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Zambia fija de nuevo el precio del maíz y pone nervioso al Banco Mundial

A giant Nshima pot
Una olla gigante de Nshima, Zambia 2008. Foto del blogger Mark Hemsworth (usada con permiso)

Nshima [en], el producto como papilla hecho de harina de maíz, ha dividido a las familias [en] y provocado disturbios por alimentos [en] en Zambia más de una vez. Este es el motivo por el que los sucesivos gobiernos se han mantenido vigilantes sobre el cultivo, la cosecha, la compra y la venta de harina de maíz a los consumidores.

La producción de maíz es un problema aún mayor en la región minera del Copperbelt y áreas metropolitanas como la capital, Lusaka, donde grandes masas trabajadoras dependen del suministro comercial del producto. En consecuencia, el maíz determina la dirección política de la nación.

En mayo, el Banco Mundial instó al gobierno de Zambia [en] a no interferir en la determinación del precio mínimo de la maíz vendido por los agricultores a la Agencia de Reserva Alimentaria y otras entidades interesadas en la cadena de los agro negocios. A pesar de estos pedidos, el Ministerio de Agricultura anunció que el precio mínimo del maíz este año [en] será de K65,000 (alrededor de $13 dólares norteamericanos) por costal de 50 kilos.

El director del Banco Mundial para Zambia, Malawi y Zimbabwe, Kundhavi Kadiresan, criticó la decisión y afirmó que los pobres agricultores de Zambia están siendo explotados [en] pues algunos comerciantes estaban comprándoles maíz con la intención de revenderlo a un precio más alto a la estatal Agencia de Reserva Alimentaria [en]. Kadiresan además indicó [en] que el Banco Mundial está profundamente preocupado de que no sólo la política del gobierno no asegura el crecimiento sostenible a largo plazo del sector agricultor, si no que además hace muy poco para crear trabajos y reducir la pobreza.

Kadiseran podría ser excusado. El sector agricultura de Zambia, gira en torno al maíz, sin importar el crecimiento de otros cultivos ni el ganado. La mayor parte del maíz es cultivado por campesinos que se enfrentan a sequías regulares durante la temporada de lluvias, un suministro poco confiable y caro de fertilizantes, y dificultades en el transporte de la mercancía a los mercados.

En 1986, los zambianos en las regiones de Copperbelt y Lusaka se amotinaron porque el precio del maíz aumentó varias veces cuando los ingresos estaban estancados. Cuatro años más tarde, el malestar por los aumentos de precios incluso provocó un intento de golpe de Estado.

Anunciando el nuevo precio mínimo del maíz, el ministro de agricultura y gandería, Emmanuel Chenda, dijo [en]:

Hemos tomado esta decisión con el fin de proteger la seguridad alimentaria del país y también para asegurar que los pequeños agricultores no se desalienten de producir la cosecha en los años siguientes… Para asegurar que el maíz de Zambia sea competitivo en los mercados internacionales, el Gobierno se asegurará de que los costos de producción se reduzcan mediante, entre otras estrategias, la provisión de capacitación en extensión agraria y el transporte para la movilidad de los trabajadores de extensión, con miras a aumentar la productividad entre los agricultores de pequeña escala.

Chenda también reveló que el Gobierno estaba poniendo en marcha programas para construir instalaciones de almacenamiento adicionales como una medida a largo plazo para evitar el desperdicio bajo la Agencia de Reserva Alimentaria (FRA). Pocos días antes de la declaración del ministro, la FRA había destruido gran cantidad [en] de paóz podrido en varios distritos del país. Chenda dijo:

Deseo informar a la nación que la mayoría de lo echado a perder en la FRA recientemente, se debe a instalaciones de almacenamiento inadecuadas e inapropiadas … Para hacer frente a este desafío, el Gobierno ha comenzado a poner en marcha programas para construir instalaciones de almacenamiento adicionales como una medida de largo plazo.

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Brasil: El cuestionamiento rodea a las unidades de la “Policía pacificadora” de Río

The 18th Rio UPP was launched in November 2011 in the Mangueira neighborhood which has 20,000 inhabitants. Image by SEASDH on Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).
La UPP número 18 de Río fue lanzada en noviembre del 2011 en el barrio de Mangueira que cuenta con 20,000 habitantes. Imagen de SEASDH en Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

En años recientes, el gobierno del estado de Rio de Janeiro, Brasil, ha adoptado una política de seguridad basada en la implementación de las Unidades de Polícia Pacificadora [en], conocidas como UPPs. El propósito de la estrategia UPP [pt] es colocar unidades de policía permanentes en las favelas para hacer frente a la delincuencia y promover las políticas sociales.

Desde diciembre del 2008, 18 favelas de las casi 1,000 en la ciudad capital de Rio han recibido UPPs. En un artículo para Rede Brasil Atual [pt], Maurício Thuswohl arguye que las UPPs han sido colocadas en lugares estratégicos:

“O desenho traçado pelas UPPs no mapa do Rio evidencia a intenção do governo de criar um cinturão de segurança nos bairros com maior poder aquisitivo e nas áreas da cidade onde ocorrerão eventos e concentração de turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.”

“El diseño trazado para las UPPs en el mapa de Rio evidencia la intención del gobierno de crear un ‘cinturón de seguridad’ en los barrios con mayor poder adquisitivo y en las áreas de la ciudad donde habrá eventos y se concentrará el mayor número de turistas extranjeros durante la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas del 2016.”

Sin embargo, el intento de establecer UPPs en Rocinha, la favela más poblada de Rio, no ha tenido éxito hasta ahora. Para que las UPPs estén establecidas en esta zona de la ciudad, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) ha tenido que realizar una operación fuertemente armada. Esta operación ha estado en curso en Rocinha desde el 13 de noviembre del 2011, pero aún no ha logrado limpiar el camino para las UPPs.

De acuerdo a un artículo publicado por Mundo Real [en], una organización que está activa en la comunidad, la corrupción generalizada y la desigualdad social son en última instancia, las razones por las que la estrategia de UPP no va a funcionar en Rocinha.

El siguiente video muestra la ‘ocupación’ de Rocinha, posteada en YouTube por BlogdaPacificacao el 22 de noviembre del 2011:

¿Un cierto grado de éxito?

Sin embargo, las UPP han alcanzado un grado de éxito. Datos oficiales [pt] revelan un descenso en la tasa del crimen en Rio y los oficiales de las UPP han logrado involucrarse con la comunidad. Un ejemplo en tal sentido es la policía Rafaela Malta [pt], que enseña ballet a 70 niñas de la favela Cidade de Deus, como se puede apreciar en el siguiente video cargado el 7 de marzo del 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=ut-4XNGIvpU&feature

Un proyecto complementario conocido como UPP Social [pt] también ha sido lanzado para fortalecer lazos entre las comunidades y el estado. Corinne Cath, sin embargo, en un artículo para la organización RioOnWatch [en], argumenta que las prioridades del estado no son las mismas que las de los residentes de las favelas:

“Un segundo conflicto que se plantea es la diferencia en las prioridades de UPP Social y las de la comunidad. UPP Social ha determinado que la atención debería centrarse en la mejora de la recolección de basura, la formalización de los pagos de la electricidad (por lo cual los residentes ya pagan sus facturas de electricidad y otros servicios públicos), y la mejora y renovación del espacio público.

Los tres principales demandas de la comunidad, sin embargo, son la educación, el acceso a la atención de salud y un cambio en la actitud de la policía hacia los habitantes de Vidigal y Chácara do Céu. Varios representantes de la comunidad describieron la actitud de los agentes de la policía de la UPP como la misma de la policía ‘normal’ que interactuaba con la comunidad cuando todavía estaba controlada por bandas de narcotraficantes.”

De acuerdo a Rafael Nunes en un artículo para Agência de Notícias das Favelas [pt] la estrategia del estado es promover el cumplimiento de la ley junto con actividades y servicios privados, y estas medidas ya han afectado a los residentes:

“…O problema é que uma conta de luz social, que no início não passava de quinze reais e de repente saltou para trezentos reais, pode determinar se uma pessoa vai poder ou não continuar vivendo num determinado local com dignidade.. A coerção e a intimidação por parte de agentes do governo municipal, com a ameaça de prejuízos jurídicos e materiais, nos foram contados como uma constante para pressionar a saída desses moradores e a entrega dos terrenos, que na maioria das vezes não passa as indenizações dos vinte mil reais.”

“…El problema es que un recibo de electricidad, que al principio no pasaba de 5 reales de repente saltó a 300 reales, puede determinar si una persona va a poder o no seguir viviendo en un determinado lugar con dignidad… La coerción e intimidación de parte de los agentes del gobierno municipal, con la amenaza de perjuicios legales y materiales, nos fueron contados como una constante para presionar la salida de los pobladores y la entrega de los terrenos, lo que la mayor parte de las veces es indemnizado con [solo] 20,000 reales.”

Auto-determinación

Rogério Dias señala en su blog No Foco em Debate [pt] que los residentes de favelas no suelen ser oidos por los medios:

“No que diz respeito à cobertura da grande imprensa, me parece que um lado muito importante da história não foi ouvido e, se foi, me parece que foi sub-valorizado: o lado dos moradores. O que eles acham? Com certeza estão felizes com a saída dos traficantes, mas a presença permanente da força de repressão do estado também não é incômoda? Saem homens armados e entram outros homens armados, e realmente não sei o que é pior para aquelas pessoas…”

“Con respecto a la cobertura de los grandes medios, me parece que un lado muy importante de la historia no sido oido, y, si lo fuera, creo que sería poco apreciado: el lado de los pobladores. ¿Qué es lo que piensan? Seguramente están felices con la salida de los narcotraficantes. Pero, ¿No es la presencia permanente de las fuerzas represivas del estado también incómoda? Salen pistoleros, entran pistoleros. No estoy realmente seguro de qué sea peor para estas personas…”

Debido a que el enfoque de UPP es una política de seguridad que es tratada como una “intervención” o una medida de “pacificación”, podría además comprometer el derecho a la auto-determinación. Eduardo Tomazine Teixeira alza esta posibilidad en un artículo para Passa Palavra [pt]:

“…(se nota) o fim da presença ostensiva da criminalidade armada nos espaços ocupados. Evidentemente, ainda é cedo para tirar conclusões mais definitivas, mas, a manter-se este quadro, as condições de vida da população destes espaços terão mudado significativamente, e terão mudado também as condições de luta pela autodeterminação sobre os seus espaços e de mobilização política de maneira geral.”

“…(se nota) el fin de la abierta presencia del crimen armado en las áreas ocupadas. Por supuesto, es aún temprano para llegar a conclusiones definitivas, pero, si esta imagen se mantiene, las condiciones de vida de la población en estas áreas habrán cambiado significativamente, como también las condiciones de la lucha por la auto-determinación sobre sus espacios y de la movilización política en general.”
(Translation by Juan Arellano)

روسيا: العودة إلى احتكار الدولة للعنف؟

كاريكاتير عن الجيش الروسي
كاريكاتير عن الجيش الروسي – تصوير سوريان سووساي – تحت رخصة المشاع الإبداعي

شهدت العقود القليلة السابقة تزايد استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة (PMSCs) كبديل عن القوات الحكومية. في بعض الأحيان تحظى ظاهرة الخصخصة هذه بموافقة سريعة من الدولة، وتتركز في المناطق ذات الصراع العسكري المحدود والمناطق التي تعيش فترة ما بعد الصراع. على سبيل المثال قرار الولايات المتحدة استخدام شركة بلاك ووتر لعمليات التأمين بالعراق. وفي حالات الأخرى تم اعتبار الموافقة على القرارات تكتيكية بل وأحيانا بدون داعي.

عندما تكون الدولة غير قادرة على حماية مواطنيها، فإنها تفقد احتكارها في القدرة على ممارسة العنف. ويكون نتيجة ذلك فراغ أمني يملؤه منظمات وشركات قادرة على تقديم الخدمات الأمنية. في العادة تعتبر الجريمة المنظمة أحد أوجه هذه المنظمات، ولكن شركات الأمن الخاصة ظهرت على الساحة الآن. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي مثلا، ظهرت المافيا الروسية بالإضافة إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتقديم خدمات شرطية وأمنية غير قياسية على المستوى المحلي. ويركز تقرير من مجموعة عمل الأمم المتحدة لاستخدام المرتزقة على دور الشركات العسكرية والأمنية الروسية تحديداً لعلاقتها المتشابكة مع الكيانات الإجرامية والشرطية في نفس الوقت.

Rusia: ¿Retorno al monopolio estatal de la violencia?

Arte de Surian Soosay en Flickr (CC BY 2.0)

Las últimas décadas han visto un preocupante incremento en el uso de empresas militares y de seguridad privadas (PMSCs por sus iniciales en inglés) [en] como un sustituto de las fuerzas del gobierno. Algunas veces esta “privatización” se da con el consentimiento expreso del estado y se concentra en “situaciones de conflicto armado de baja intensidad y post conflicto” [en], por ejemplo la decisión de los Estados Unidos de utilizar a Blackwater [en] para operaciones de seguridad en Iraq. En otros casos el consentimiento es tácito o incluso irrelevante.

Cuando el estado es incapaz de proteger a sus propios ciudadanos, pierde el monopolio de la violencia. El vacío de poder resultante es llenado por organizaciones deseosas de brindar el servicio. Tradicionalmente, el crimen organizado es una de tales entidades, pero las agencias de seguridad privada ya lo intentan con la misma frecuencia. Luego del colapso de la Unión Soviética, por ejemplo, la mafia rusa y las PMSCs intervinieron para brindar un cumplimiento de la ley doméstico de bajo nivel. Un reporte de un grupo de trabajo de las NU sobre el uso de mercenarios [en] señala precisamente a las PMSCs rusas por sus relaciones entrelazadas con estructuras criminales y de cumplimiento de la ley.

Cuando chocan los intereses del gobierno y la seguridad privada

Aunque el apogeo de la mafia ha pasado, los negocios privados rusos aún utilizan PMSCs, conocidos como firmas de seguridad privada, o “ChOPs”. Hay aproximadamente 750 mil [ru] rusos trabajando en la industria de los ChOP, muchos de ellos con licencias para portar armas. En 2010 [ru], el gobierno ruso amplió su regulación a estas fuerzas privadas. Como resultado, los ChOPs ahora alquilan armas de fuego al Ministerio del Interior (MVD) [ru], en lugar de tener sus propias armas.

Dmitry Gudkov, Perfil de Livejournal
Gennady Gudkov, Perfil de Twitter

El almacenamiento inadecuado de tales armas de fuego arrendadas fue la razón oficial dada para una redada en Pantan, una ChOP propiedad de la familia Gudkov, el 12 de mayo del 2012. Gennady Gudkov y su hijo Dmitry son miembros del Parlamento ruso por el partido socialdemócrata Una Rusia Justa. Como figuras prominentes en el movimiento de oposición, utilizan además su condición de diputados para negociar con la policía.

El 13 de mayo Dmitry Gudkov blogueó que Pantan – que es formalmente administrada por su madre y hermano – fue inspeccionada por funcionarios que confiscaron alrededor de 100 armas de fuego. Luego, el 25 de mayo, la licencia ChOP de Pantan fue revocada por un mes, llevando a Gudkov a bloguear que la compañía estaba ahora “cerrada.” El consenso general de los bloggers de oposición rusos es que el cierre tuvo motivos políticos.

Los bloggers pro-Kremlin no están de acuerdo, señalando que la empresa de Gudkov estuvo a cargo de la seguridad del aeropuerto Demodedovo de Moscú durante el ataque terrorista del 24 de diciembre. Otros especulan que Gudkov no es más que la última víctima de un ataque general a los Chops.

Después de todo, Pantan no es más que uno de los miembros de un conglomerado de empresas de seguridad llamada Oskord. Desde que Gennady Gudkov fundara Oskord en 1992, ésta ha participado en una serie de actividades que van desde la protección a los convoyes de la ONU al cobro de deudas. Su personal está compuesto por más de siete mil veteranos de seguridad y las fuerzas armadas.

Como tal, Oskord compite por contratos lucrativos con el Cuerpo no ministerial, una rama de MVD que proporciona servicios de seguridad privada. El Ministerio del Interior, al parecer, está ejerciendo presión sobre ChOPs de toda Rusia – tal vez para aumentar su propia cuota de mercado.

El político de la oposición Gennady Gudkov junto a la policía en una protesta en Khimki Forest el 19 de abril del 2012. La familia Gudkov posee una empresa privada de seguridad que recientemente fue cerrada por el gobierno. De Daniel Beilinson (CC BY-SA 2.0)

For example, in Samarskaya Oblast in 2010 twenty-eight ChOP inspections were carried out, and 371 guns were confiscated. A commenter on GuardInfo.ru – an industry resource – summarized the situation accordingly: “Thus it was before the Gudkov case, thus it will be after.”

Por ejemplo, en el oblast de Samarskaya en 2010 veintiocho inspecciones a ChOPs se llevaron a cabo, y 371 armas fueron confiscadas. Un comentarista en GuardInfo.ru – un recurso de la industria – resumió la situación de esta manera: “Así era antes el caso Gudkov, así será después.”

Mientras tanto, la defensora rusa de los derechos a las armas, María Butina, piensa que Gennady Gudkov recibió lo que merecía. Según ella, él era instrumental en la restricción a la propiedad civil de armas de fuego en Rusia. Ella explica la ironía: “… si los civiles pudieran poseer armas de fuego […] el ChOP de Gudkov no sería tan fácil de cerrar por un retiro de armas.”

(Translation by Juan Arellano)

Russie : Retour à un monopole d’Etat sur la violence ?

Illustration de Surian Soosay sur Flickr (CC BY 2.0)

Les dernières décennies ont vu une augmentation inquiétante du recours à des milices militaires privées et des sociétés de sécurité privées (connues sous l’acronyme SMSP en anglais) venues se substituer aux forces gouvernementales. Parfois, cette “privatisation” se déroule avec le consentement formel de l’Etat et est réservée aux “situations de conflits armés de faibles intensité et aux situations post-conflits“. Par exemple, les États-Unis ont décidé de faire appel à la société Blackwater pour assurer des opérations de sécurité en Irak. Dans d’autres cas, le consentement est tacite, voire même inutile.

Lorsque l’Etat est incapable de protéger ses propres citoyens, il perd son monopole sur la violence [en français]. Le vide du pouvoir qui en résulte est comblé par des organisations désireuses d’offrir ce service. Traditionnellement, le crime organisé est une entité de ce type, mais les agences de sécurité, aujourd’hui, s’offrent comme alternatives. Après l’effondrement de l’Union soviétique, par exemple, la mafia russe et les SMSP sont intervenues dans des taches de maintien de l’ordre au niveau national. Un rapport d’un groupe de travail de l’ONU sur le recours à des mercenaires distingue précisément les SMSP russes pour leur implication tant dans des bandes criminelles qu’avec les forces de maintien de l’ordre.

Là où sécurité gouvernementale et privée s’entrecroisent

L’âge d’or de la mafia est passé mais les entreprises privées russes utilisent encore les SMSP, connues comme entreprises de sécurité privées, ou “ChOPs”. Environ 750 000 [russe] Russes travaillent dans le secteur des ChOPs, beaucoup d’entre eux sont autorisés à utiliser des armes à feu. En 2010 [russe], le gouvernement russe a étoffé la réglementation de ces forces privées. En conséquence, les ChOPs louent désormais les armes du ministère de l’Intérieur (le MVD) [russe], plutôt que de les posséder en propre.

Profil sur Livejournal de Dmitry Gudkov
Photo de profil de Gennady Gudkov sur Twitter

Un entreposage inadéquat de ces armes à feu louées a été la raison officielle invoquée pour le raid qui a eu lieu le 12 mai 2012 chez Pantan, une ChOP appartenant à la famille Goudkov. Gennady Goudkov et son fils Dimitri sont membres du parti social-démocrate “Une Russie juste” au Parlement russe. En tant que personnalités connues d’un mouvement d’opposition, ils utilisent aussi leur statut pour négocier avec la police.

Le 13 mai, Dmitri Goudkov a annoncé sur son blog que Pantan – officiellement dirigé par sa mère et son frère – avait été perquisitionné par des agents qui avaient confisqué plus de 100 armes à feu. Plus tard, le 25 mai, la licence ChOP de Pantan a été révoquée pour un mois, menant Goudkov à bloguer que la société était désormais « fermée ». Le consensus général parmi les blogueurs de l’opposition russe est que cette fermeture est due à des motifs politiques.

Les blogueurs pro-Kremlin ne sont pas de cet avis, soulignant que la société de Goudkov était chargée de la sécurité de l’aéroport Demodedovo à Moscou lors des attentats terroristes du 24 décembre. D’autres spéculent que Goudkov n’est que la dernière victime en date d’une offensive générale contre les ChOPs.
Après tout, Pantan n’est qu’une des entités d’un conglomérat d’entreprises de sécurité appelé Oskord. Depuis que Gennady Goudkov a fondé Oskord, en 1992, il a été impliqué dans une série de missions, dont escorter des convois de l’ONU lors de collecte des dettes. Le conglomérat emploie plus de sept milles employés de sécurité et anciens combattants de l’armée.
En tant que tel, Oskord concurrence pour des contrats lucratifs les Corps externes au département, une branche du MVD qui fournit des services de sécurité privée. Le MVD, semble-t-il, fait pression sur les ChOPs à travers la Russie, peut-être dans le but d’accroître sa propre part de marché.

Le politicien de l'opposition Gennady Goudkov debout au côté de la police lors d'une manifestation pour la forêt de Khimki le 19 avril 2012. La famille Goudkov est propriétaire d'une entreprise de sécurité privée qui a été récemment fermée par le gouvernement. Photo Daniel Beilinson (CC BY-SA 2.0)

Par exemple, dans l’oblast de Samarskaya en 2010, vingt-huit inspections ont été effectuées dans les ChOP et 371 armes à feu ont été confisquées. Un commentateur sur GuardInfo.ru – un site spécialisé de ce secteur – a résumé ainsi la situation : “Ainsi en était-il avant l’affaire Goudkov, ainsi en sera-t-il après.”

De son côté, la militante russe pour le droit de port d’armes des particuliers, Maria Butina, pense que Gennady Goudkov a eu ce qu’il méritait. Selon elle, il a contribué à limiter le droit des citoyens russes de posséder des armes de poing. Elle souligne l’ironie : “… si des civils pouvaient posséder des armes de poing […], la ChOP de Goudkov n’aurait pas été si facilement fermée par un rappel des armes.”

(Translation by Reza Nahaboo)


For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

“Are Private Security Companies Performing Inherently Governmental Functions?”  Testimony before the Commission on Wartime Contractingfrom the Center for a New American Security (CNAS), Washington, DC, United States

Private Security Companies and the State Monopoly on Violence: A Case of Norm Changefrom the Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Frankfurt am Main, Germany.

Regulating Private Security in Europe: Status and Prospectsfrom the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Geneva, Switzerland.


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.