ANKARA – La semana pasada, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan intensificó la respuesta de su gobierno a las investigaciones de corrupción que han estado agitando al país desde diciembre, mediante la reestructuración de la dirección del poder judicial y de la policía. Pero sería un error considerar esto como una lucha entre el poder ejecutivo y el poder judicial, o como un intento de encubrir los cargos que han llevado a la dimisión de tres ministros. Lo que está en discusión es la independencia y la imparcialidad de las autoridades policiales. De hecho, en medio de acusaciones de pruebas falsas, Erdoğan ahora dice que no se opone a que los oficiales militares de alto rango acusados de conspirar para derrocar a su gobierno sean sometidos a nuevos juicios.
Los recientes acontecimientos reflejan la brecha cada vez mayor entre el gobierno de Erdoğan y el movimiento Gülen, liderado por Fethullah Gülen, un predicador islámico autoexiliado que en la actualidad reside cerca de Filadelfia. El movimiento Gülen dio un apoyo importante al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), y sus esfuerzos por establecer un control civil que reemplace al militar durante los dos primeros años que AKP estuvo en el poder. Ahora, sin embargo, el movimiento parece estar planificando un golpe de Estado propio.
Muchos miembros de la judicatura y de la policía asociados a la ola de acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios de gobierno, empresarios y miembros de la familia de los políticos están conectados con el movimiento Gülen. Lo que comenzó como una investigación sobre presunta corrupción pronto se convirtió en una campaña de desprestigio apoyada por la oposición.
Las luchas actuales de Turquía plantean importantes interrogantes sobre la relación apropiada entre los burócratas y los funcionarios electos en una democracia pluralista. Responder a dichas interrogantes requerirá de un debate que trascienda temas como la separación de poderes y la independencia judicial y dilucide cuál es la relación apropiada entre la política y la religión. Por eso, es crucial comprender el contexto histórico de la actual crisis.
Cuando Turquía se convirtió en una democracia en el año 1950, las élites seculares kemalistas del sistema anterior intentaron aprovechar el poder de los militares y la burocracia para controlar al gobierno electo. De hecho, los militares turcos, con el apoyo del poder judicial, intervinieron de manera explícita en el funcionamiento del gobierno civil en los años 1960, 1971, 1980 y 1997, en cada una de estas ocasiones a nombre de proteger el secularismo.
En respuesta, varios grupos religiosos, entre ellos el movimiento Gülen, incentivaron a sus seguidores a tomar posiciones en ámbitos burocráticos y militares. En la década de 1990, los gobiernos seculares respaldados por los militares contraatacaron, tratando de purgar a los burócratas y líderes militares religiosos: se consideran de manera inmediata como sospechosos a aquellos que no consumía bebidas alcohólicas, o cuyos familiares llevaban pañuelos en la cabeza.
Con la normalización de la democracia turca tras la victoria del AKP en el año 2002, se eliminaron las restricciones a la contratación, el empleo y la promoción de los ciudadanos religiosos en las altas esferas de la burocracia – un proceso que benefició especialmente a los miembros del movimiento Gülen, con su amplia educación, medios de comunicación y redes de empresas. Los seguidores de Gülen – que decían apoyar la democracia liberal y la forma tolerante, moderna del Islam adoptada por el AKP – parecían ser los aliados naturales del gobierno de Erdoğan.
Durante una década, las empresas conectadas a Gülen jugaron un papel ampliamente reconocimiento – y apreciado – en el crecimiento económico y el desarrollo de Turquía, mientras que las escuelas del movimiento Gülen capacitaban a los estudiantes a buscar trabajos de servicio público. Siempre y cuando los burócratas se recluten y promuevan en base a méritos, el AKP no tenía ningún problema en aceptar una excesiva representación de los seguidores Gülen en ciertas ramas del gobierno.
Esta aceptación se basaba en la creencia de que los miembros de Gülen se iban a adherir a la exigencia fundamental en una democracia pluralista que dicta que los burócratas – ya sean musulmanes en Turquía, mormones en los Estados Unidos, o budistas en Japón – no permiten que sus convicciones religiosas se pongan por encima de su compromiso con el servicio público y el imperio de la ley. Lo que el gobierno no se imaginaba era que emergería una nueva visión de tutelaje burocrático sobre el gobierno civil.
Aunque los seguidores Gülen han estado en desacuerdo con varias de las políticas del gobierno, en gran medida dieron su respaldo al AKP en las tres últimas elecciones. Lo que los llevó a rechazar completamente al partido fue un debate político sobre la reestructuración de las “academias preparatorias”— costosas instituciones privadas que preparan a las personas a los graduados de las escuelas secundarias para sus exámenes de ingreso a la universidad.
El movimiento Gülen opera por lo menos una cuarta parte de estas escuelas, que forman un componente clave de la red de educación de millones de dólares del movimiento y ayuda a reclutar nuevos miembros. Los miembros del movimiento por lo tanto consideraron que el debate en torno a las academias preparatorias como un desafío directo a su influencia.
Pero su reacción fue desproporcionada – entre otras cosas debido a que los planes del gobierno no habían finalizado. Además, la propuesta no tuvo nada que ver con el movimiento Gülen; el gobierno estaba respondiendo a las quejas de los ciudadanos por tener que pagar montos extravagantes para preparar a sus hijos para que ingresen a universidades públicas gratuitas. Y el movimiento Gülen no fue capturado exactamente con la guardia baja; los representantes de las academias de preparación ya habían entablado un diálogo con los funcionarios del ministerio de educación ya hace algún tiempo atrás.
Como en cualquier democracia, la crítica pública de las políticas del gobierno de Turquía es normal y saludable. Pero los intentos de chantajear, amenazar y negociar de manera ilegal con el gobierno de los miembros del poder judicial y de la fuerza policial alineados con Gülen son inaceptables.
Ahora, corresponde a los tribunales discernir la verdad acerca de la corrupción entre los llamados “servidores públicos” de Turquía. Pero todos los indicios apuntan a una cruzada política coordinada por los seguidores Gülen, incluyendo los principales fiscales implicados en los casos recientes de corrupción y los medios de comunicación pro-Gülen que han defendido con firmeza la imparcialidad de los fiscales (a pesar de las muchas irregularidades – como extensas escuchas telefónicas no autorizadas – que han salido a la luz). Por otra parte, se sospecha que un grupo coordinado dentro del poder judicial ha plantado pruebas – acusaciones que han llevado a los llamados a que se lleven a cabo nuevos juicios para el personal militar.
Desde luego, esto no quiere decir que no hubo intentos de golpe de Estado por parte de miembros de las fuerzas armadas en el pasado o casos de corrupción de políticos y burócratas. El punto es que Turquía necesita reformas judiciales que eliminen la posibilidad de que camarillas organizadas manipulen sus poderes constitucionales para promover sus propios objetivos estrechos.
Esta es una línea roja para cualquier democracia pluralista. Los ciudadanos de manera individual deben tener la libertad de vivir de acuerdo con sus creencias; pero no se debe permitir que una visión teológica inexplicable de forma a su comportamiento como funcionarios y burócratas.
De manera más general, el debate sobre el movimiento Gülen debe servir como una oportunidad para aclarar la relación entre la religión y la política, mientras que al mismo tiempo que se recuerde al público turco – y los países de mayoría musulmana en la región – de los valores democráticos básicos que han permitido que Turquía se desarrolle y prospere.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
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Ertan Aydin es consejero sénior del primer ministro de Turquía Recep Tayyip Erdoğan.
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