WASHINGTON, D.C. – Cuando se encontraba en París como primer embajador de los Estados Unidos en Francia, Thomas Jefferson reflexionó sobre cómo podría el nuevo gobierno de los EE.UU. evitar los errores de los “déspotas” europeos, que mantenían a sus pueblos subyugados mediante la guerra y la deuda. En una carta a James Madison, observó que la Constitución de los EE.UU. había contenido al menos “el perro de la guerra”, al transferir “el poder de darle rienda suelta del Ejecutivo al Legislativo, de quienes han de gastar a quienes han de pagar”.
Sin embargo, la Constitución designa al mismo tiempo al Ejecutivo como “Comandante en Jefe”, poder que los presidentes americanos han invocado para utilizar la fuerza militar sin autorización del Congreso en más de 200 ocasiones. El Presidente Barack Obama contó con ese poder cuando dijo al Congreso y al pueblo americano que tenía la autoridad para ordenar ataques limitados contra Siria sin acudir al Congreso.
Al afirmar simultáneamente esa autoridad y también solicitar la autorización por el Congreso para utilizarla, Obama ingresa en una pequeña clase de dirigentes que procuran activamente limitar su propio poder. Se debe a que ve su legado histórico como el de un presidente que puso fin a guerras e hizo que resultara más difícil iniciarlas y reinvertir, en cambio, los recursos de los Estados Unidos en su propio pueblo. En 2003 se opuso a la guerra del Iraq y en 2008 prometió que pondría fin a la “guerra del terror” ilimitada, que había llegado a ser un posible cheque en blanco para los presidentes de los EE.UU. a fin de utilizar la fuerza en cualquier parte del mundo.
Pero, aparte del sistema de “controles y contrapesos” creado por la Constitución de los EE.UU., ¿tiene sentido que los dirigentes consulten a los ciudadanos decisiones sobre el uso de la fuerza? No cabe duda de que hace más difícil la vida de los dirigentes. El Primer Ministro de Gran Bretaña, David Cameron, fracasó cuando recurrió al Parlamento para que autorizara la participación británica en los ataques de los EE.UU. contra Siria. El Presidente de Francia, François Hollande, afrontó fuertes críticas de los partidos de derecha en la Asamblea Nacional por su asentimiento a participar en los ataques y el Primer Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, que se ofreció a participar en una coalición militar, afronta una fuerte oposición interna a su política sobre Siria.
Hay varios argumentos para no permitir a los representantes del pueblo intervenir en la difícil danza de la política exterior entre la fuerza y la diplomacia. Para empezar, existe la idea tradicional de que la política acaba al borde del agua, donde desagradables desacuerdos internos deben dar paso a la abstracción de un Estado con un interés nacional unificado.
Un argumento relacionado es el de que los procesos políticos internos pueden incapacitar a un gobierno en la gran partida de póquer o ajedrez que debe ser la política internacional. Como acaba de descubrir Obama, un Legislativo que claramente no quiere ir a la guerra debilita las bazas del Ejecutivo en las negociaciones internacionales.
La oportunidad es otro problema. Los procesos legislativos son lentos y con frecuencia tortuosos, mientras que la diplomacia internacional puede modificarse de la noche a la mañana, por cambios de coaliciones, oportunidades inesperadas y trampas ocultas.
Además, a la diplomacia le convienen tratos en la sombra, como el que el Secretario de Estado de los EE.UU. John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acaban de concertar sobre las armas químicas de Siria. En las negociaciones en las que hay mucho en juego, lo último que necesitan los participantes es un debate público sobre las cartas con las que cuenta cada uno de ellos. La amenaza de pasar de las conversaciones a los tanques debe ser creíble, cosa que no será, si un participante contrario puede sencillamente contar votos para ver si existe la necesaria mayoría legislativa.
Aun así, Jefferson estaba en lo cierto. Aunque recurrir al Legislativo puede resultar inconveniente, frustrante e incluso contraproducente, es lo apropiado, por tres razones. En primer lugar, el uso de la fuerza entraña costos en pérdida de vidas humanas, dinero y energía y atención de los dirigentes. Los ciudadanos pagan esos costos, por lo que sus representantes deben decidir si afrontarlos.
En segundo lugar, nunca es más importante para una democracia seguir sus procedimientos y aplicar los principios que en un conflicto armado que afecte a países no democráticos. El pueblo sirio, oprimido y víctima de la brutalidad de su gobierno, debe ver que el pueblo americano tiene una relación diferente con sus dirigentes.
Por último, un componente fundamental de la democracia es un conjunto de normas y procedimientos concebidos para obligar a los funcionarios públicos a justificar sus políticas con razones que se puedan aceptar o rechazar en el debate publico. Al pensar en la posibilidad de una intervención militar en el extranjero, los dirigentes deben explicar sus acciones revelando con claridad en qué sentido están en juego los intereses estratégicos y morales de su país: por ejemplo, cómo pueden enconarse y propagarse la agresión desatada y el sufrimiento atroz.
Los dirigentes preferirían hablar con el lenguaje de unos intereses fácilmente calculables. Hablar de preocupación y escrúpulos morales es entrar en un terreno incómodo e inestable. Como ha dicho el analista político turco Mustafa Akyol, para la mayor parte de la población turca “la preocupación por Siria no se plasma en la actitud de ‘ir a liberarla’ ”. Sin embargo, los dirigentes que necesitan el apoyo de su pueblo para abordar problemas complejos e interdependientes de allende sus fronteras deben socializarlos en un mundo del siglo XXI en el que la preocupación que no vaya acompañada de la adopción de medidas nos pone en peligro a todos.
Estos argumentos no significan que los dirigentes no vayan a utilizar la fuerza de vez en cuando sin recurrir primero a su pueblo. Obama tiene autoridad constitucional para lanzar ataques militares limitados a fin de disuadir y deteriorar la capacidad del Presidente Bashar Al Asad para utilizar armas químicas. Todos los dirigentes pueden mandar sus fuerzas a combatir en casos de emergencia o autodefensa nacionales. Deben preservar su capacidad legal y operativa para actuar rápida y decisivamente cuando sea necesario.
Pero, dos siglos después de Jefferson, los Estados ya no son simples formas coloreadas en un mapa; cada vez más son territorios abiertos y transparentes que consideramos moradas de millones de congéneres humanos. Así, pues, cada vez es más importante que los ciudadanos de un país participen en la decisión de atacar a los de otro.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.
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Anne-Marie Slaughter es presidenta y directora general de la Nueva Fundación de América y profesora de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton.
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