EL CAIRO – “Bashar debería abandonar el poder y retirarse a salvo en Egipto. El fiscal general es benévolo con los asesinos”, me dijo un amigo, refiriéndose al Presidente de Siria, Bashar Al Asad, mientras contemplábamos el juicio del ex Presidente de Egipto Hosni Mubarak en el tribunal penal de la Academia de Policía. Aunque Mubarak y su ministro de Interior (seguridad), Habib Al Adly fueron condenados a cadena perpetua al concluir sus juicios, los generales que dirigieron el aparato de represión de Egipto como viceministros de Interior fueron absueltos.
Hasan Abd Al Rahman, jefe de las tristemente famosas –y semejantes a la Stasi– Investigaciones de la Seguridad del Estado (ISE); Ahmad Ramzi, jefe de las Fuerzas Centrales de Seguridad (FCS); Adly Fayid, jefe de la Seguridad Pública; Ismail Al Shaer, que dirigía la Dirección de Seguridad de El Cairo; Osama Yusef, jefe de la Dirección de Seguridad de Giza; y Omar Faramawy, supervisor de la Dirección de Seguridad del 6 de Octubre, quedaron exonerados de delito alguno. Los abogados de Mubarak y Al Adly recurrirán sus cadenas perpetuas y muchos egipcios creen que recibirán sentencias más suaves.
Los veredictos entrañaron un mensaje inequívoco y con graves consecuencias para la transición política de Egipto. Cuando se anunciaron, se oyó un grito espontáneo de los abogados y las familias de las víctimas: “El pueblo quiere limpiar el poder judicial”.
De hecho, muchos egipcios –incluidos jueces veteranos– no consideran que el poder judicial sea una institución independiente. “Se trata de un error profesional muy grave. Esos generales deberían haber sido condenados a cadena perpetua, como Mubarak”, dijo Zakaria Abd Al Aziz, ex jefe elegido por votación del Club de Jueces. “Los asesinatos se prolongaron durante días y no dieron orden de ponerles fin. El ministerio de Interior (MI) no es el único lugar que se debe limpiar. También hay que hacerlo en el poder judicial”.
No cabe duda de que esos veredictos refuerzan una tradición de impunidad en los servicios de seguridad. Las ISE y sus departamentos fueron responsables de muchas violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y muertes extrajudiciales en masa, durante los treinta años de gobierno de Mubarak. Cuando los manifestantes irrumpieron en la sede de las ISE y en otros gobiernos provinciales en marzo de 2011, se encontraron en todos ellos cámaras y equipo de torturas.
Las organizaciones en pro de los derechos humanos y unos pocos tribunales egipcios documentaron perfectamente desde el decenio de 1980 detenciones ilegales, raptos, desapariciones, torturas sistemáticas, violaciones y condiciones carcelarias inhumanas. Absolver a los jefes de las ISE y de las FCS (institución compuesta de 300.000 miembros y que actuó como el “brazo de hierro” del régimen de Mubarak), después de una revolución desencadenada por la brutalidad policial, provocó nuevas protestas en la plaza Tahrir. “O conseguimos los derechos de los mártires o moriremos como ellos”, cantaban centenares de miles de personas en Tahrir y otras plazas egipcias. Ya han comenzado las sentadas, que recuerdan a los dieciocho días de enero y febrero de 2011 que acabaron con el gobierno de Mubarak.
Una tercera consecuencia de los veredictos se refiere a la adquisición de poder por parte de la facción antirreformista en el MI. Gracias a mis investigaciones a lo largo de un año sobre la reforma del sector de la seguridad en Egipto, puedo afirmar que esa facción es ya la más poderosa.
A raíz de la revolución, salieron a la luz las luchas intestinas en el MI. “Tenemos que salvar la cara”, dijo el general Abd Al Latif Badiny, viceministro de Interior, que fue destituido por orden de Adly. “Muchos jefes y oficiales se negaron a torturar a los detenidos y se mostraron contrarios a la corrupción, pero necesitamos un Presidente revolucionario que nos conceda el poder para limpiar el ministerio”.
Badiny fue repuesto en su cargo después de la revolución, pero después, en noviembre de 2011, fue reprendido, a raíz de los choques entre manifestantes y la policía con el resultado de cuarenta manifestantes muertos. “Era partidario del diálogo con los manifestantes, mientras que los hombres de Al Adly querían que se aplicara una dura represión. Al final, éstos se salieron con la suya”, dice el comandante Ahmad Ragab, portavoz de la reformista Coalición General de Agentes de Policía (CGAP), que pretende crear un sindicato oficial de la policía y reformar los servicios de seguridad con criterios profesionales y apolíticos.
Los veredictos afectarán en gran medida a otros dos procesos: la capacidad de las fuerzas revolucionarias para movilizar y, por tanto, ejercer presión en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) y las elecciones presidenciales. Los objetivos de los que protestaron por los veredictos en Tahrir y otras plazas son, entre otros, los siguientes: una purga en la judicatura; una ley que excluya a los oficiales superiores de Mubarak de puestos políticos durante diez años; nuevos juicios a los generales de Al Aldy; y la destitución del fiscal general (nombrado por Mubarak).
También se han hecho llamamientos, aún incumplidos, en pro de una mayor unidad antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará los días 16 y 17 de junio. Dichos llamamientos oscilan entre la exigencia de una transferencia inmediata del poder a una coalición de candidatos presidenciales revolucionarios (aunque se trata de un mecanismo impreciso) hasta la formación de un frente unido presidencial en la segunda vuelta, con Mohamed Morsi de los Hermanos Musulmanes (HM) como Presidente y el naserista izquierdizante Hamadin Sabahi y el islamista moderado y liberalizante Abdel Moneim Abul Fotuh como vicepresidentes. Los diputados ya han pedido a esas tres figuras que acudan al Parlamento y negocien una coalición.
También es probable que los veredictos aumenten el apoyo en la segunda vuelta a Morsi, que se disputó el voto islámico con otros dos candidatos en la primera vuelta de las elecciones. Además, un porcentaje importante del voto revolucionario no islamista recaerá en Morsi, dada la ausencia de otras opciones revolucionarias substitutivas. Lo que se oye en Tahrir es esto: “Tenemos diferencias con Morsi, pero hubo derramamiento de sangre con [Ahmed] Shafiq”, el último Primer Ministro de Mubarak y oponente de Morsi en la segunda vuelta. Los candidatos partidarios de la revolución que no son islamistas ni de los HM recibieron casi 9,7 millones de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es probable que la mayoría de esos votantes apoyen ahora a Morsi, en lugar de quedarse en casa (la tendencia general antes de que se conocieran los veredictos).
Los HM deben aún decidir si se suman para poder granjearse el apoyo de los votantes de Abul Fotuh y Sabahi en la segunda vuelta frente a Shafiq, pero, de momento, en Tahrir y otras plazas las fuerzas partidarias del cambio, sean o no islamistas, se están uniendo una vez más. El imperativo principal de los revolucionarios egipcios es el mantenimiento de la unidad, la creación de una coalición rectora, la plasmación de sus cantos en exigencias concretas y el mantenimiento de la presión hasta conseguir sus fines. La revolución de Egipto continúa.
Traducido del ingles por Carlos Manzano
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Omar Ashour es director del Programa de Estudios de Posgrado sobre Oriente Medio en el Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Exeter e investigador visitante en el Centro Brookings de Doha. Es autor de The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamists Movements (“La desradicalización de los yijadistas. La transformación de los movimientos armados islamistas”).
Egypt: The Marriage of Islamism and the System
Egypt’s Military Council and the Transition to Democracy
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