The CSS Blog Network

Disgruntled Democracies

Yo Soy 132, courtesy of Micheal Fleshman /flickr

MEXICO CITY – In 2011 and 2012, tens of thousands of students demonstrated in Santiago, Chile, demanding greater access to higher education. Earlier this year, hundreds of thousands of Brazilians marched in São Paulo, Rio de Janeiro, and Belo Horizonte, calling for improved public-health services, better schools, and cheaper, more efficient public transport. And Colombians and Peruvians from all walks of life (especially peasants, farm owners, and mineworkers), as well as Mexican school teachers, now occupy the centers of Bogotá, Lima, and Mexico City, disrupting inhabitants’ daily lives and creating serious problems for the authorities.

These countries, once models of economic hope and democratic promise in Latin America, have become examples of democracies without legitimacy or credibility. Although they have made significant social progress in recent years, they have become centers of popular unrest. And their presidents, despite their undeniable competence, are watching their approval ratings plummet. » More

Democracias decepcionadas

Yo Soy 132, courtesy of Micheal Fleshman /flickr

CIUDAD DE MÉXICO – En 2011 y 2012, decenas de miles de estudiantes organizaron protestas en Santiago, Chile, para exigir un mayor acceso a la educación superior. Hace unos meses, cientos de miles de brasileños marcharon en San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, para reclamar por mejores servicios de salud pública, mejores escuelas y un transporte público más económico y más eficiente. Y colombianos y peruanos de todos los sectores (especialmente campesinos, dueños de granjas y mineros), así como maestros de escuela mexicanos, hoy copan los centros de Bogotá, Lima y Ciudad de México, alterando la vida diaria de los habitantes y creando graves problemas para las autoridades.

Estos países, alguna vez modelos de esperanza económica y promesa democrática en América Latina, se han convertido en ejemplos de democracias sin legitimidad o credibilidad. Si bien han hecho un progreso social significativo en los últimos años, se han transformado en centros de malestar popular. Y sus presidentes, a pesar de su innegable competencia, están viendo cómo sus índices de aprobación se desmoronan.

Estas paradojas son perplejas y a la vez reveladoras. Por empezar, reflejan un problema de crecimiento económico. La economía de Chile ha tenido un buen desempeño en los últimos dos años, a pesar de los bajos precios mundiales del cobre; pero su tasa anual de crecimiento no está ni cerca de la de los 25 años anteriores. El bálsamo económico aplicado a viejas heridas sociales y culturales está perdiendo su efectividad.

De la misma manera, si bien la economía de Brasil mantuvo una relativa resiliencia después de la recesión de 2009, el crecimiento se desaceleró casi a cero el año pasado. Las tasas de crecimiento en 2012 en Colombia y hasta en Perú, que tuvo un desempeño mejor que el de cualquier otro país latinoamericano desde 2000, también cayeron significativamente. Y México, con el peor desempeño de las cinco economías en los últimos 15 años, se superó a sí mismo; este año, se espera que el crecimiento alcance apenas el 1%, en el mejor de los casos.

Al mismo tiempo, mientras que todos estos países edificaron las instituciones políticas y judiciales necesarias para consolidar sus transiciones a la democracia –desde Brasil a mediados de los años 1980 hasta México en los años 2000-, estas instituciones han pasado a estar (y en algunos casos siempre lo han estado) considerablemente aisladas de las demandas populares. En consecuencia, las protestas tomaron a los presidentes aparentemente receptivos de estos países por sorpresa.

De hecho, Juan Manuel Santos Calderón de Colombia y Dilma Rousseff de Brasil –dos políticos calificados y experimentados- no estaban en absoluto preparados para las protestas de sus países. De la misma manera, Enrique Peña Nieto de México y Ollanta Humala de Perú, que siempre parecieron ser líderes perceptivos, no vieron la tormenta que se estaba gestando.

Como dijo el economista y político chileno Carlos Ominami: “Los hijos de la democracia se han convertido en los principales generadores del cambio; el movimiento social que representan carece de liderazgo político, y las fuerzas políticas del país prácticamente han roto todas sus conexiones con el mundo social”.

Este año, Chile llevará a cabo su sexta elección democrática consecutiva y dos mujeres –la ex ministra de Trabajo Evelyn Matthei y la ex presidenta de centroizquierda Michelle Bachelet (ambas hijas de oficiales militares de alto rango)- hoy lideran las encuestas. Quien gane tendrá que optar entre transformar profundamente las instituciones de Chile o permitir que el malestar social se desmadre.

Brasil enfrenta una prueba similar, ya que la Copa Mundial de fútbol del año próximo y los Juegos Olímpicos del 2016 ponen a prueba la resiliencia y la adaptabilidad de los marcos sociales y macroeconómicos que han impulsado el desarrollo del país durante casi dos décadas. Con certeza, los programas proactivos contra la pobreza, la facilidad para obtener crédito, un auge de las exportaciones de materias primas y un elevado gasto público (financiado por una carga impositiva igualmente pesada) sacaron a millones de habitantes de la pobreza. Pero las expectativas de la clase media emergente –que incluyen una infraestructura eficiente, una educación y servicios de salud de alta calidad y empleos bien pagos- no se cumplieron. Si ni siquiera van a poder entrar a los lujosos estadios nuevos para ver jugar a su selección nacional, no van a estar contentos.

En el mismo sentido, si bien México ha experimentado un rápido crecimiento demográfico y mejoras significativas del nivel de vida en los últimos 15 años, muchos creen que no están recibiendo lo que merecen –o lo que les prometieron-. Los maestros están furiosos porque les endilgan el estado precario del sistema educativo del país y consideran la ley de “reforma educativa” de Peña Nieto como una excusa para limitar el poder de los sindicatos evitando, a la vez, una genuina reforma institucional.

Los residentes de clase media de Ciudad de México –que ejercen una influencia desproporcionada en todo el país- también están enfurecidos, tanto con los maestros por afectar su vida cotidiana como con las autoridades federales y locales por no saber restablecer el orden. En este marco, la credibilidad de las instituciones políticas de México se está erosionando rápidamente.

Sin embargo, existe una cuestión más fundamental en juego que surge de las imperfecciones acumuladas de la democracia representativa en países donde las condiciones sociales y económicas son menos que ideales. Cuando reinaba la excitación post-autoritaria y prevalecía el rápido crecimiento económico, estas imperfecciones eran manejables; ahora, cuando la excitación se desvanece y el crecimiento económico es un recuerdo, se han convertido en inmensos desafíos.

Este problema trasciende América Latina. Como señalaron observadores como Joshua Kurlantzick, un alejamiento global de un gobierno representativo, motivado por clases medias cada vez más desilusionadas, está en proceso. Para los líderes electos, el dilema es que no existen soluciones sencillas –y muy poca paciencia pública para otras más complejas.

Copyright Project Syndicate


Jorge G. Castañeda, ex ministro de Relaciones Exteriores de México (2000-2003), es profesor de Política y Estudios sobre Latinoamérica y el Caribe en la Universidad de Nueva York.


For additional material on this topic please see:

Challenges to Democracy in the Western Hemisphere

Latin America’s Left Gets Cozy

Tall, Grande, or Venti: Presidential Powers in the United States and Latin America


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

De San Francisco à la mer de Chine du sud

Chinese Navy ship arrives in Pearl Harbor, September 2006, courtesy of US Navy/Wikimedia Commons

OSAKA – Les disputes territoriales et maritimes entre la Chine, Taiwan et différents états d’Asie du sud-est qui secouent la région de la mer de Chine du sud offrent bien peu de perspectives de résolution à court terme. Mais l’actuel délicat statut quo peut être tenable, aussi longtemps que les différentes parties opteront pour de sérieuses mesures de confiance par le biais de forums multilatéraux tout en maintenant la dissuasion vis-à-vis de la Chine et l’engagement de ne pas recourir à la force offensive.

Naturellement, la Chine veut éviter toute interférence de la part de quelque grandes puissances extra-régionales, particulièrement des Etats-Unis, préférant des négociations bilatérales avec des requérants régionaux plus faibles, qu’elle peut plus facilement dominer. Les puissances extra-régionales, cependant, citent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (United Nations Convention on the Law of Sea ) – et plus précisément la liberté de navigation et le droit de passage innocent – pour justifier leur implication.

Dans la mesure où les disputes autour de la mer de Chine du sud émanent de revendications croisées sur des « zones économiques exclusives, » et non sur la pleine mer, la convention onusienne n’est pas totalement pertinente. Mais un autre accord international donne certaines directions pour résoudre ces disputes : le Traité de paix de San Fransisco (San Francisco Peace Treaty,) entré en application en 1952 et qui permit officiellement de mettre un terme à la deuxième guerre mondiale dans la région Asie-Pacifique.

Selon les termes de ce traité, le Japon renonçait à ses revendications souveraines sur les îles Spratly et Paracel, mais ne les réattribuaient pas à un pays en particulier. En conséquence, ces îles restèrent juridiquement sous la garde collective des 48 autres pays signataires de ce traité – dont deux requérants intéressés par ces îles, les Philippines et le Vietnam.

La Chine – à l’époque dans sa troisième année de régime maoïste – n’a même pas été invitée à participer à la Conférence pour la paix. Les communistes de Mao avaient clairement remporté la guerre civile et s’étaient assuré le contrôle de la Chine continentale, mais les organisateurs de la conférence étaient en désaccord sur le choix du gouvernement – celui de la République Populaire de Chine (RPC) de Mao à Pékin, ou bien celui de la République de Chine (RC) à Taipei – qui devait y représenter la Chine. La RPC nie donc tout lien juridique à ce traité.

Mais ce traité s’applique à la RPC indirectement au travers du traité de paix bilatéral entre le Japon et la RC de 1952, qui avaient ratifié le document quelques heures à peine avant que le Traité de San Fransisco ne soit effectif et ne réaffirme ses termes – surtout la renonciation du Japon à Taiwan. En effet, le Traité de San Francisco exigeait que le traité entre le Japon et la RC soit en phase avec ses propres conditions, interdisant ainsi au Japon de confier dans son traité avec la RC tout droit ou titre supplémentaire à aucun pays qui ne serait pas signataire du Traité de San Francisco. Le Japon est donc dans l’incapacité de reconnaître Taiwan comme faisant partie du territoire souverain de la RPC.

Le Traité de San Francisco n’est certainement pas en soi juridiquement contraignant pour la RPC. Mais pour le Japon, la RPC a clairement succédé à la RC à Taiwan, ainsi que le prouve le Communiqué conjoint entre le Japon et la RPC (Japan-PRC Joint Communiqué,) de 1972 sur la base duquel le Traité de paix et d’amitié bilatéral (Treaty of Peace and Friendship) sera conclu six ans plus tard. Lorsque le Japon a pris la décision de reconnaître diplomatiquement la RPC, plutôt que la RC, il l’a reconnue comme le « seul gouvernement légal de la Chine. » Compte tenu du fait que le Japon ne reconnaissait pas la Chine comme un nouvel état – la reconnaissance internationale de l’état chinois subsiste sans interruption depuis l’instauration du gouvernement de la RC en 1972 – la RPC a effectivement accepté les droits et les obligations du gouvernement précédent.

En outre, le Japon n’a pas reconnu Taiwan comme faisant partie de la Chine, car cela aurait empiété sur ses obligations découlant du Traité de San Fransisco. Le Japon a fort bien « compris » et « respecté » la déclaration de la Chine stipulant que Taiwan constituait une partie « inaliénable » de son territoire, mais il n’a pas estimé que la revendication fût en accord avec le droit international. Les deux pays se sont simplement accordés de ne pas s’accorder sur le statut juridique de Taiwan. En d’autres termes, le Japon a renoncé à Taiwan sans le réattibuer.

A ce jour, la Chine ne s’est pas exprimée sur les implications du Traité de San Francisco par rapport à ses revendications en mer de Chine du sud. Cela pourrait simplement être le reflet d’un manque cruel d’expertise juridique internationale dans le domaine, à moins que ce ne soit les cercles politiques alambiqués et segmentés de l’état chinois. Mais cela pourrait aussi émaner d’inquiétudes concernant le fait que l’utilisation de la logique juridique du traité, laquelle s’oppose à la position de la Chine sur Taiwan, pour résoudre les disputes territoriales actuelles pourrait saper sa crédibilité et affaiblir sa position.

A moins de trouver une issue, la Chine pourrait utiliser les disputes en mer de Chine du sud pour étendre effectivement son hégémonie sur les requérants plus faibles. Toutes les parties impliquées dans ces disputes, y compris la Chine, peuvent se prévaloir de liens géographiques et historiques avec ces îles pour soutenir leur cause, mais aucun d’entre eux n’a de titre juridique indisputable selon le Traité de San Francisco.

Les Etats-Unis et les puissances extra-régionales devraient tirer avantage de ce fait pour invoquer leur garde collective latente des îles Spratly et Paracel en accord avec le Traité de San Francisco, et internationaliser des processus diplomatiques bilatéraux séparés entre la Chine et les requérants régionaux. Les signataires du traité pourraient même tenir une conférence pour délibérer le sujet. Dans la mesure où elle exclurait la Chine, une telle discussion serait en soi déterminante.

Traduit de l’anglais par Frédérique Destribats

Copyright Project Syndicate


Masahiro Matsumura est professeur en politique internationale à l’Université de Saint Andrew (Momoyama Gakuin Daigaku) à Osaka.


For additional reading on this topic please see:

China’s Toughness on the South China Sea – Year II

Maritime Confidence Building Measures in the South China Sea Conference

The Limits of ‘Assertive’ Behavior: US-China Relations and the South China Sea


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

From San Francisco to the South China Sea

Chinese Navy ship arrives in Pearl Harbor, September 2006, courtesy of US Navy/Wikimedia Commons

OSAKA – Territorial and maritime disputes among China, Taiwan, and several Southeast Asian countries are roiling the South China Sea region, with little prospect of resolution anytime soon. But the current uneasy status quo may be tenable, so long as the parties embrace serious confidence-building measures through multilateral forums while maintaining effective deterrence vis-à-vis China and a commitment not to use offensive force.

Naturally, China is eager to exclude interference by extra-regional great powers, particularly the United States, preferring bilateral negotiations with weaker regional claimants that it can more easily dominate. Extra-regional powers, however, cite the United Nations Convention on the Law of Sea – specifically, the freedom of navigation and the right of innocent passage – to justify their involvement.

Given that the South China Sea disputes stem from overlapping claims to “exclusive economic zones,” not open ocean, the UN convention is not entirely relevant. But another international agreement does provide some guidance for settling these disputes: the San Francisco Peace Treaty, which entered into force in 1952 and officially ended World War II in the Asia-Pacific region. » More

من سان فرانسيسكو إلى بحر الصين الجنوبي

Chinese Navy ship arrives in Pearl Harbor, September 2006, courtesy of US Navy/Wikimedia Commons

أوساكا ــ إن النزاعات على الأراضي والمناطق البحرية بين الصين وتايوان والعديد من بلدان جنوب شرق آسيا تقض مضاجع منطقة بحر الصين الجنوبي وتعكر صفوها، ولا تلوح في الأفق القريب أي احتمالات لحل هذه النزاعات. ولكن الوضع الراهن غير المستقر حالياً قد يكون محتملاً ما دامت كل الأطراف حريصة على بناء الثقة بشكل جاد من خلال المحافل المتعددة الأطراف، وفي الوقت نفسه صيانة قدرة الردع الفعّالة في مواجهة الصين والالتزام بعدم استخدام القوة الهجومية.

بطبيعة الحال، تحرص الصين على استبعاد أي تدخل من قِبَل قوى كبرى من خارج المنطقة، وخاصة الولايات المتحدة، فتفضل المفاوضات الثنائية مع المطالبين الإقليميين الأضعف والتي يمكنها السيطرة عليهم بسهولة أكبر. بيد أن القوى من خارج المنطقة تستشهد باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ــ وعلى وجه التحديد حرية الملاحة وحق المرور البريء ــ لتبرير تدخلها.

ولأن نزاعات بحر الصين الجنوبي تنبع من المطالبات المتداخلة “بمناطق اقتصادية خالصة” وليس المحيط المفتوح، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لا تنطبق عليها بالكامل. ولكن اتفاقية دولية أخرى تقدم لنا بعض الإرشاد والتوجيه في تسوية هذه المنازعات: معاهدة سان فرانسيسكو للسلام، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1952 وأنهت الحرب العالمية الثانية رسمياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بموجب هذه المعاهدة، تخلت اليابان عن مطالباتها بالسيادة على جزر سبراتلي وباراسيل، ولكن المعاهدة لم تتحدث عن إعادة تخصيص الجزر لأي دولة أخرى بعينها. ونتيجة لهذا فإن هذه الجزر تظل من الناحية القانونية تحت الوصاية الجماعية لثماني وأربعين دولة (الأطراف الأخرى في المعاهدة) ــ بما في ذلك دولتين تطالبان بالجزر، وهما الفلبين وفيتنام.

ولكن الصين ــ التي كانت آنذاك في العام الثالث من حكم ماو تسي تونج ــ لم تُدع حتى للمشاركة في مؤتمر السلام. ورغم أن الشيوعيين بقيادة ماو انتصروا بوضوح في الحرب الأهلية ونجحوا في تأمين سيطرتهم على البر الرئيسي للصين، فإن منظمي المؤتمر اختلفوا حول أي من الحكومتين ــ حكومة جمهورية الصين الشعبية بقيادة ماو في بكين، أو حكومة جمهورية الصين بقيادة شيانج كاي شيك في تايبيه ــ تمثل الصين حقا. ونتيجة لهذا فإن جمهورية الصين الشعبية تنفي التزامها قانوناً بالمعاهدة.

ولكن المعاهدة تنطبق على جمهورية الصين الشعبية بشكل غير مباشر من خلال معاهدة السلام الثنائية بين جمهورية الصين (تايوان) واليابان في عام 1952، والتي تم التوقيع عليها قبل ساعات فقط من دخول معاهدة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ والتأكيد على شروطها ــ وخاصة تنازل اليابان عن تايوان. والواقع أن معاهدة سان فرانسيسكو ألزمت المعاهدة بين جمهورية الصين واليابان بالتوافق معها، وبالتالي منعت اليابان من تعيين أي حقوق إضافية في معاهدتها مع جمهورية الصين أو أي حق قانوني لدى أي دولة أخرى من غير الأطراف الموقعة على معاهدة سان فرانسيسكو. ونتيجة لهذا فإن اليابان لا تستطيع الاعتراف بتايوان كجزء من الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية الصين الشعبية.

لا شك أن معاهدة سان فرانسيسكو ليست ملزمة قانوناً في حد ذاتها لجمهورية الصين الشعبية، ولكن بالنسبة لليابان فإن جمهورية الصين الشعبية كانت خلفاً لجمهورية الصين في تايوان بشكل واضح كما أظهر البيان المشترك بين اليابان وجمهورية الصين الشعبية في عام 1972، والذي على أساسه أبرمت معاهدة السلام والصداقة الثنائية بعد ست سنوات. وعندما حولت اليابان اعترافها الدبلوماسي من جمهورية الصين إلى جمهورية الصين الشعبية، فإنها اعترفت بالأخيرة بوصفها “الحكومة الشرعية الوحيدة للصين”. ولأن اليابان لم تكن بذلك تعترف بالصين باعتبارها دولة جديدة ــ فالاعتراف الدولي بالدولة الصينية ظل قائماً دون انقطاع منذ ظهرت حكومة جمهورية الصين في عام 1912 ــ فإن هذا يعني أن جمهورية الصين الشعبية قَبِلَت عملياً حقوق والتزامات الحكومة السابقة.

وعلاوة على ذلك فإن اليابان لم تعترف بتايوان جزءاً من الصين، على أساس أن مثل هذا الاعتراف من شأنه أن يشكل خرقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة سان فرانسيسكو. ورغم أن اليابان “تتفهم” بشكل كامل و”تحترم” إعلان جمهورية الصين الشعبية بأن تايوان جزء “لا يتجزأ” من أراضيها، فإنها لم تعترف بهذه المطالبة وفقاً للقانون الدولي. وقد اتفق البلدان ببساطة على الاختلاف حول وضع تايون القانوني. وبعبارة أخرى فإن اليابان تنازلت عن تايوان من دون إعادة تعيينها.

وحتى يومنا هذا، التزمت اليابان الصمت بشأن الآثار المترتبة على معاهدة سان فرانسيسكو في ما يتصل بمطالباتها في بحر الصين الجنوبي. وقد يعكس هذا ببساطة قلة الخبرة القانونية الدولية في هذا المجال. ولكنه قد ينبع أيضاً من المخاوف من أن يكون استخدام التعليل القانوني الوارد في المعاهدة، والذي يتعارض مع موقف الصين بشأن تايوان، لحل المنازعات الحدودية اليوم، سبباً في تقويض مصداقيتها وإضعاف موقفها.

وإذا تُرِكَت المنازعات في بحر الصين الجنوبي بلا حل فقد تستغلها الصين لاكتساب الهيمنة الفعلية على الجهات المطالبة الأضعف. والواقع أن كل أطراف المنازعات، بما في ذلك الصين، بوسعها أن تستشهد بصلات جغرافية وتاريخية تربطها بالجزر في دعم مطالباتها، ولكن أياً من هذه الأطراف لا يملك سنداً قانونياً متيناً بموجب معاهدة سان فرانسيسكو.

ينبغي للولايات المتحدة وغيرها من القوى الإقليمية من خارج المنطقة أن تغتنم الفرصة التي توفرها هذه الحقيقة، فتستدعي وصايتها الجماعية على جزر سبراتلي وباراسيل وفقاً لمعاهدة سان فرانسيسكو، لتدويل العمليات الدبلوماسية الثنائية بين الصين والجهات المطالبة الإقليمية. بل إن أطراف المعاهدة بوسعها حتى أن تعقد مؤتمراً للتداول بشأن هذا الأمر. ولأنها سوف تستبعد الصين، فإن هذه المناقشة وحدها كفيلة بتغيير قواعد اللعبة بالكامل.

ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate


ماساهيرو ماتسومورا أستاذ السياسة الدولية في جامعة سانت أندروز في أوساكا.


For additional reading on this topic please see:

China’s Toughness on the South China Sea – Year II

Maritime Confidence Building Measures in the South China Sea Conference

The Limits of ‘Assertive’ Behavior: US-China Relations and the South China Sea


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

Page 3 of 8