Nivelando el campo de juego afgano

NUEVA YORK – La situación política y de seguridad de Afganistán sigue plagada de incertidumbre, como consecuencia del retiro de las tropas de combate de Estados Unidos y la OTAN, la inminente elección presidencial y las negociaciones de paz estancadas con los talibán. El gobierno reconoce que una inseguridad económica continua no hará más que exacerbar esta situación peligrosa y ha anunciado un nuevo paquete de incentivos económicos que apuntan a atraer inversión extranjera directa.

El paquete incluye el suministro de tierras a empresarios industriales a precios considerablemente reducidos, exenciones impositivas de hasta siete años para los propietarios de las fábricas y préstamos a baja tasa de interés de hasta diez años para los agricultores. Estos incentivos apuntan a los inversores extranjeros y a la élite local, con el objetivo de frenar o hasta revertir la fuga de capitales. Pero las nuevas medidas en definitiva responden a más de lo mismo: una estrategia política fragmentada que resultará inapropiada para solucionar los problemas económicos fundamentales de Afganistán.

En las primeras etapas de la transición de posguerra, la IED aumentó rápidamente, pasando del 1,2% del PBI en 2002 a un pico del 4,3% del PBI en 2005. La mayoría de estos ingresos de capital estaban destinados a los sectores de la construcción y de servicios -los principales motores del crecimiento del PBI- y apuntaban a satisfacer la demanda internacional, tanto civil como militar.

Sin embargo, en 2006-2007, los niveles de IED comenzaron a caer, debido a una situación de seguridad en franco deterioro, una continua falta de electricidad e infraestructura adecuada, una escasez de mano de obra calificada, sistemas legales y regulatorios inapropiados, procedimientos burocráticos ineficientes y la necesidad de renovar anualmente las licencias de las compañías. Las confiscaciones de tierras, la corrupción crónica, la impunidad, la incapacidad de implementar los contratos y la fragmentación e ineficacia de la ayuda disuadió aún más la inversión extranjera y doméstica. En consecuencia, la IED se desmoronó a menos del 0,5% del PBI anualmente en 2011-2012.

Es más, en un esfuerzo por desarrollar dos de las minas más grandes del mundo, la avaricia de los inversores pesó más que sus preocupaciones referidas a la seguridad y al clima de negocios. En 2007, la Corporación Metalúrgica de China ganó la concesión para el depósito de cobre Aynak en la provincia de Logar. En 2011, un grupo de compañías estatales y privadas de la India ganaron la concesión para el depósito de mineral de hierro Hajigak en la provincia de Bamyan. Pero, a pesar de los precios multimillonarios y las altas expectativas de estos proyectos, las inversiones han generado escasos progresos, en parte debido a cuestiones de seguridad.

Peor aún, el desplazamiento de los residentes de las minas, los malos salarios de los trabajadores y el daño ambiental generaron resentimiento en las comunidades locales, un sentimiento que probablemente crezca en el futuro. Después de todo, otorgar recursos minerales a los extranjeros reduce -y hasta podría eliminar- sus beneficios para la gente local.

En la situación actual, la economía de Afganistán es una casa de naipes. Los niveles de ayuda son comparables al PBI y los donantes cubren aproximadamente las dos terceras partes del gasto del gobierno y todo el déficit de cuenta corriente, que representa el 40% del PBI. Pero la ayuda está decayendo y se espera que caiga marcadamente después de 2014.

En lugar de seguir adoptando medidas poco sistémicas como la que acaba de aprobar, el gobierno necesita implementar una estrategia integrada y con un objetivo claro a fin de reactivar la inversión, el empleo y el comercio. De hecho, un cambio drástico en las políticas es esencial para evitar el colapso económico.

Para reducir los riesgos asociados con la inversión en Afganistán, el gobierno debe crear un sistema que beneficie por igual a las comunidades locales y a los inversores extranjeros. Esto se puede lograr con una estrategia basada en dos “zonas de reconstrucción” diferentes pero mutuamente beneficiosas: una zona orientada a la exportación (ERZ por su sigla en inglés) y una zona de producción local (LRZ por su sigla en inglés).

La ERZ, centrada exclusivamente en la producción de bienes para la exportación, ofrecería incentivos impositivos, infraestructura y servicios básicos, seguridad y un marco legal estable para los inversores. A cambio, los inversores se comprometerían a capacitar a los trabajadores locales, crear empleo comprando insumos y servicios locales, mejorar las prácticas corporativas y los estándares de los proveedores locales, facilitar las transferencias de tecnología y establecer vínculos con las universidades y escuelas técnicas locales.

La LRZ le permitiría a la gente local mejorar su calidad de vida a través de la producción de bienes agrícolas, la oferta eficiente de servicios y la industria ligera. Un esquema de este tipo también ayudaría a fomentar la igualdad de género ofreciendo un campo de juego nivelado para todos los afganos en términos de seguridad, servicios sociales, infraestructura, crédito e insumos (como semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola). Es más, fomentaría los suministros de alimentos y reduciría la exorbitante dependencia de Afganistán de las importaciones.

Al centrarse exclusivamente en los extranjeros y las élites domésticas para la inversión, Afganistán se está perdiendo el vasto potencial de los microemprendedores y las pequeñas empresas a la hora de contribuir a un crecimiento estable del PBI. Alcanzar la paz y la estabilidad tan necesarias será imposible sin ellos.