El renacimiento político paquistaní

General Raheel Sharif, Chief of Army Staff of Pakistan

LAHORE – Las instituciones paquistaníes están evolucionando rápidamente. Ahora que la autoridad ejecutiva se concentra cada vez más en manos de representantes electos en vez de estar dispersa entre varias instituciones que compiten entre sí, la clase dirigente política se ha revitalizado y ha dado tres pasos importantes para fortalecer la democracia y el imperio de la ley. Pakistán, un país con una larga tradición de golpes militares, ¿está desarrollando finalmente un sistema político con buen funcionamiento?

El 27 de noviembre, el presidente paquistaní Mamnoon Hussain –según el consejo del primer ministro, como lo dicta la constitución– anunció que el General Raheel Sharif sucedería al General Ashfaq Parvez Kayani como jefe militar del Estado Mayor, aun cuando Sharif no se contaba entre los candidatos preferidos por el establishment. A diferencia de Kayani –quien dirigió el Directorado General de Operaciones Militares y la Inteligencia Interservicios (la agencia de inteligencia paquistaní) – Sharif no ocupó ninguno de los puestos que habitualmente preparan a alguien para conducir la institución mejor financiada y más influyente de Pakistán.

Este no fue el primer acto del primer ministro Nawaz Sharif en desafío contra los militares. Unos pocos días antes, pidió a la Corte Suprema que designara un tribunal especial de tres jueces para investigar los cargos de traición contra el expresidente paquistaní, el General Pervez Musharraf, por imponer el estado de excepción y suspender la constitución en noviembre de 2007.

La decisión, que según Musharraf procuró estabilizar al país y poner freno a la oleada de extremismo islámico, facilitó la remoción de docenas de jueces de alto rango de la Corte Suprema y los altos tribunales provinciales –incluido el presidente del tribunal Iftikhar Muhammad Chaudhry, el juez con mayor rango en Pakistán.

La suspensión de Chaudhry en marzo de ese año, luego de negarse a ceder ante la presión gubernamental para renunciar, incitó incesantes protestas en la comunidad legal paquistaní y lo convirtió en un símbolo del deseo del pueblo de un sistema judicial más justo e independiente. De alguna manera, este movimiento, que contribuyó a la derrota electoral de Musharraf el siguiente febrero, y el regreso de la democracia a Pakistán, prefiguró las revoluciones de 2010-2011 en Túnez y Egipto que encendieron la chispa de la primavera árabe.

Musharraf será juzgado según el artículo seis de la constitución paquistaní, según el cual «toda persona que abrogue, subvierta o deje en suspenso […] la Constitución mediante el uso o la amenaza de la fuerza, o por cualquier medio inconstitucional, será culpable de alta traición». El parlamento ha definido la alta traición como un delito castigable con la pena de muerte.

Al nombrar un tribunal especial para el juicio de Musharraf, el gobierno de Sharif está enviando una fuerte señal a los militares –en especial a sus comandantes de mayor rango– para indicarles que no están por encima de la ley. Este mensaje es especialmente importante ahora, si se consideran las dudas sobre la voluntad del gobierno que surgen de su decisión de junio pasado para dejar caer los cargos de alta traición contra Musharraf por conducir, mientras era comandante en jefe del ejército, el golpe de 1999 contra el gobierno electo, conducido por el propio Sharif.

La tercera acción del gobierno paquistaní para doblegar a los militares fue el anuncio de que el juez Tassaduq Hussain Jillani –el segundo juez más joven de la Corte Suprema– sucederá a Chaudhry, quien fue reincorporado en 2009, después de su retiro obligatorio este año. (Jillani ocupará el cargo durante solo siete meses antes de jubilarse él también). Al establecer la regla de antigüedad para la designación más importante en la Corte Suprema, Sharif despolitizó el proceso.

Estas tres acciones prometen, finalmente, garantizar el control civil de los militares y la independencia judicial. Esto daría a Pakistán una base política más sólida respecto de muchos otros grandes países musulmanes actualmente involucrados en esfuerzos similares –aunque mucho menos exitosos– para instituir una gobernanza más responsable.

Por ejemplo, en Bangladesh, el ejecutivo –es decir, la primera ministro Sheikh Hasina y su gobierno de la Liga Awami– buscan monopolizar el poder político. El poder judicial ya se ocupa de los deseos del ejecutivo; si los planes actuales tienen éxito, el partido dominante pronto controlará también la legislatura.

Si bien los militares bangladesíes observan el desarrollo de los eventos con cierta aprehensión, carecen de voluntad para instalar un gobierno provisional, como en 2007, cuando llevaron la paz y la estabilidad al país al establecer una administración tecnocrática no partidista. Desafortunadamente, a diferencia de las acciones de Sharif en Pakistán, este esfuerzo no impulsó el desarrollo de un orden político más estable.

En Egipto, los partidarios del presidente democráticamente electo Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, aún luchan contra el ejército y las fuerzas de seguridad que lo destituyeron en julio. Mientras la oposición liberal parece incapaz de crear una organización política que pueda desafiar a los Hermanos en un marco reconocido –y, de hecho, muestra en gran medida apoyo al golpe militar– la suerte de Egipto se decide cada vez más en la calle. Incluso en Turquía, donde el imperio de la ley es relativamente fuerte y la constitución está bien establecida, la oposición no ha logrado organizar un partido político creíble con amplio apoyo del pueblo.

Gracias a los esfuerzos del gobierno de Sharif, Pakistán cuenta ahora con partidos políticos razonablemente bien desarrollados, que compiten en elecciones programadas regularmente; un sistema judicial autónomo, capaz de defender la constitución; y militares que parecen haber aceptado el control civil. Después de casi siete décadas de tumulto, Pakistán puede pronto llegar a funcionar como un modelo para otros grandes países musulmanes.

Traducción al español por Leopoldo Gurman.

Copyright Project Syndicate


Shahid Javed Burki, exministro de finanzas de Pakistán y vicepresidente del Banco Mundial, actualmente es presidente del Instituto de políticas públicas en Lahore.


For additional reading on this topic please see:

Reining in the Military in Pakistan

The State of US-Pakistan Relations

South Asia: Issues in Focus


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