El renacimiento político paquistaní

General Raheel Sharif, Chief of Army Staff of Pakistan

LAHORE – Las instituciones paquistaníes están evolucionando rápidamente. Ahora que la autoridad ejecutiva se concentra cada vez más en manos de representantes electos en vez de estar dispersa entre varias instituciones que compiten entre sí, la clase dirigente política se ha revitalizado y ha dado tres pasos importantes para fortalecer la democracia y el imperio de la ley. Pakistán, un país con una larga tradición de golpes militares, ¿está desarrollando finalmente un sistema político con buen funcionamiento?

El 27 de noviembre, el presidente paquistaní Mamnoon Hussain –según el consejo del primer ministro, como lo dicta la constitución– anunció que el General Raheel Sharif sucedería al General Ashfaq Parvez Kayani como jefe militar del Estado Mayor, aun cuando Sharif no se contaba entre los candidatos preferidos por el establishment. A diferencia de Kayani –quien dirigió el Directorado General de Operaciones Militares y la Inteligencia Interservicios (la agencia de inteligencia paquistaní) – Sharif no ocupó ninguno de los puestos que habitualmente preparan a alguien para conducir la institución mejor financiada y más influyente de Pakistán.

Este no fue el primer acto del primer ministro Nawaz Sharif en desafío contra los militares. Unos pocos días antes, pidió a la Corte Suprema que designara un tribunal especial de tres jueces para investigar los cargos de traición contra el expresidente paquistaní, el General Pervez Musharraf, por imponer el estado de excepción y suspender la constitución en noviembre de 2007.

La decisión, que según Musharraf procuró estabilizar al país y poner freno a la oleada de extremismo islámico, facilitó la remoción de docenas de jueces de alto rango de la Corte Suprema y los altos tribunales provinciales –incluido el presidente del tribunal Iftikhar Muhammad Chaudhry, el juez con mayor rango en Pakistán.

La suspensión de Chaudhry en marzo de ese año, luego de negarse a ceder ante la presión gubernamental para renunciar, incitó incesantes protestas en la comunidad legal paquistaní y lo convirtió en un símbolo del deseo del pueblo de un sistema judicial más justo e independiente. De alguna manera, este movimiento, que contribuyó a la derrota electoral de Musharraf el siguiente febrero, y el regreso de la democracia a Pakistán, prefiguró las revoluciones de 2010-2011 en Túnez y Egipto que encendieron la chispa de la primavera árabe.

Musharraf será juzgado según el artículo seis de la constitución paquistaní, según el cual «toda persona que abrogue, subvierta o deje en suspenso […] la Constitución mediante el uso o la amenaza de la fuerza, o por cualquier medio inconstitucional, será culpable de alta traición». El parlamento ha definido la alta traición como un delito castigable con la pena de muerte.

Al nombrar un tribunal especial para el juicio de Musharraf, el gobierno de Sharif está enviando una fuerte señal a los militares –en especial a sus comandantes de mayor rango– para indicarles que no están por encima de la ley. Este mensaje es especialmente importante ahora, si se consideran las dudas sobre la voluntad del gobierno que surgen de su decisión de junio pasado para dejar caer los cargos de alta traición contra Musharraf por conducir, mientras era comandante en jefe del ejército, el golpe de 1999 contra el gobierno electo, conducido por el propio Sharif.

La tercera acción del gobierno paquistaní para doblegar a los militares fue el anuncio de que el juez Tassaduq Hussain Jillani –el segundo juez más joven de la Corte Suprema– sucederá a Chaudhry, quien fue reincorporado en 2009, después de su retiro obligatorio este año. (Jillani ocupará el cargo durante solo siete meses antes de jubilarse él también). Al establecer la regla de antigüedad para la designación más importante en la Corte Suprema, Sharif despolitizó el proceso.

Estas tres acciones prometen, finalmente, garantizar el control civil de los militares y la independencia judicial. Esto daría a Pakistán una base política más sólida respecto de muchos otros grandes países musulmanes actualmente involucrados en esfuerzos similares –aunque mucho menos exitosos– para instituir una gobernanza más responsable.

Por ejemplo, en Bangladesh, el ejecutivo –es decir, la primera ministro Sheikh Hasina y su gobierno de la Liga Awami– buscan monopolizar el poder político. El poder judicial ya se ocupa de los deseos del ejecutivo; si los planes actuales tienen éxito, el partido dominante pronto controlará también la legislatura.

Si bien los militares bangladesíes observan el desarrollo de los eventos con cierta aprehensión, carecen de voluntad para instalar un gobierno provisional, como en 2007, cuando llevaron la paz y la estabilidad al país al establecer una administración tecnocrática no partidista. Desafortunadamente, a diferencia de las acciones de Sharif en Pakistán, este esfuerzo no impulsó el desarrollo de un orden político más estable.

En Egipto, los partidarios del presidente democráticamente electo Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, aún luchan contra el ejército y las fuerzas de seguridad que lo destituyeron en julio. Mientras la oposición liberal parece incapaz de crear una organización política que pueda desafiar a los Hermanos en un marco reconocido –y, de hecho, muestra en gran medida apoyo al golpe militar– la suerte de Egipto se decide cada vez más en la calle. Incluso en Turquía, donde el imperio de la ley es relativamente fuerte y la constitución está bien establecida, la oposición no ha logrado organizar un partido político creíble con amplio apoyo del pueblo.

Gracias a los esfuerzos del gobierno de Sharif, Pakistán cuenta ahora con partidos políticos razonablemente bien desarrollados, que compiten en elecciones programadas regularmente; un sistema judicial autónomo, capaz de defender la constitución; y militares que parecen haber aceptado el control civil. Después de casi siete décadas de tumulto, Pakistán puede pronto llegar a funcionar como un modelo para otros grandes países musulmanes.

Traducción al español por Leopoldo Gurman.

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Shahid Javed Burki, exministro de finanzas de Pakistán y vicepresidente del Banco Mundial, actualmente es presidente del Instituto de políticas públicas en Lahore.


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La renaissance politique du Pakistan

General Raheel Sharif, Chief of Army Staff of Pakistan

LAHORE – Les institutions pakistanaises se transforment rapidement. Maintenant que le pouvoir exécutif est de plus en plus aux mains de représentants élus, au lieu d’être dispersé entre diverses institutions qui se font concurrence,  le pouvoir politique a été régénéré et le gouvernement a pris trois mesures importantes pour renforcer la démocratie et l’État de droit. Le Pakistan, longtemps enclin aux coups d’État militaires, est-il enfin sur le point de se doter d’un système politique efficient ?

Le 27 novembre, le président pakistanais Mamnoon Hussain – agissant sur conseil du Premier ministre, comme le prévoit la constitution – a annoncé que le général Raheel Sharif succédera au général Ashfaq Parvez Kayani comme chef d’État-major de l’armée, bien que Sharif ne figurait pas au nombre des favoris de l’establishment militaire. Contrairement à Kayani – qui a dirigé les services de renseignement pakistanais (ISI) – Sharif n’a occupé aucune des fonctions qui préparent traditionnellement à diriger l’institution la mieux financée et la plus influente du Pakistan.

Ce n’est pas le premier geste de défi du Premier ministre Nawaz Sharif envers le pouvoir militaire. Quelques jours auparavant, il avait demandé à la Cour suprême de nommer un tribunal spécial de trois juges pour enquêter sur l’accusation de trahison pesant sur l’ancien président pakistanais, le général Pervez Musharraf, pour avoir imposé l’état d’urgence et suspendu la constitution en novembre 2007.

Cette décision, qui d’après Musharraf avait pour objectif de stabiliser le pays et d’enrayer la progression des extrémistes islamistes, s’est accompagnée de la révocation de dizaines de juges des Hautes Cours provinciales et de la Cour suprême, dont son président Ifthikhar Muhammad Chaudry.

La suspension de Chaudry en mars 2007, à la suite de son refus de céder aux pressions du gouvernement pour qu’il démissionne, a donné lieu à un mouvement populaire de contestation lancé par les avocats et les juges du Pakistan et en a fait un symbole de la revendication de la population pour un système judiciaire plus juste et indépendant. D’une certaine manière, ce mouvement, qui a contribué à la défaite électorale de Musharraf en février 2008 et au retour à la démocratie, a préfiguré les révolutions de 2010 et 2011 en Tunisie et en Égypte qui ont initié le printemps arabe.

Musharraf sera traduit en justice en vertu de l’article 6 de la constitution du Pakistan qui dit que « toute personne qui abroge, enfreint, ou suspend … la constitution par l’usage ou la démonstration de la force ou par tout autre moyen anticonstitutionnel sera coupable de haute trahison ». Le Parlement a défini la haute trahison comme un crime passible de la peine de mort.

En nommant un tribunal spécial pour juger Musharraf, le gouvernement Sharif envoie un message clair aux forces armées – et en particulier aux hauts-gradés – disant qu’ils ne sont pas au-dessus des lois. Ce message prend toute son importance aujourd’hui en raison des doutes concernant la détermination du gouvernement, doutes liés à l’abandon de l’accusation de haute trahison contre Musharraf pour avoir mené le coup d’État en 1999, alors qu’il était chef des armées, contre le gouvernement élu, dirigé par nul autre que Sharif.

La troisième mesure du gouvernement pour mettre les forces armées au pas a été l’annonce de la nomination du juge Tassaduq Hussain Jillani, le deuxième juge par l’ancienneté de la Cour suprême, à la succession de Chaudry, qui après avoir été rétabli dans ses prérogatives en 2009, doit aujourd’hui partir en retraite. (Jillani ne servira que sept mois avant de devoir lui aussi partir en retraite). En établissant la règle d’ancienneté pour la nomination à la fonction la plus élevée de la Cour suprême, Sharif a dépolitisé le processus.

Ces trois mesures devraient, enfin, établir le contrôle du pouvoir civil sur le pouvoir militaire et garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire. Elles devraient également placer le Pakistan dans une situation politique plus stable que celle de plusieurs autres grands pays musulmans qui mettent aujourd’hui  en œuvre des efforts similaires – mais moins couronnés de succès – pour instituer une gestion plus responsable des affaires publiques.

Au Bangladesh par exemple, l’exécutif, à savoir la première ministre Sheikh Hasina et son gouvernement de la Ligue Awami, tente de monopoliser le pouvoir politique. Le système judiciaire est déjà asservi à l’exécutif ; si leurs projets aboutissent, le pouvoir législatif leur sera également soumis.

Si les forces armées bangladaises suivent l’évolution de la situation avec une certaine appréhension, elles n’ont pas la volonté d’installer un gouvernement de transition comme en 2007, lorsque l’armée a apporté la paix et la stabilité au pays en mettant en place une administration technocratique non partisane. Malheureusement, cette tentative, contrairement aux mesures de Sharif au Pakistan, n’a pas stimulé l’essor d’un ordre politique plus stable.

En Égypte, les partisans de Mohamed Morsi, du mouvement des Frères musulmans, continuent à s’opposer dans des combats de rue aux forces de sécurité et à l’armée, qui a déposé le président démocratiquement élu en juillet dernier. L’incapacité de l’opposition libérale à créer une organisation politique capable d’affronter les Frères musulmans dans un cadre reconnu – et son soutien de fait au coup d’État militaire – ont créé une situation où le sort de l’Égypte se décide de plus en plus dans la rue. Même en Turquie, pourtant dotée d’un État de droit et d’une constitution relativement bien établis, l’opposition a échoué à mettre sur pied un parti politique crédible bénéficiant d’un fort soutien populaire.

Grâce aux effort du gouvernement Sharif, le Pakistan compte aujourd’hui des partis politiques dignes de ce nom qui s’affrontent lors d’élections régulièrement programmées, un système judiciaire indépendant capable de défendre la constitution, et un appareil militaire qui semble avoir accepté d’être sous le contrôle du pouvoir civil. Après quelques sept décennies de troubles, le Pakistan pourrait sous peu servir de modèle à d’autres grands pays musulmans.

Traduit de l’anglais par Julia Gallin

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Shahid Javed Burki, ancien ministre des Finances du Pakistan et ancien vice-président de la Banque mondiale, est actuellement président de l’Institut d’administration publique de Lahore.


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نهضة باكستان السياسية

General Raheel Sharif, Chief of Army Staff of Pakistan

لاهور ــ إن المؤسسات الباكستانية تتطور بسرعة. فمع انتقال السلطة التنفيذية على نحو متزايد إلى أيدي ممثلين منتخبين، بدلاً من تفرقها بين مؤسسات متنافسة مختلفة، تجدد شباب المؤسسة السياسية ــ وقد اتخذت ثلاث خطوات مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. تُرى هل بدأت باكستان، الدولة التي ابتليت طويلاً بالانقلابات العسكرية، تطور أخيراً نظاماً سياسياً عاملاً بشكل جيد؟

في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس الباكستاني ممنون حسين ــ بناء على مشورة رئيس الوزراء وكما يملي الدستور ــ أن الجنرال رحيل شريف سوف يخلف الجنرال أشفق برويز كياني رئيساً لأركان الجيش، حتى برغم أن شريف لم يكن بين المرشحين المفضلين لدى المؤسسة العسكرية. وعلى النقيض من كياني ــ الذي تولى إدارة المديرية العامة للعمليات العسكرية والخدمات الاستخباراتية (وكالة التجسس الباكستانية) ــ لم يخدم شريف في أيٍ من المناصب التي تجهز المرشح عادة لقيادة المؤسسة الأفضل تمويلاً والأكثر نفوذاً في باكستان.

ولم يكن هذا أول قرار يتحدى به رئيس الوزراء نواز شريف المؤسسة العسكرية. فقبل أيام فقط، قرر إقالة هيئة المحكمة العليا وتعيين محكمة خاصة تتألف من ثلاثة قضاة للتحقيق في اتهامات بالخيانة موجهة إلى رئيس باكستان السابق الجنرال برويز مشرف، بسبب قراره بفرض الحكم العسكري الطارئ وتعليق الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وقد ساعد هذا القرار، الذي ادعى مشرف أنه كان المقصود منه تثبيت استقرار البلاد ووقف مد التطرف الإسلامي، في إزاحة العشرات من كبار القضاة من المحكمة العليا والمحاكم العليا الإقليمية ــ بما في ذلك رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري، القاضي الأعلى رتبة في باكستان.

كان إيقاف شودري عن العمل في مارس/آذار من العام السابق، في أعقاب رفضه الرضوخ للضغوط الحكومية لحمله على الاستقالة، سبباً في إثارة احتجاجات عارمة من قِبَل المجتمع القانوني في باكستان، كما عمل على تحويله إلى رمز لرغبة الشعب في نظام قضائي أكثر عدالة. والواقع أن هذا التحرك، الذي ساهم في هزيمة مشرف الانتخابية في فبراير/شباط التالي وعودة الديمقراطية إلى باكستان، استبق ثورات 2010-2011 في تونس ومصر والتي أشعلت شرارة الربيع العربي.

وسوف يحاكم مشرف بموجب المادة السادسة من الدستور الباكستاني، والتي تقضي بأن “أي شخص يبطل أو يفسد أو يعلق أو يعطل مؤقتاً الدستور باستخدام القوة أو استعراض القوة أو بأي وسيلة غير دستورية أخرى يُعَد مذنباً بارتكاب جريمة الخيانة العظمى”. وقد حدد البرلمان الخيانة العظمى باعتبارها جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وبتعيين محكمة خاصة لمحاكمة مشرف، ترسل حكومة شريف إشارة قوية إلى المؤسسة العسكرية ــ وخاصة كبار قادتها ــ بأنهم ليسوا فوق القانون. وتشكل هذه الرسالة أهمية خاصة الآن، نظراً للشكوك المحيطة بعزم الحكومة النابع من قرارها في يونيو/حزيران الماضي بإسقاط تهمة الخيانة العظمى التي وجهت إلى مشرف بسبب قيادة انقلاب عام 1999 أثناء شغله لمنصب رئيس أركان الجيش ضد الحكومة المنتخبة والتي كان يتولى رئاستها آنذاك شريف ذاته.

وكان تحرك الحكومة الباكستانية الثالث لترويض المؤسسة العسكرية الإعلان عن أن القاضي تصديق حسين جيلاني، ثاني أقدم قاض في المحكمة العليا، سوف يخلف شودري، الذي أعيد تنصيبه في عام 2009 بعد تقاعده الإلزامي هذا العام. (سوف يخدم جيلاني سبعة أشهر فقط قبل أن يتقاعد هو أيضا). ومن خلال إرساء قاعدة الأقدمية في تعيين قضاة المحكمة العليا الأكثر أهمية، فإن شريف يضفي الطابع السياسي على العملية.

وتَعِد هذه التحركات الثلاثة أخيراً بترسيخ السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية وضمان استقلال القضاء. وهذا من شأنه أن يضع باكستان على مسار سياسي أكثر صحة مقارنة بالعديد من البلدان الإسلامية الكبيرة الأخرى، والتي تنهمك حالياً في جهود مماثلة ــ ولكنها أقل نجاحاً إلى حد كبير ــ لإقامة حكم أكثر خضوعاً للمساءلة.

على سبيل المثال، في بنجلاديش تحاول السلطة التنفيذية ــ وبالتحديد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحكومتها من حزب رابطة عوامي ــ احتكار السلطة السياسية. وبتقوم السلطة القضائية بالفعل بتلبية طلبات السلطة التنفيذية؛ وإذا نجحت الخطط الحالية فإن الحزب الحاكم سوف يهيمن قريباً على السلطة التشريعية أيضا.

ورغم أن المؤسسة العسكرية تراقب الأحداث ببعض التوجس، فإنها تفتقر إلى الإرادة اللازمة لتنصيب حكومة انتقالية، كما فعلت في عام 2007، عندما جلبت السلام والاستقرار إلى البلاد بتنصيب إدارة تكنوقراط غير حزبية. ومن المؤسف أن هذا الجهد، على النقيض من تحركات شريف في باكستان، لم يسفر عن تحفيز عملية إنشاء نظام سياسي أكثر استقرارا.

وفي مصر، لا يزال أنصار الرئيس امنتخب ديمقراطياً محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين يقاتلون قوات الجيش والقوات الأمنية، التي خلعته في شهر يوليو/تموز. ومع عجز المعارضة الليبرالية الواضح عن إنشاء منظمة سياسية قادرة على تحدي الإخوان ضمن إطار معترف به ــ ودعمها إلى حد كبير للانقلاب العسكري ــ فإن مصير مصر أصبح على نحو متزايد متوقفاً على التحركات في الشارع. وحتى في تركيا، حيث سيادة القانون أقوى نسبياً والدستور أكثر رسوخا، فشلت المعارضة في تنظيم حزب سياسي ذي مصداقية ويتمتع بدعم شعبي واسع.

وبفضل الجهود التي تبذلها حكومة شريف، أصبح لدى باكستان الآن أحزاب سياسية ناضجة، وهي تتنافس في انتخابات منتظمة؛ وسلطة قضائية مستقلة قادرة على الدفاع عن الدستور؛ ومؤسسة عسكرية تقبلت كما يبدو السيطرة المدنية عليها. وبعد ما يقرب من سبعة عقود من الاضطرابات فقد تخدم باكستان قريباً كنموذج للبلدان الإسلامية الكبيرة الأخرى.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

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شهيد جاويد بركي وزير المالية الباكستاني ونائب رئيس البنك الدولي سابقا، ويشغل حالياً منصب رئيس معهد السياسة العامة في لاهور.


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Government Security Terrorism

Pakistan’s Political Renaissance

General Raheel Sharif, Chief of Army Staff of Pakistan
General Raheel Sharif, Chief of Army Staff of Pakistan. Photo: FSCEM45212/Wikimedia Commons

LAHORE – Pakistani institutions are evolving rapidly. With executive authority increasingly in the hands of elected representatives, rather than dispersed among various competing institutions, the political establishment has been revitalized – and it has taken three important steps toward strengthening democracy and the rule of law. Is Pakistan, a country long prone to military coups, finally developing a well-functioning political system?

On November 27, Pakistani President Mamnoon Hussain – acting on the prime minister’s advice, as the constitution dictates – announced that General Raheel Sharif would succeed General Ashfaq Parvez Kayani as Chief of Army Staff, even though Sharif was not among the military establishment’s favored candidates. Unlike Kayani – who has directed the Directorate-General of Military Operations and the Inter-Services Intelligence (Pakistan’s spy agency) – Sharif has not served in any of the positions that typically prepare someone to lead Pakistan’s best-funded and most influential institution.

¿Podrá resistir Pakistán?

Pakistan on a map
Pakistan. Photo: smlp.co.uk/flickr.

ISLAMABAD – Desde mediados de diciembre ha habido en Pakistán una volatilidad política y económica que es extraordinaria, incluso para los estándares de ese país. La frágil estructura política que comenzó a construirse después de que se restableciera el gobierno civil en 2008 se tambalea actualmente.

Una de las principales fuentes de esta inestabilidad es Tahirul Qadri, líder religioso musulmán  de Toronto que llegó a Lahore a principios de diciembre. Diez días después se presentó ante una multitud reunida en la plaza Minar-e-Pakistan, donde un año antes Imran Khan, jugador de cricket ahora convertido en político, había provocado lo que él había llamado de modo no muy exacto, un tsunami político.

Qadri le dio al gobierno de Islamabad un ultimátum de veinte días para acabar con la corrupción rampante del sistema político, reconstituir la Comisión Electoral y nombrar una administración provisional para vigilar las próximas elecciones. Señaló que esa administración debería incluir a tecnócratas, militares retirados y jueces, y que podría permanecer en funciones más allá del plazo constitucional de noventa días. Dijo que a menos que el gobierno tomara esas medidas, encabezaría una marcha de un millón de personas  en la capital.

Cuando el gobierno no cumplió, 50 mil personas tomaron la mítica, Grand Trunk, hacia Islamabad, e hicieron el recorrido de 300 kilómetros en 36 horas. Qadri se dirigió a los participantes en repetidas ocasiones; en discursos plagados de metáforas políticas, se autoproclamó un Mao Tse Tung moderno en una misión para poner en marcha una yihad orientada a purificar el sistema e iniciar una versión pakistaní de la primavera árabe.

El 10 de enero, mientras Qadri planeaba su marcha, extremistas del grupo sunita proscrito, Lashkar-e-Jhangvi,  llevaron a cabo dos atentados suicidas contra la comunidad chiita Hazara en Quetta y mataron a casi un centenar de personas. Los hazara adoptaron los ataúdes de los muertos como símbolo de protesta. Pusieron a los muertos en fila en la calle Alamdaar, que atraviesa el barrio chiita de la ciudad y se negaron a enterrarlos hasta que el gobierno despidiera a los ineptos y corruptos funcionarios locales dirigidos por un nawab que pasa más tiempo en el extranjero o en Islamabad que en la capital provincial. El gobierno cedió y destituyó al ministro y a su gabinete y dejó a la atribulada provincia a cargo del gobernador local.

Cinco días después, la siempre activa Suprema Corte ordenó la detención del primer ministro, Raja Pervez Ashraf  y de otros dieciséis altos funcionarios por su supuesta participación en el llamado caso de la “alquiler de plantas de energía”. El caso data de 2008-2011 cuando Ashraf, ministro de Agua y Energía en ese entonces, fue el encargado de supervisar  contratos de alquiler de generadores eléctricos que se necesitaban para aliviar la escasez de energía que significaba un costo para la  economía del 5% del PIB. Esos contratos fueron por montos muy elevados.

Varios artículos en medios impresos y electrónicos indican que los contratos adjudicados por el Ministerio de Ashraf presentaron irregularidades. El Ministerio de Finanzas recurrió al Banco Asiático de Desarrollo, el cual confirmó que faltaban grandes cantidades de dinero y muchas de las unidades alquiladas generaban mucho menos energía de la prometida. La Suprema Corte tomó nota de las conclusiones del BAD e inició un procedimiento contra Ashraf y otros altos funcionarios, incluidos, varios del Ministerio de Finanzas. Ashraf renunció del Gabinete, pero después volvió como primer ministro.

En tiempos anteriores, habría bastado una crisis mucho menos intensa para que los militares ocuparan la escena política, como sucedió en 1958, 1969, 1977 y 1999. En efecto, el  ejército ha gobernado en Pakistán durante treinta y tres años desde la independencia en 1947.

Sin embargo, esta vez los soldados han permanecido en sus cuarteles por la sencilla razón de que un pueblo más consciente, una sociedad civil activa y unos medios de comunicación libres no tolerarían otra intervención de los militares en la política. Tras casi cinco años de gobierno democrático, Pakistán está en vías de establecer un orden político duradero y representativo.  Si bien no se ha logrado un gobierno limpio y eficiente, entre la población parece haber la esperanza de que trabajando juntos los pakistaníes lograrán salir de los problemas que tiene el país.

El 16 de enero, durante una reunión nocturna en Lahore, la mayoría de los partidos de oposición rechazaron las exigencias de Qadri y pidieron al gobierno que se mantuviera el rumbo hacia las elecciones generales. Un día después el gobierno encontró una forma aceptable para mandar al político predicador –y más importante aún, a sus seguidores– a casa, mediante la promesa de que se daría a la Comisión Electoral tiempo para determinar que los candidatos cumplieran los requisitos establecidos en la Constitución. Así pues, en cierto modo, la llegada de Qadri a Pakistán y su intenso activismo político han servido para algo: ha reforzado la fe del pueblo en un sistema que se construye constantemente.

Traducción de Kena Nequiz

Copyright Project Syndicate

Shahid Javed Burki, fue ministro de Finanzas de Pakistán y vicepresidente del Banco Mundial, actualmente es presidente del Instituto de Políticas Públicas de Lahore.

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Qadri, the Charismatic Cleric – A Creator of Chaos or a Champion of a Cause?

India-Pakistan Peace Process – The Risk of a Breakdown

Pakistan: Countering Militancy in PATA


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