A lo largo de las últimas semanas, hemos asistido en América Latina y los Estados Unidos a una serie de lo que podríamos denominar “momentos marihuana”. Son señales de avance hacia la despenalización y la legalización que no deberían pasar inadvertidas, ya que se producen en el contexto de un apoyo cada vez mayor a la idea de poner fin a décadas de una insensata y sangrienta “guerra contra las drogas”.
El primer momento tuvo lugar durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada a inicios de junio de este año en Antigua (Guatemala). El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentó un informe titulado “El problema de las drogas en las Américas”, que había sido pedido por los jefes de Estado de la región en la última Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia.
El informe, elaborado por expertos de casi todos los estados miembros de la OEA, se divide en dos partes: una excelente sección analítica y un conciso (y algo exasperante) capítulo dedicado a explorar escenarios futuros. El documento es un hito en sí mismo, ya que brinda los datos necesarios para una discusión científica y empírica de una cuestión que demasiadas veces se debate en términos ideológicos.
Se hace en él un análisis pormenorizado de la cuestión: por países (productores, de tránsito, consumidores o mixtos), por sustancias (marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas), por nexos entre sustancias ilícitas y por las consecuencias del consumo, la producción o el comercio de cada droga sobre las sociedades, las instituciones y las relaciones internacionales. El informe también presenta explícitamente la despenalización del consumo de marihuana como una opción legítima, razonable y factible (aunque no la recomienda). Es solo un primer paso, pero un paso enorme.
El segundo “momento marihuana” se dio en Estados Unidos, donde los estados de Washington y Colorado, a raíz de sendas consultas populares celebradas el pasado noviembre, entraron en la recta final hacia la legalización total de la marihuana. Ambos estados acaban de publicar los reglamentos que darán fuerza legal a dichos referendos, y que contemplan temas como la prohibición del consumo por parte de menores, el castigo a quienes conduzcan vehículos bajo los efectos de la droga, los tipos y tasas de impuestos aplicables y el trato que se les dará a los no residentes, entre otras cuestiones difíciles y controvertidas. Al ser los pioneros en este tipo de legislación en los Estados Unidos, es inevitable que ambos estados deban proceder por prueba y error.
Tal vez el aspecto más interesante y llamativo en este proceso sea la elocuente indiferencia del presidente Barack Obama en relación con todo el asunto. Al menos hasta ahora, se ha negado a terciar en la discusión respecto de si la legislación federal debería tener prioridad sobre las leyes estatales; dijo que tiene “asuntos más importantes que atender”.
El tercer “momento marihuana” surge de los últimos avances registrados en los estados de Nueva York e Illinois (tercer y quinto estados más poblados del país, respectivamente) en dirección a la legalización del uso médico de la marihuana. En mayo, la legislatura de Illinois aprobó un proyecto de ley, sumamente restrictivo en relación con el uso terapéutico de la marihuana, al que todavía le falta la firma del gobernador (quien no ha decidido si lo vetará). Poco después, la Asamblea del Estado de Nueva York también sancionó un estricto proyecto de ley sobre el mismo tema, que aún debe pasar por la instancia de aprobación del Senado estatal. Si Nueva York e Illinois siguen por este camino, se convertirán en el 19.° y el 20.° de los 50 estados de la Unión que, junto con el Distrito de Columbia, permiten el uso médico de la marihuana.
Por último, a principios de este mes, Human Rights Watch (la ONG internacional con sede en Estados Unidos) adoptó formalmente una postura favorable a la despenalización total de la posesión y el consumo de drogas y la adopción de un enfoque radicalmente diferente para la cuestión. Más importante aún, invoca para ello criterios basados en los derechos humanos. Vale la pena copiar textualmente la declaración de HRW:
“Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de estas personas. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación. Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad.”
Ninguno de estos últimos avances bastará por sí solo para producir la despenalización. El margen de acción de los gobiernos aún está acotado por diversas convenciones internacionales; por su parte, el gobierno de Estados Unidos todavía se rehúsa a abandonar la estrategia punitiva y prohibicionista que mantiene desde 1981; y ni siquiera los gobiernos latinoamericanos más audaces (como los de Colombia, Uruguay y Guatemala) se atreven a hacer demasiados avances, por temor a quedar aislados.
Mientras tanto, hay presidentes como Dilma Rousseff (de Brasil), Enrique Peña Nieto (de México) y Cristina Fernández de Kirchner (de Argentina) que siguen aferrados a posturas ortodoxas, conservadoras y anacrónicas, y no se moverán de ellas hasta que la opinión pública no les deje alternativa. Sin embargo, algo está pasando en el hemisferio. Los “momentos marihuana” son cada vez más frecuentes. ¿Estaremos cerca de un hito histórico?
Traducción: Esteban Flamini
Jorge G. Castañeda, ex ministro de asuntos exteriores de México entre 2000 y 2003, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.
© Project Syndicate 1995–2013
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