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La minoría yihadista libia

Tripoli, Libya
Tripoli, Libya. Photo: Fragile Oasis/flickr.

DOHA – “Ellos tienen armas; yo no voy a librar una batalla perdida y mandar a mis hombres a morir por un santuario en ruinas”. Fueron las palabras de Fawzi Abdelali, el ex ministro del interior de Libia, antes de “renunciar” el pasado agosto. Se refería a los grupos armados salafistas acusados de la destrucción de santuarios sufíes, entre los que se cuenta la Brigada Ansar Al Sharia, que aunque se apresuró a expresar su apoyo a la demolición, negó tener cualquier responsabilidad por ella.

Ahmad Yibril, viceembajador de Libia ante el Reino Unido, acaba de acusar a la Brigada (dirigida por Muhammed Ali Al Zahawy) de perpetrar el ataque al consulado estadounidense en Bengasi, en el que murieron el embajador de Estados Unidos, Christopher Stevens, y otros tres funcionarios estadounidenses, así como varios guardias libios. De inmediato otros se sumaron a las acusaciones de Yibril, pero el panorama es más complejo.

La Brigada negó cualquier responsabilidad en el hecho, por medio de una declaración escrita y de una breve entrevista con su vocero, quien en ese momento estaba a cargo de la vigilancia del hospital Al Jala en Bengasi. Igual que en su declaración sobre la destrucción de santuarios sufíes, la Brigada rechazó haber participado en el ataque al consulado estadounidense, pero resaltó la gravedad del insulto al Profeta que, presuntamente, lo provocó.

La Brigada también concitó la atención pública el pasado junio, cuando unos 300 de sus miembros organizaron una incursión armada a Bengasi, lo que provocó indignación entre los libios. “Queríamos enviar un mensaje a los miembros del Consejo Nacional General”, dijo Hashim Al Nawa, uno de los comandantes de la Brigada. “Que no se metan con la Sharia: debe estar por encima de la constitución, y no es materia de referendo”.

Pero, ¿estuvo realmente la Brigada Ansar Al Sharia detrás del ataque al consulado estadounidense? La naturaleza de las milicias islamistas en Libia después de la revolución no está nada clara. El yihadismo salafista no es una organización, sino una tendencia ideológica que gira en torno de una creencia central: que para producir cambios sociales y políticos, el método más eficaz (y, en algunas versiones, el más legítimo) es la táctica armada (de cualquier tipo).

De hecho, el año pasado sus partidarios desempeñaron un importante papel en el derrocamiento del brutal dictador de Libia, el coronel Muamar el Gadafi. Después, muchos de ellos maduraron políticamente, revisaron su visión del mundo y pasaron del activismo armado al desarme, formaron partidos políticos y se presentaron a elecciones.

Por ejemplo, del Grupo Islámico Libio de Combate salieron dos partidos políticos principales; uno es Al Watan (La Patria), dirigido por el ex miembro del GILC y comandante del Consejo Militar de Trípoli, Abdul Hakim Belhaj. El otro, Al Umma Al Wasat (La Nación Central), lo dirigen Sami Al Saadi, ex jefe ideológico del grupo, y Abdul Wahad Qaid, comandante militar del GILC y hermano del fallecido comandante de Al Qaeda, Hasan Qaid (Abu Yahya Al Libi). En la elección de junio para el nuevo Congreso Nacional General, ambos partidos obtuvieron magros resultados (solamente Qaid logró un escaño). De hecho, las elecciones para el CNG fueron, en muchos sentidos, una derrota para los partidos salafistas no violentos de Libia (como Al Asala), lo mismo que para los posyihadistas.

Otras formaciones islamistas armadas (entre ellas los grupos salafistas) aceptaron integrarse dentro de las nuevas instituciones del estado libio, como el Comité Supremo de Seguridad (ministerio del interior) y el Escudo de Libia (ministerio de defensa). Mientras tanto, la Guardia Nacional, dirigida por el ex segundo del GILC, Khaled Al Sharif, absorbió más de 30 brigadas, la mayoría de ellas en el oeste y el sudoeste.

Pero varias agrupaciones armadas, como Ansar Al Sharia y las brigadas que llevan el nombre del jeque Omar Abderramán (preso en Estados Unidos), todavía se niegan a convertirse en partidos políticos e integrarse a las instituciones del Estado. Estas organizaciones son numerosas, pero pequeñas, y algunas de ellas no fueron invitadas a unirse a los organismos oficiales (o no se les dieron incentivos suficientes para hacerlo).

Sufian bin Qumu, comandante de Ansar Al Sharia en Derna y ex detenido en Guantánamo, declaró en una entrevista concedida el pasado abril: “Nadie nos propuso unirnos al ejército o a la policía”. Y agregó: “Ni siquiera se nos dio, ni a mí ni a ninguno de mis hombres, una recompensa por nuestra lucha”. Bin Qumu tiene una pequeña fuerza paramilitar entrenándose en el bosque Bou Musafir, en las afueras de Derna. Insiste en que si el jefe de los boy scouts [N.d.T. actuaron como fuerzas de apoyo en el derrocamiento de Gadafi y la posterior reorganización] o los líderes de los clanes de la ciudad le pidieran desmantelar el campo de entrenamiento, lo haría.

La trágica muerte de Stevens y de sus colegas generó una ola de indignación pública en Libia y aumentó el aislamiento y la deslegitimización de los grupos armados. Decenas de grupos activistas libios han publicado videos de homenaje a Stevens y han emitido declaraciones contra el terrorismo y Al Qaeda, como la que puede encontrarse en uno de los sitios web de los Hermanos Musulmanes. Otro que condenó el ataque fue el Gran Muftí de Libia, jeque Sadik Al Ghariani.

Para prevenir futuras tragedias en Libia, hay dos cuestiones a las que es imprescindible prestar atención. La primera es aprovechar el apoyo público y continuar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración iniciado bajo el Consejo Nacional de Transición y que nunca se completó. La segunda es que el gobierno mejore su estrategia de comunicación.

Aunque los gobiernos de la Primavera Árabe condenaron la escandalosa película portadora de las injurias al Profeta del Islam, también deberían haber destacado que ningún organismo estadounidense, ni oficial ni extraoficial, tuvo nada que ver con la producción del filme. El castigo colectivo y el ataque a inocentes están prohibidos en más de 20 versos del Corán, como el que dice “que nadie cargará con la carga ajena (el pecado ajeno)” (Sura de la Estrella, 53:38).

Traducción: Esteban Flamini

Copyright Project Syndicate

Omar Ashour es director del programa de estudios de posgrado sobre Oriente Próximo en el Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Exeter (Reino Unido), profesor visitante en el Brookings Doha Center y autor de The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements [La desradicalización de los yihadistas: la transformación de los movimientos islamistas armados] y Libyan Islamists Unpacked: The Rise, Transformation and Future [Los islamistas libios descifrados: ascenso, transformación y futuro]. Se lo puede contactar a través de las direcciones O.Ashour@Exeter.AC.UK o @DrOmarAshour.

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Armed Groups in Libya: Typology and Roles

 A Transatlantic Perspective on the Libyan Election

The Arab Spring One Year Later: Voices from North Africa, Middle East and Europe


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

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The Most Immediate Threats to Global Energy Security

Liquid Natural Gas Tanker. Image by Lens Envy/flickr.

As global energy supplies come under increasing attack by non-state actors and private energy holdings become key targets of political maneuverings and criminal activities, Oilprice.com discusses the nature of the growing threat and how to reverse the risk with “smart power.”

To help us look at these issues we got together with Corporate intelligence specialists Jellyfish Operations and security expert Jennifer Giroux.

Michael Bagley is the president of Jellyfish, a global boutique intelligence firm that combines on-the-ground intelligence collection and analytics with an unprecedented country-to-country economic diplomacy program that helps governments, corporations, institutions and private individuals forge secure partnerships, discover new opportunities and mitigate operational risks.

Jennifer Giroux is a global security expert who specializes in emerging threats to energy infrastructure in conflict-affected regions.

In the Interview Michael & Jennifer talk about the following:

• Why the risk to global energy supplies is increasing
• Violent entrepreneurialism: Why piracy is on the rise
• The most immediate threats to global energy security
• Which countries are most likely to see attacks in the future
• Why Saudi Arabia could be the next country to have its energy infrastructure come under attack
• Why energy companies assets are becoming key targets.
• How energy companies can create opportunities in Conflict-Affected Regions
• Why companies need more than just intelligence to operate in hostile environments

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The Iraq Action Team: a model for monitoring and verification of WMD non-proliferation

US President Barack Obama and IAEA Director General Mohamed ElBaradei. Image by United Nations Photo/flickr.

The United Nations Special Commission and the Iraq Action Team

The UN Security Council first took the initiative to create its own verification disarmament unit under the provisions of Resolution 687, adopted after the Kuwait war in 1991. At that time, the UN Special Commission on Iraq (UNSCOM) became the first subsidiary organ of the Security Council, and was tasked with supervising the removal and destruction of Iraqi weapons of mass destruction (WMD)—including its chemical, biological and missile capabilities—and relevant delivery systems, and with measures to prevent their reconstitution.

The Director General of the International Atomic Energy Agency (DGIAEA)—as opposed to the IAEA secretariat itself, with its institutional structures and decision-making bodies—had been given responsibility for the nuclear-related tasks. In order to fulfil his obligations, the Director General set up the Iraq Action Team, which was also independent of the IAEA’s formal structures, including the Department of Safeguards.

The Iraq Action Team had a two-fold mandate in Iraq: to remove and destroy nuclear-related material and equipment; and to manage an ongoing monitoring and verification programme. It reported the results of its technical analyses to the DGIAEA, who in turn reported the findings to the UN Security Council.

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Let Iran Have its Nuclear Technology

Nuclear Energy. Image by Sakucae/flickr.

As the United States prepares to head for the finish line in an election year the period between now and the time when the next administration assumes the helm of the nation can be the most critical in terms of foreign policy. Call it the political equivalent of the sailing on the dark side of the moon.

This period in nether-politics can be a dangerous one as parties involved in a conflict can take advantage of this lack of focus from US policy to push ahead with programs they otherwise would find great opposition from American policymakers. Israel’s desire to rid itself of the threat posed by Iran regarding the Islamic Republic’s pursuit of nuclear technology comes to mind in such a situation as new rumblings of an Israeli strike on Iran are getting louder.

As we draw closer to election day in November the administration will find itself more and more caught up in getting the president re-elected and the president himself more and more caught up in darting form state to state to win back last minute indecisive voters, so much so, that foreign policy does not just take a back seat to domestic policy, it is relegated to the back of the bus, where it is likely to remain until after inauguration day in January.

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La “imaginaria” trama de terror en Zambia

Recientemente Zambia despertó con la noticia en los medios estatales de que un grupo que se llama a si mismo Tongas Under Oath [en] había asesinado a dos personas del grupo étnico del presidente Michael Sata, y se encontraba ahora en el proceso de remover colonos de la étnica provincia de Tonga del Sur.

Sin embargo, la historia no convenció a los ciudadanos que simplemente lo vieron como un intento del gobernante Frente Patriótico (FP) del gobierno de reprimir al opositor Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND). El tercer mayor partido de oposición de Zambia está dirigido por Hakainde Hichilema [en], un miembro de la etnia tonga que ha sido muy crítico [en] del gobierno de Sata. Y como suele ser el caso en la política de Zambia, Hichilema es el último de una serie de líderes de la oposición sin miedo cuya creciente apoyo popular es probable que resulte en éxito electoral.

Antes de la publicación de la carta supuestamente escrita por el grupo Tongas Under Oath, Hichilema fue arrestado y acusado [en] después de que afirmó que el gobierno del FP tenía previsto enviar jóvenes a Sudán para entrenarlos como milicias. Unos días más tarde, el cuartel general de la oposición en la capital, Lusaka, fue registrado por la policía [eng] en busca de materiales sediciosos.

No encontraron ninguno pero pocos días después una carta [en] mucho más siniestra fue enviada al presidente Sata con sello de fecha de expedición de Mazabuka, una ciudad en la provincia del sur. Poco después de su llegada, el presidente Sata exhibió los estados bancarios de Hichilema [en] que demostraban que tiene 360 billones ZMK ($64 millones USD), los que lo convierten en uno de los hombres más ricos de Zambia.

Defence Minister Geoffrey Bwalya Mwamba (in dark glasses) with President Sata (left) and other government officials.
El ministro de Defensa, Geoffrey Bwalya Mwamba (de lentes oscuros) con el presidente Sata (izquierda) y otros funcionarios del gobierno. Imagen cortesía de Zambian Watchdog

Sin embargo, unos días después, el ministro de Defensa, Geoffrey Bwalya Mwamba, un crítico feroz de Hichilema [en], reveló que dos generales retirados habían sido pagados por una persona no identificada para asesinar al presidente Sata. Mwamba fue citado por el Lusaka Times diciendo [en]:

Acabo de recibir una nota de nuestros cuerpos de investigación, y estoy hablando de hechos con un punto de vista informado, sobre que dos generales retirados del ejército han recibido 100 millones de K de un partido de oposición para llevar a cabo el plan de asesinato.

Este es un acontecimiento grave y he ordenado a estos cuerpos de investigación profundizar y dar más información para que podamos penalizar a estas personas y el partido de la oposición detrás de esto.

Una de las muchas respuestas a la historia es de Mungoma y dice:

¡Es muy decepcionante que un ministro puede estar hablando de un tema tan serio en esta forma! ¡Estamos hablando de la vida del Presidente, por el amor de Dios! Si es cierto, ¿por qué no hacer una investigación a fondo antes de hacer anuncios?

No es la primera vez que Mwamba anuncia públicamente un plan de asesinato contra el jefe de Estado. Después que el FP llegara al poder en setiembre de 2011, el presidente Sata reveló una serie de acuerdos supuestamente corruptos negociados por el ex presidente Rupiah Banda. El presidente también reveló que Banda había involucrado [en] a oficiales militares retirados de alto rango, entre ellos generales, en contratos extravagantes que él dio por concluidos efecto inmediato.

En noviembre de 2011, Mwamba anunció [en] a la nación que un grupo de generales retirados estaba planeando asesinar al presidente Sata y otros líderes en respuesta a la dura postura del gobierno sobre la corrupción. Extrañamente, nadie fue arrestado después de la primera vez que el ministro de Defensa revelara un complot de asesinato, ni nadie ha sido detenido en la última revelación casi un año después.

Y por encima de todo, nadie ha sido detenido por la trama de terror de “Tongas Under Oath”, sobre todo porque el propio presidente Sata dijo que la carta supuestamente incriminatoria no fue escrita [en] en la Provincia del Sur, si no en Lusaka.