Shlomo Ben Ami

MADRID – La relación entre paz y justicia es desde hace mucho tiempo tema de un arduo y conflictivo debate. Algunos dicen que el afán de justicia puede ser un obstáculo en la búsqueda de soluciones a los conflictos, mientras que otros (entre quienes se cuenta Fatou Bensouda, fiscal general del Tribunal Penal Internacional) afirman que la justicia es una precondición de la paz. Esta cuestión debería ser objeto de una cuidadosa consideración de parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en momentos en que dirige las conversaciones de paz más prometedoras que haya habido en su país, tras cinco décadas de conflicto brutal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un modelo ideal de aplicación de justicia post-conflicto puede hallarse en los juicios de Núremberg, celebrados tras la rendición incondicional de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se trata de conflictos que terminan sin vencedores ni vencidos, la tarea del pacificador es mucho más compleja, ya que en estos casos, lo que está en juego puede obligar a elegir entre la reconciliación y la búsqueda de responsabilidades.

De 1945 a esta parte, la historia nos muestra más de 500 casos de transiciones post‑conflicto que incluyeron una amnistía; y desde los años setenta, al menos catorce países (entre ellos España, Mozambique y Brasil) otorgaron amnistías a regímenes culpables de graves violaciones a los derechos humanos. En Sudáfrica, la amnistía fue un elemento clave del proceso de “verdad y reconciliación” que hizo posible poner fin a más de cuatro décadas de gobierno de la minoría blanca y lograr una transición pacífica hacia la democracia.

Puede citarse también lo ocurrido en 2003, cuando el presidente de Nigeria ofreció asilo a su homólogo de Liberia, Charles Taylor, con la condición de que este se retirara de la política, medida que contribuyó a poner fin a la rebelión en su contra. (En este caso, la justicia llegó, pero más tarde: en 2012, el TPI halló a Taylor culpable de 11 cargos de complicidad con crímenes de guerra en Sierra Leona; fue la primera vez después de Núremberg que un tribunal internacional condenó a un ex jefe de estado por esa clase de crímenes.)

Claro que ofrecer una vía de escape a criminales de guerra y violadores de los derechos humanos puede ser doloroso, pero a veces la posibilidad de terminar el sufrimiento de la población civil puede más que una búsqueda principista de justicia. ¿Quién se opondría hoy a una amnistía al presidente de Siria, Bashar Al Assad, si esta sirviera para terminar la brutal guerra civil que ya causó más de 100.000 muertes y creó casi dos millones de refugiados (entre ellos, un millón de niños) en apenas dos años?

Tal es, precisamente, el dilema al que se enfrenta ahora Santos. Las infinitas atrocidades cometidas por las FARC hacen difícil de aceptar la idea de dejarlas sin castigo. Pero a nadie beneficia prolongar un conflicto que ya produjo más de 200.000 muertes y alrededor de cinco millones de desplazados.

El motivo original del conflicto en Colombia quedó resuelto con el reciente logro de un acuerdo de reforma agraria, de modo que ahora la cuestión de la justicia transicional será lo que determine el éxito del proceso de paz. Si conferir impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad (por más moralmente reprobables que sean) puede servir para poner fin al conflicto y proteger de daño a las posibles víctimas futuras, tal vez dicho resultado justifique sacrificar el objetivo de justicia plena para las víctimas pasadas.

En vez de lanzarse a vencer a los insurgentes como fuera, Santos eligió el camino políticamente más difícil: la búsqueda de un acuerdo negociado. Esto es señal de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger de más violencia a las comunidades rurales que tanto la han sufrido.

Y Santos no sería tampoco el primer jefe de estado que renuncie a pedir castigo a los culpables. En 2003, Estados Unidos y la Unión Europea dieron su conformidad al acuerdo que terminó formalmente la guerra civil en la República Democrática del Congo (que ya se había cobrado casi cuatro millones de vidas), aunque el arreglo no incluía ninguna disposición respecto de los responsables de crímenes de guerra. Lo mismo puede decirse del Acuerdo Integral de Paz firmado en Sudán en 2005, que puso fin a 22 años de guerra civil en la que murieron más de dos millones de personas.

En estos casos (y lo mismo vale para Colombia hoy) no era viable aplicar una idea fundamentalista de justicia transicional; más bien, había que hacer justicia de acuerdo con las condiciones políticas concretas que hicieron posible la transición. Después de todo, la justicia transicional no es un asunto estrictamente judicial, sino que es, en esencia, una solución política, un contrato histórico de reconciliación nacional.

Puede ocurrir que el complejo contexto político de Colombia obligue a Santos a buscar fórmulas alternativas para conciliar la paz con la justicia; por ejemplo: reducción de penas, condenas a labores comunitarias, veredictos condicionales o asilo en otros países. Pero todas estas opciones (y mucho más una amnistía) deben estar supeditadas a que los insurgentes desmovilizados cooperen plenamente con los tribunales (lo cual incluye confesar todos los crímenes cometidos).

Siguiendo este razonamiento, el líder de las FARC, Pablo Catatumbo, reconoció que las guerrillas provocaron “dolor” y ejercieron “crueldad”, y pidió una amnistía general que incluya tanto las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FARC como las debidas a las fuerzas de seguridad estatales. Además, insistió en que un prerrequisito para la paz y la reconciliación nacional es que se identifique y compense a las víctimas.

Cuando está en juego la solución de un conflicto, pensar solamente en castigar a los culpables suele ser mala decisión. El arzobispo Desmond Tutu, líder de la transición democrática sudafricana, describió una alternativa (la justicia restauradora) que hace hincapié en “crear puentes, reconstruir equilibrios perdidos y restaurar relaciones”. Esta idea de justicia, constructiva y orientada al futuro, también puede ayudar a Santos a garantizar el futuro pacífico y seguro que los colombianos se merecen.

Traducción: Esteban Flamini

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Shlomo Ben-Ami, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y autor del libro Cicatrices de guerra, heridas de paz: la tragedia árabe-israelí.

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MADRID – La relation entre la paix et la justice est depuis longtemps le sujet de débats polarisés. Certains font valoir l’argument que la poursuite de la justice retarde les efforts de résolution de conflits, tandis que d’autres – dont Fatou Bensouda, la procureure en chef de la Cour pénale internationale (CPI)– déclarent que la justice est une condition préalable à la paix. À titre de président de Colombie, Juan Manuel Santos dirige les pourparlers de paix des plus prometteurs après avoir traversé les cinq dernières décennies de conflits brutaux contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), il devra aborder cette question avec doigté.

Le procès de Nuremberg, qui a suivi la reddition inconditionnelle de l’Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale, fournit un modèle idéal de justice après un conflit. Toutefois, dans des conflits où aucune faction n’a été défaite, la tâche des artisans de la paix devient beaucoup plus ardue. Étant donné les enjeux, une position mitoyenne entre la réconciliation et la responsabilité criminelle est peut-être inévitable.

Depuis1945, plus de 500 cas d’amnistie dans des transitions après les conflits ont été recensés ; depuis les années 1970, au moins 14 États – dont l’Espagne, le Mozambique et le Brésil – ont accordé l’amnistie à des régimes coupables de graves violations des droits de l’homme. En Afrique du Sud, l’amnistie a été un élément déterminant du processus de « vérité et de réconciliation » qui a facilité la transition pacifique vers la démocratie après plus de quatre décennies de domination politique de la minorité blanche.

De même, en 2003, le président du Nigeria a donné asile à son homologue libérien, Charles Taylor, à condition qu’il se retire de la politique, contribuant ainsi à la fin de l’insurrection qui l’a combattu. (Dans ce cas précis, justice a été rendue ; en 2012, par le procès de la CPI qui a condamné Taylor pour 11 accusations de complicité dans des crimes de guerre en Sierra Leone, faisant de lui le premier ancien chef d’État à être condamné pour de tels crimes par un tribunal international depuis Nuremberg.)

Même s’il est sans doute pénible d’offrir une issue de secours à des criminels de guerre et à des auteurs de violation contre les droits de la personne, la perspective de mettre fin aux souffrances des populations civiles peut prendre préséance sur une position de principe pour la justice. Qui aujourd’hui, voudrait s’opposer à l’amnistie du président syrien Bashar el-Assad si ceci permettait d’arrêter la guerre civile sanglante où 100 000 personnes ont perdu la vie et près de deux millions ont grossi les rangs des réfugiés (y compris d’un million d’enfants) en seulement deux années?

C’est précisément le dilemme dans lequel Santos se trouve. Après toutes les innombrables atrocités commises par les FARC, il est difficile d’envisager et d’accepter la suspension des peines. Il n’est pourtant dans l’intérêt de personne de prolonger un conflit qui a déjà causé plus de 200 000 décès et déplacé près de cinq millions de personnes.

L’accord récent de la Colombie sur la réforme agraire ayant enlevé la cause principale de l’insurrection, la question d’une justice de transition est devenue un facteur déterminant du succès possible du processus de paix. Si l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité, aussi odieuse qu’elle soit moralement, pouvait empêcher de faire de nouvelles victimes en mettant un terme au conflit, le fait d’accepter un tel dénouement pourrait valoir le sacrifice d’une pleine justice aux victimes du passé.

Plutôt que de lancer une campagne sans merci pour annihiler les insurgés, Santos a poursuivi un cheminement politiquement ambitieux : un accord négocié. Ceci laisse entendre une volonté de faire tout ce qu’il faut pour empêcher que les communautés rurales durement éprouvées continuent à subir d’autres actes de violence.

Santos ne serait évidemment pas le seul chef d’État à détourner le regard sur des questions de responsabilité criminelle. En 2003, les États-Unis et l’Union européenne ont donné leur aval à un accord mettant fin officiellement à la guerre civile dans la République démocratique du Congo, qui a fauché quatre millions de vies, même si l’entente ne comportait aucune disposition pour poursuivre les criminels de guerre. Ce fut également le cas de l’Accord de paix global du Soudan en 2005 qui a mis fin à une guerre civile de 22 ans qui a entraîné plus de deux millions de décès.

Dans ces dossiers, comme celui de la Colombie aujourd’hui, une attitude fondamentaliste envers la justice transitionnelle n’était pas envisageable. La justice a plutôt été rendue en fonction de conditions politiques particulières qui a permis la transition. Après tout, la justice transitionnelle est essentiellement une solution politique, un contrat historique de réconciliation nationale, et non une question strictement judiciaire.

Pour que Santos puisse trouver le juste équilibre entre la paix et la justice dans un contexte de politique intérieure complexe, il devra probablement trouver d’autres formules, comme des réductions de peines, des peines passées à rendre des services à la communauté, des jugements conditionnels ou l’exil dans des pays tiers. Mais toutes ces options, a fortiori l’amnistie, ne devraient être envisagées que si les insurgés, censés rendre les armes, coopèrent pleinement avec les tribunaux, notamment en avouant tous leurs crimes.

Selon cette même logique, Pablo Catatumbo, le dirigeant des FARC, a reconnu « les souffrances et les actes de cruauté » perpétrés par les guérilleros et a demandé une grâce collective couvrant les violations des droits de l’homme commises tant par les FARC que par les forces de l’ordre. Il a également fait la demande expresse que les victimes soient identifiées et indemnisées comme condition préalable à la paix et à la réconciliation nationale.

Lorsqu’il s’agit de résoudre un conflit, la recherche implacable de vengeance est souvent la pire des options. L’archevêque Desmond Tutu, un de ceux qui a guidé la transition démocratique de l’Afrique du Sud, a décrit une alternative – la justice réparatrice – qui se préoccupe surtout « d’apaiser les blessures causées par les violations des droits de la personne, de corriger des inégalités [et] de retisser les liens brisés ». En gardant à l’esprit cette vision constructive et confiante en l’avenir de la justice, Santos, pourra lui aussi, réussir son pari, assurant ainsi l’avenir paisible et sûr que les Colombiens méritent.

Traduit de l’anglais par Pierre Castegnier

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Shlomo Ben-Ami, ex-ministre des Affaires étrangères d’Israël est vice-président du Centre international de Toledo pour la paix, et l’auteur de Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy (Cicatrices de guerre, blessures de paix : la tragédie israélo-arabe).

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MADRID – « Comme il est difficile de mourir ! » aurait déclaré Francisco Franco sur son lit de mort. La mort est semble-t-il toujours particulièrement difficile à gérer pour les autocrates, même lorsqu’ils meurent de causes naturelles.

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MADRID – “¡Que difícil es morir!”, cuentan que exclamó Francisco Franco en su lecho de muerte. Parece que la muerte resulta particularmente difícil a los autócratas, hasta cuando logran morir de causas naturales.

La agonía de un dictador es siempre una forma de teatro, en la que aparecen unas masas alborozadas, posibles sucesores que luchan por la supervivencia política y, entre bastidores, la camarilla del dictador empeñada en mantener la vida de su patriarca hasta que pueda asegurar sus privilegios. El yerno de Franco, que era también el médico de la familia, mantuvo al déspota agonizante con vida mediante  aparatos durante más de un mes.

No está del todo claro cuánto tiempo estuvo realmente muerto el venezolano Hugo Chávez antes de que se anunciara oficialmente su fallecimiento. Para ganar tiempo a fin de asegurar su futuro político, los funcionarios venezolanos dirigieron cuidadosamente la representación de la enfermedad y la posterior muerte de Chávez, sugiriendo incluso cerca del final, mientras recibía tratamientos contra su complejo cáncer terminal, que seguía “caminando y haciendo ejercicio”. El vacío informativo recordó al secretismo que rodeó las muertes de Stalin y Mao y la costumbre en el imperio Otomano de mantener secreta durante semanas la muerte del sultán hasta que se hubiera decidido su sucesión.

La manipulación emocional de la puesta en escena que rodeó la muerte de Chávez parece haberse plasmado con seguridad en el apoyo electoral para su gris sucesor, Nicolás Maduro, pero, ¿bastará para crear un linaje chavista?

En la Argentina, pese al desastre del regreso de Juan Domingo Perón en 1973, tras un exilio de dieciocho años, el peronismo se reencarnó en la presidencia de Carlos Saúl Menem en el decenio de 1980 y de nuevo con la llegada del Presidente Néstor Kirchner y, posteriormente, de su esposa, la Presidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner. Los melodramáticos discursos de Fernández son un intento transparente de elevar a su difunto esposo a los altares, así como Perón elevó a su esposa, Evita, a la santidad. Al tomar posesión de su cargo, juró lealtad no sólo a la Constitución, sino también a “Él” (Kirchner).

A diferencia de los simples mortales, los dictadores tienen una buena oportunidad de gozar de vida después de la muerte. En el antiguo Egipto, lo faraones fallecidos eran embalsamados y deificados. Después de Augusto, el primer princeps romano, el Senado podía votar la condición divina de los emperadores fallecidos. Semejante apoteosis servía, naturalmente, a los intereses políticos de los sucesores del emperador, que podían alegar un linaje divino y al tiempo aspirar a ser elevados a la condición divina, a su vez.

Chávez sobresalió en la ridiculización de sus enemigos políticos, pero era demasiado narcisista para aproximarse al fin con el tipo de humor que, según Suetonio, inspiró al emperador Vaspasiano la broma en su lecho de muerte: “¡Madre mía! Debo de estar convirtiéndome en Dios”. La grotesca idea de embalsamar el cadáver de Chávez fue desechada al final precisamente por el deterioro que había sufrido durante su exposición ante las masas en una caótica operación de manipulación política.

Un dios, desde luego que no, pero un santo, tal vez. De hecho, lo que fue bueno para “Santa Evita”, como el escritor argentino Tomás Eloy Martínez la llamó, podría serlo para Chávez. Como el tirano agonizante en El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, que hipócritamente lamentaba el destino de los pobres después de su fallecimiento, Chávez seguirá siendo durante años el santo benefactor, mártir y redentor de los indigentes para la masas venezolanas. De hecho, es probable que alcance el tipo de inmortalidad que siempre creyó merecer.

Parte de la leyenda es casi invariablemente el misterio que rodea las circunstancias de la muerte del caudillo. Una muerte corriente, natural, no concuerda con la imagen de superhéroe del patriarca que lucha contra los enemigos de la nación. La teoría conspiratoria de Maduro de que el cáncer de su mentor fue consecuencia de un envenenamiento por “las fuerzas obscuras que querían eliminarlo” no es particularmente original, aunque, desde luego, eleva el listón. El propio Chávez sostuvo que su ídolo, Simón Bolívar, fue envenenado por sus enemigos en Colombia en 1830.

La Historia, más imaginaria que real, ofrece a Maduro decenas de otros ejemplos. ¿Fue Napoleón envenenado lentamente con arsénico durante su exilio en Santa Helena? ¿Murió Lenin de sífilis, de un derrame cerebral o envenenado por Stalin? Dadas las extrañas circunstancias de la muerte de Stalin, ¿fue envenenado por el jefe de su policía secreta, Laurentiy Beria, o tal vez por su archienemigo, Josip Broz Tito de Yugoslavia? ¿Sufrió el “Amado Caudillo” Kim Jong-il un ataque al corazón en la cama o, más noblemente, en un viaje en tren, mientras trabajaba por su amado pueblo? Las acusaciones de envenenamiento por los malvados imperialistas son, naturalmente, un elemento de la historia oficial de la muerte de Kim.

El propio Maduro invocó el rumor de que los israelíes envenenaron al ex Presidente palestino Yaser Arafat. Igual podría haberse referido a Gamal Abdel Nasser, quien cayó muerto de un ataque al corazón en 1970; el confidente de Nasser, el periodista Mohamed Hassanein Heikal, siempre sostuvo que el Presidente había sido envenenado por su Vicepresidente y sucesor, Anwar El Sadat.

Aunque la leyenda de Chávez puede sobrevivir, el chavismo probablemente no, pues no es una doctrina de verdad, sino un sentimiento basado en el rechazo del antiguo orden político y la invención de los enemigos. Carece de los sólidos fundamentos del peronismo, pongamos por caso, movimiento integrador que se basaba en una clase obrera tradicionalmente bien organizada y una burguesía nacionalista. El chavismo, aparte de su dependencia del caudillaje carismático, nunca ha sido otra cosa que un programa social combinado con un auge del petróleo.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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