terms in office. Now, however, the movement appears to have been plotting a coup of its own.

Categories
Uncategorized

Le coup d’état bureaucratique de la Turquie

Recep Tayyip Erdoğan and Fethullah Gülen
Recep Tayyip Erdoğan (à gauche) et Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.

ANKARA – La semaine dernière, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan a intensifié la réponse de son gouvernement aux enquêtes de corruption qui secouent le pays depuis décembre en restructurant les directions du système judiciaire et de la police. Mais ce serait une erreur d’y voir un conflit entre l’exécutif et le système judiciaire, ou une tentative de couvrir les accusations qui ont entrainé la démission de trois ministres. Il est surtout question ici de l’indépendance et de l’impartialité des autorités de renforcement de la loi. En effet, compte tenu d’accusations de fabrication de preuves, Erdoğan déclare maintenant ne pas être opposé à ce que certains cadres de l’armée accusés de complot contre son gouvernement soient rejugés.

Les récents développements reflètent l’ampleur du fossé qui sépare le gouvernement Erdoğan et le mouvement Gülen, dirigé par Fethullah Gülen, prédicateur islamique auto-exilé résident actuellement près de Philadelphie. Le mouvement Gülen fut un soutien important du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, et à ses efforts pour établir un contrôle civil sur l’armée pendant les deux premiers mandats de l’AKP. Aujourd’hui cependant, le mouvement semble avoir fomenté son propre coup.

De nombreux membres du système judiciaire et des forces de police, impliqués dans la vague d’accusations pour corruption de responsables du gouvernement, d’hommes d’affaire et de familiers d’hommes politiques, sont liés au mouvement Gülen. Ce qui avait commencé comme une simple enquête pour des faits présumés de corruption s’est rapidement transformé en une campagne de sabotage orchestrée par l’opposition.

Les actuelles difficultés de la Turquie soulèvent d’importantes questions sur la relation appropriée entre fonctionnaires et responsables élus dans une démocratie pluraliste. Le débat qui permettra d’y répondre devra transcender les questions de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice et clarifier ce que doivent être les liens entre politique et religion. Pour cela, il est essentiel de bien comprendre le contexte historique de la crise actuelle.

Lorsque la Turquie devint une démocratie en 1950, les élites laïques kémalistes du précédent système tentèrent d’exploiter le pouvoir de l’armée et de l’administration publique pour prendre le contrôle du gouvernement élu. En fait, les militaires turcs, soutenus par le système judiciaire, sont explicitement intervenus dans le fonctionnement du gouvernement civil en 1960, 1971, 1980, et 1997, à chaque fois au nom de la protection de la laïcité.

En réaction, différents groupes religieux, dont le mouvement Gülen, ont encouragé leurs partisans à intégrer la fonction publique et l’armée. Dans les années 1990, les gouvernements laïques successifs soutenus par l’armée ont répondu en tentant de purger les fonctionnaires religieux et les cadres militaires : ceux qui ne consommaient pas d’alcool, ou dont les membres de la famille portaient le foulard, étaient immédiatement suspectés.

Avec la normalisation de la démocratie turque à la suite de la victoire de l’AKP en 2002, ces restrictions sur le recrutement, l’emploi, et la promotion de citoyens religieux aux échelons supérieurs de la fonction publique furent annulées – un processus qui a particulièrement bénéficié aux membres du mouvement güleniste, avec ses réseaux étendus d’institutions éducatives, de médias et d’entreprises. Les partisans de Gülen – qui prétendaient soutenir une démocratie libérale et la forme d’Islam tolérant et moderne adoptée par l’AKP – semblaient des alliés naturels du gouvernement Erdoğan.

Pendant dix ans, les entreprises liées au mouvement güleniste ont joué un rôle largement reconnu – et apprécié – dans la croissance économique et le développement de la Turquie, tandis que les écoles dirigées par le mouvement formaient les étudiants afin qu’ils occupent des postes dans le secteur public. Aussi longtemps que les fonctionnaires étaient recrutés et promus sur la base du mérite, l’AKP n’a eu aucun problème à accepter la surreprésentation des gülenistes dans certaines branches de l’administration.

Une situation fondée sur une conviction, celle que les membres gülenistes adhéreraient aux obligations fondamentales d’une démocratie pluraliste selon laquelle les fonctionnaires – qu’ils soient musulmans en Turquie, mormons aux Etats-Unis, ou bouddhistes au Japon – ne laisseraient pas leurs convictions influencer leur engagement envers le service public et l’autorité de la loi. Ce que le gouvernement n’avait pas imaginé était l’émergence d’une nouvelle vision de la tutelle de l’administration sur le gouvernement civil.

Les gülenistes ont remis en question plusieurs mesures du gouvernement mais ils ont largement soutenu l’AKP au cours des trois dernières élections. Leur rejet complet du parti émane du débat politique autour de la restructuration des « écoles préparatoires » – des institutions privées extrêmement chères qui préparent les lycéens en terminale aux examens d’entrée aux universités.

Le mouvement Gülen dirige au moins un quart de ces institutions avec un budget de plusieurs milliards de dollars, ce qui constitue un élément clé de son réseau éducationnel lui permettant de recruter ses nouveaux membres. Les gülenistes voient dans ce débat autour des écoles préparatoires une menace directe envers leur influence.

Mais leur réaction a été disproportionnée – ne serait-ce que parce que le gouvernement n’avait pas encore finalisé son projet de réforme. En outre, la proposition n’avait rien à voir avec le mouvement Gülen ; le gouvernement répondait aux doléances de ses citoyens devant payer des sommes astronomiques pour préparer leurs enfants à l’entrée dans les universités publiques gratuites. Et le mouvement Gülen n’a pas non plus été réellement pris par surprise ; les représentants des écoles préparatoires étaient engagés dans un dialogue avec les responsables du ministère de l’éducation depuis déjà quelques temps.

Comme dans toute démocratie, les critiques de l’opinion publique contre les mesures du gouvernement turc sont normales et saines. Mais il est inacceptable que certains membres du système judiciaire et des forces de police affiliés au mouvement Gülen tentent des manœuvres de chantage, de menace et autres marchandages illégaux pour faire pression sur le gouvernement.

Il est aujourd’hui du ressort des tribunaux de faire la lumière sur les affaires de corruption concernant les soi-disant « serviteurs de l’état. » Mais tout indique l’existence d’une croisade politique coordonnée par les partisans gülenistes, dont les procureurs généraux impliqués dans les récentes affaires de corruption et les médias pro-gülenistes qui n’ont pas hésité à clamer l’impartialité des procureurs généraux (en dépit de nombreuses irrégularités – dont d’innombrables cas d’écoutes téléphoniques illégales). En outre, un groupe coordonné au sein du système judiciaire est suspecté de masquer les preuves – des allégations qui ont suscité les demandes pour que soient rejugés les militaires incriminés.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais eu de tentatives de coup par des membres de l’armée dans le passé, ou de cas de corruption par des hommes politiques ou des fonctionnaires. Le fait est que la Turquie a besoin de réformes judiciaires qui lui permettront de supprimer l’éventualité de l’émergence de cliques organisées susceptibles de manipuler leurs pouvoirs constitutionnels pour favoriser leurs propres intérêts étroits.

Voilà la ligne jaune à ne pas franchir pour n’importe quelle démocratie pluraliste. Chaque citoyen devrait être libre de vivre selon ses convictions; mais une vision théologique irresponsable ne doit être autorisée à dicter leur comportement en tant que serviteurs de l’état et fonctionnaires.

Plus généralement, le débat sur le mouvement Gülen devrait être l’opportunité de clarifier la relation entre religion et politique, tout en rappelant à l’opinion publique turque – et aux pays à majorité musulmane dans l’ensemble de la région – les valeurs démocratiques qui ont permis à la Turquie de se développer et de prospérer.

Traduit de l’anglais par Frédérique Destribats.

Copyright Project Syndicate


Ertan Aydin est conseiller principal auprès du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan.


For additional reading on this topic please see:

Überdehnt sich die Bewegung von Fethullah Gülen?
Turkey: Has the AKP Ended Its Winning Streak?
Turkey’s “Super Election Year” 2014: Winner Still Takes All?


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

Categories
Uncategorized

تركيا والانقلاب البيروقراطي الفاشل

Recep Tayyip Erdoğan and Fethullah Gülen
Recep Tayyip Erdoğan (left) and Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.

أنقرة ــ في الأسبوع الماضي، صَعَّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان من حِدة استجابة حكومته لتحقيقات الفساد التي أرقت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول بإعادة هيكلة قيادات السلطة القضائية والشرطة. ولكن من الخطأ أن ننظر إلى هذا باعتباره معركة بين السلطتين التنفيذية

والقضائية، أو محاولة للتغطية على الاتهامات التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء. فالقضية هنا تدور حول استقلال سلطات إنفاذ القانون وحيدتها. والواقع أنه في وسط اتهامات بشأن أدلة ملفقة يقول إردوغان الآن إنه لا يعارض إعادة محاكمة كبار الضباط العسكريين المدانين بالتخطيط للإطاحة بحكومته.

وتعكس التطورات الأخيرة إلى اتساع هوة الخلاف بين حكمة إردوغان وحركة جولِن بقيادة فتح الله جولِن، وهو الواعظ الإسلامي الذي يقيم حالياً في المنفى باختياره في مدينة بالقرب من فيلادلفيا في الولايات المتحدة. كانت حركة جولِن من الكيانات المهمة الداعمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وجهوده الرامية إلى ترسيخ السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية خلال أول ولايتين لحزب العدالة والتنمية في السلطة. ولكن يبدو أن الحركة تخطط الآن لانقلاب على السلطة.

والواقع أن العديد من أعضاء السلطة القضائية والشرطة المرتبطين بموجة اتهامات الفساد الموجهة إلى مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وأفراد من أسر الساسة متصلين بحركة جولِن. وما بدأ بوصفه تحقيقاً في اتهامات مزعومة بالكسب غير المشروع سرعان ما تحول إلى حملة تشويه تدعمها المعارضة.

وتثير صراعات تركيا الحالية العديد من التساؤلات المهمة حول العلاقة اللائقة بين البيروقراطيين والمسؤولين المنتخبين في الديمقراطية التعددية. وسوف تتطلب الإجابة على هذه التساؤلات مناقشة تتجاوز قضايا مثل الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشرح العلاقة اللائقة بين السياسة والدين. وهنا يشكل التوصل إلى فهم واضح للسياق التاريخي للأزمة الحالية أهمية حاسمة.

عندما أصبحت تركيا دولة ديمقراطية في عام 1950، حاولت النخب الكمالية العلمانية المنتمية إلى النظام السابق تسخير قوة المؤسسة العسكرية والبيروقراطية الحكومية للسيطرة على الحكومة المنتخبة. والواقع أن المؤسسة العسكرية التركية، بدعم من السلطة القضائية، تدخلت بشكل واضح في عمل الحكومة المدنية في أعوام 1960، و1971، و1980، و1997، وفي كل مرة باسم حماية العلمانية.

وفي الرد على ذلك حَرِصَت جماعات دينية مختلفة، بما في ذلك حركة جولِن، على تشجيع أتباعها على تولي مناصب في الجهاز البيروقراطي للدولة والمؤسسة العسكرية. وفي تسعينيات القرن العشرين ردت الحكومات العلمانية المدعومة من قِبَل المؤسسة العسكرية الضربات فحاولت تطهير البيروقراطيين والقادة العسكريين المتدينين: فكان من لا يتعاطى الكحول أو لا ترتدي الإناث من أفراد أسرته الحجاب يصبح على الفور موضع اشتباه.

ومع تطبيع الديمقراطية التركية في أعقاب فوز حزب العدالة والتنمية في عام 2002، أزيلت القيود المفروضة على تجنيد وتوظيف وترقية المواطنين المتدينين في المراتب العليا من الجهاز البيروقراطي ــ وهي العملية التي أفادت بشكل خاص أعضاء حركة جولِن، التي كانت تتمتع بشبكات تعليمية وإعلامية وتجارية واسعة. وبدا أتباع جولِن ــ الذين زعموا أنهم يدعمون الديمقراطية الليبرالية والشكل السمح الحديث من الإسلام الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية ــ وكأنهم الحلفاء الطبيعيين لحكومة إردوغان.

ولمدة عشر سنوات، لعبت الشركات المتصلة بحركة جولِن دوراً معترفاً به على نطاق واسع ــ ومحل تقدير ــ في النمو الاقتصادي والتنمية في تركيا، في حين دربت المدارس التابعة لحركة جولِن الطلاب على العمل في وظائف الخدمة العامة. وطالما كانت شروط توظيف وترقية البيروقراطيين تستند إلى الجدارة، فإن حزب العدالة والتنمية لم يجد مشكلة في قبول التمثيل المفرط لأتباع حركة جولِن في فروع بعينها من الحكومة.

وكان قبول حركة جولِن نابعاً من اعتقاد مفاده أن أعضاء الحركة سوف يلتزمون بشرط أساسي في الديمقراطية التعددية مفاده أن البيروقراطيين ــ سواء كانوا من المسلمين في تركيا، أو المورمون في الولايات المتحدة، أو البوذيين في اليابان ــ لا يسمحون لمعتقداتهم الدينية بإفساد التزامهم بالخدمة العامة وسيادة القانون. وما لم تتخيله الحكومة هو أن رؤية جديدة للوصاية البيروقراطية على الحكومة المدنية قد تنشأ.

وبرغم أن أتباع جولِن اختلفوا مع العديد من سياسات الحكومة، فإنهم كانوا إلى حد كبير يدعمون حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الثلاثة الأخيرة. وكان الجدال السياسي حول إعادة هيكلة “المدارس الخاصة الباهظة التكاليف التي تؤهل طلاب الدراسة الثانوية لاجتياز امتحانات القبول بالتعليم الجامعي” هي ما دفعهم إلى رفض الحزب تماما.

تدير حركة جولِن ربع هذه المدارس على الأقل، والتي تشكل عنصراً رئيسياً في شبكة تعليمية تابعة للحركة وتبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وتساعدها في تجنيد الأعضاء الجدد. وبالتالي فإن أعضاء الحركة كانوا ينظرون إلى الجدال الدائر حول هذه المدارس باعتباره تحدياً مباشراً لنفوذهم.

ولكن رد فعلهم لم يكن متناسبا ــ خاصة وأن خطط الحكومة لم تكن نهائية. وعلاوة على ذلك، لم يكن الاقتراح متعلقاً بحركة جولِن؛ بل كان استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الاضطرار إلى دفع رسوم باهظة لإعداد أطفالهم للالتحاق بالجامعات العامة المجانية. ولم تؤخذ حركة جولِن على حين غرة؛ فقد انخرط ممثلو هذه المدارس في حوار مع المسؤولين في وزارة التعليم لبعض الوقت.

وكما هي الحال في أي نظام ديمقراطي، فإن الانتقادات العامة لسياسات الحكومة التركية أمر طبيعي وصحي. ولكن المحاولات التي بذلها أعضاء السلك القضائي والشرطة المنحازين لحركة جولِن لابتزاز وتهديد الحكومة ومساومتها بشكل غير قانوني غير مقبولة.

والآن الأمر متروك للمحاكم لكي تستشف الحقيقة بشأن الفساد بين “الموظفين العموميين” في تركيا. ولكن كل الدلائل تشير إلى حملة سياسية منسقة من جانب أتباع جولِن، بما في ذلك كبار مدعي العموم المتورطين في قضايا الفساد الأخيرة ووسائل الأعلام الموالية لحركة جولِن التي دافعت باستماتة عن نزاهة مدعي العموم (برغم المخالفات العديدة ــ مثل عمليات التنصت المكثفة غير المرخصة قانونا ــ والتي تم الكشف عنها). فضلاً عن ذلك فإن مجموعة منسقة داخل السلطة القضائية يشتبه في إقدامها على زرع أدلة زائفة ــ وهي الادعاءات التي أدت إلى الدعوات المطالبة بإعادة محاكمة أفراد في المؤسسة العسكرية.

وهذا لا يعني بكل تأكيد أنه لم تكن هناك محاولات انقلابية من قِبَل أفراد في المؤسسة العسكرية في الماضي أو قضايا خاصة بجرائم فساد ارتكبها ساسة وبيروقراطيين. الأمر المهم هنا هو أن تركيا تحتاج إلى إصلاحات قضائية تفضي إلى إزالة احتمال نشوء عصابات منظمة تستغل سلطاتها الدستورية لتحقيق أهدافها ومصالحها الضيقة.

وهذا خط أحمر بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. فلابد أن يتمتع المواطنون الأفراد بالحرية في الحياة وفقاً لمعتقداتهم؛ ولكن لا ينبغي أن يُسمَح لرؤية عَقَدية غير خاضعة للمساءلة بتشكيل سلوكهم كموظفين مدنيين وبيروقراطيين.

وفي عموم الأمر، لابد أن يكون الجدال بشأن حركة جولِن بمثابة فرصة لتوضيح العلاقة بين الدين والسياسة، في حين يعمل على تذكير عامة الناس في تركيا ــ والبلدان ذات الأغلبية المسلمة في مختلف أنحاء المنطقة ــ بالقيم الديمقراطية الأساسية التي مكنت تركيا من التطور والازدهار.

ترجمة: أمين علي          Translated by: Amin Ali

.Copyright Project Syndicate


إرتان آيدين كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.


For additional reading on this topic please see:

Überdehnt sich die Bewegung von Fethullah Gülen?
Turkey: Has the AKP Ended Its Winning Streak?
Turkey’s “Super Election Year” 2014: Winner Still Takes All?


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.