La mayoría de los usuarios de Internet y grupos de medios filipinos se opusieron a la aprobación de la Ley de Delitos Informáticos (o ciberdelincuencia) de Filipinas a causa de las disposiciones que potencialmente restringen la libertad de prensa y otras libertades civiles. Pero antes de la inserción de la difamación en internet y otras modificaciones de última hora, el proyecto fue apoyado silenciosamente por muchas personas.
De hecho, sigue siendo popular entre los grupos de negocios, expertos en seguridad informática y defensores del ciberespacio seguro, incluso después de que la Corte Suprema emitiera una orden [en] para suspender su aplicación durante los próximos 120 días.
El Departamento de Justicia – el principal organismo encargado de la aplicación de la ley – insiste en que la medida es necesaria para detener el cibercrimen global [en]:
Precisamente, el propósito de la ley es proteger a nuestros ciudadanos de las acciones inescrupulosas y abusivas de los inadaptados y malintencionados en la sociedad. Vemos fraude cibernético masivo, terrorismo patrocinado por el Estado, piratería de las telecomunicaciones, estafas de tarjetas de crédito y esquemas de consumo que el Estado tiene el mandato de investigar y procesar. No hay duda que el cibercrimen es un delito mundial que requiere una respuesta inmediata y adecuada.
Según la agencia, el hackeo de sitios web del gobierno es otra razón para usar la ley contra los “delitos transnacionales organizados y los sindicatos criminales”:
El número de incidentes y la facilidad de hackeo de los sitios web del gobierno sólo muestran la vulnerabilidad del marco de las TIC en nuestro país [en] y demuestra la necesidad de una ley de cibercrimen para protegernos contra los sindicatos del crimen y la delincuencia organizada transnacional.
Sin embargo, también hizo hincapié en que el organismo se opuso [en] a la inclusión de la difamación en internet en el proyecto original:
La industria de TI sabe que desde 2007, cuando el Departamento de Justicia (DOJ) primero elaboró el proyecto consolidado de la ley de delitos informáticos, la difamación en internet nunca fue parte de ninguna de las versiones. El propósito principal de la ley era cubrir los actos cometidos con nuevas tecnologías que no estaban incluidos o no podían haber sido previsto por el Código Penal revisado o leyes penales especiales. El DOJ protegerá y defenderá la libertad de expresión en cualquiera de sus formas yendo tras la delincuencia organizada transnacional y los grupos criminales que abusan de la apertura de los medios sociales.
El portavoz presidencial Edwin Lacierda se hizo eco de los argumentos del DOJ:
La Ley de Prevención del Delito Informático fue promulgada por el Congreso para responder a las preocupaciones legítimas sobre el comportamiento criminal en Internet y los efectos de la conducta abusiva
Nos gustaría señalar por tanto, que ninguna entidad gubernamental ha privado a nadie del acceso a Internet o suprimido las libertades civiles ejercidas en internet. De hecho lo que ha ocurrido es que los hackers que dicen estar alineados con los críticos de la Ley del Ciberdelito son los que han participado en actos de vandalismo en línea, privando al público en general del acceso a la muy necesaria información del gobierno y servicios en línea.
La Asociación de Procesos de Negocios de Filipinas, la organización que agrupa a las empresas de externalización de procesos de negocio en el país, identifica las ventajas [en] de contar con una Ley de Cibercrimen:
La Ley de Prevención del Cibercrimen ayudará a mantener y mejorar la confianza de los inversores y fortalecer nuestra posición como uno de los mejores lugares del mundo para los servicios TI-BPO (Tecnologías de Información – Externalización de Procesos de Negocios) de alto valor.
La Ley de Prevención del Cibercrimen tiene por objeto proporcionar los recursos y el marco legal para identificar, prevenir, e imponer un castigo por delitos hechos en Internet y proteger la información de los usuarios en internet de los recolectores de datos no autorizados. Dado que las empresas TI-BPO utilizan Internet y la tecnología informática como el canal principal para los procesos de comunicación, la industria se beneficiará de disposiciones relativas a la protección del sistema y datos, la seguridad del dispositivo, y las sanciones por delitos relacionados con la informática.
La externalización se promociona como una industria exitosa de las Filipinas. Emplea a más de medio millón de trabajadores jóvenes y contribuye con cerca de $13 mil millones a la economía local.
Los Usuarios de Internet Responsables por el Fortalecimiento Social (Cyber RISE) llaman [en] a la aplicación de la ley [fil]:
Es triste que la ley que pretende frenar las malas acciones en las redes sociales hoy en día es el centro de los ataques de los grupos que dicen que los derechos humanos van a ser violados.
Dele una oportunidad a la aplicación de la ley para darse cuenta de su intención positiva. Hace tiempo que se pedía una ley fuerte para detener a los “ciberdelincuentes”.
Incluso el senador Teofisto Guingona III, el único senador que votó en contra de la ley, reconoce la necesidad[en] de contar con una Ley de Cibercrimen:
Una Ley de Prevención del Delito Cibernético es necesaria, pero no debe ser opresiva.
La Ley de la República 10175 es opresiva y peligrosa. Sataniza al usuario de la computadora y extiende sus tentáculos a la libertad de expresión y de palabra del usuario de la computadora. En una época en que la despenalización de la difamación es la tendencia, esta ley da un fatal paso hacia atrás, hacia la bóveda de las políticas arcaicas que no pueden ser aplicables al hombre moderno que opera en un mundo moderno.
Permítanme señalar el hecho de que necesitamos una Ley de Prevención de Delito Cibernético. A excepción de ciertas disposiciones problemáticas, esta ley es necesaria.
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Ambiguous Definitions in the Cyber Domain: Costs, Risks and the Way Forward
The International Regulation and Governance of the Internet
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