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El enigma de la defensa europea

Photo: Eurocorps/Wikimedia Commons.

PARIS – Si bien los ciudadanos de Europa apoyan mayoritariamente la creación de una política común en los ámbitos de la seguridad y la defensa, la mayor parte de sus gobernantes han demostrado una clara falta de interés en crearla. Esto se puede advertir en, por ejemplo,  la reunión del Consejo Europeo realizada el mes pasado. ¿Cómo se entiende esta paradoja?

Una posible explicación es que los gobiernos europeos carecen de los medios para satisfacer las expectativas de sus votantes debido a las limitaciones financieras por las que están pasando. Pero no se trata de un argumento muy convincente, ya que el problema se planteaba en términos prácticamente idénticos hace tres décadas, cuando no había estrecheces de presupuesto. De hecho, se podría argüir que esas limitaciones tendrían que impulsar, más que impedir, la creación de una estructura común de defensa europea. A fin de cuentas, así los países miembros podrían hacer un uso conjunto de sus recursos, coordinar programas y racionalizar costes, reduciendo con ello las cargas financieras individuales.

Otra explicación, mucho más creíble, es que las interpretaciones de los europeos sobre lo que es “una política de seguridad más sólida y activa” difieren mucho entre sí. De hecho, en los debates que se dan hoy en Europa sobre el uso de la fuerza es posible distinguir tres perspectivas principales, representadas por Francia, el Reino Unido y Alemania.

El único país de la Unión Europea que parece realmente interesado en dar respuesta a la demanda popular de estructuras de seguridad europeas más sólidas es Francia, que una vez más ha intervenido en África, esta vez para restaurar el orden en la República Centroafricana. Los franceses ven a Europa como una especie de superpotencia, lo que conlleva una capacidad militar correspondiente.

Si bien es probable que esta visión tenga sus raíces en el trasfondo histórico francés en lo político y militar, también refleja los intereses actuales del país. Como la mayor potencia militar de Europa (a pesar de que el presupuesto de defensa británico es mayor), Francia desempeñaría un papel clave en cualquier operación militar europea de gran alcance.

Por su parte, el Reino Unido cree (al igual que Francia) que el poderío militar es necesario para lograr una efectividad estratégica, pero plantea que su oposición a una estructura común de defensa se debe a que considera que la OTAN (y por ende, Estados Unidos) es esencial para la defensa europea. Sin embargo, dado que ningún otro país de la UE ha considerado en serio excluir a la OTAN, este argumento no parece mucho más que una excusa.

La verdad es que el único tipo de defensa que aceptan los británicos es la conducida por una coalición de estados europeos que actúen bajo sus propias banderas, como ocurrió en Libia. Desde el punto de vista británico, las operaciones “europeas” deberían limitarse a objetivos humanitarios y de mantenimiento de la paz. Aunque participó en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África, se trató más de una operación de patrullaje que militar, guiada por el interés en común de proteger las rutas comerciales que parten de Oriente Próximo y Asia.

La visión de Alemania sobre este tema es muy diferente a las que sostienen Francia y el Reino Unido. A diferencia de este último, los germanos apoyan una política europea de seguridad y defensa, subrayando con orgullo su sólido presupuesto militar y su importante presencia en las misiones europeas (superior a la de la agobiada Francia). Y si bien comparte la creencia británica de que la responsabilidad principal de la protección de Europa debe recaer en la OTAN, opina de manera todavía más restrictiva acerca del alcance de la intervención europea: debería limitarse al continente y no incluir operaciones de combate.

De hecho, la mayoría de los ciudadanos europeos prefiere que sus fuerzas armadas se excluyan de las misiones que no sean de combate. Hasta ahora, prácticamente todas sus operaciones militares han apuntado a evacuar a sus ciudadanos, entregar ayuda humanitaria o mantener la paz tras un conflicto.

Estas diferencias de visión explican la incertidumbre que existe tras las últimas intervenciones de Francia en África. Los franceses han lamentado el escasísimo apoyo ofrecido por el resto de Europa a sus operaciones en Mali y la República Centroafricana, de lo cual un buen ejemplo es el rechazo de Alemania a crear un fondo para operaciones en estados que no sean miembros de la UE.

Sin embargo, considerando la urgencia de las situaciones de Libia, Mali y la República Centroafricana, esta falta de apoyo no ha afectado las iniciativas de Francia tanto como si se hubieran consultado con los líderes europeos. De todos modos, los alemanes las habrían rechazado de habérseles preguntado.

Este conflicto entre la necesidad de una respuesta rápida y el requisito de deliberar previamente explica por qué es improbable que alguna vez se pongan en práctica los “grupos tácticos” de los que tanto se ha hablado. El hecho de que a la mayoría de los europeos les baste un involucramiento político y militar limitado cuando sea necesario desplegarlo fuera de Europa hace menos factible que en el futuro haya una mayor cooperación en el ámbito defensivo.

Un pesimista diría que los europeos no son capaces (o, al menos, no tienen la voluntad) de replantear su política de defensa porque, en último término, Estados Unidos garantiza su seguridad a través de la OTAN. Según este punto de vista, los esfuerzos de Francia por estimular la integración trasatlántica y la acción política autónoma no serán suficientes para cambiar la mentalidad de la mayoría de los europeos.

Una interpretación más optimista diría que Europa precisa de estructuras de defensa que reflejen el papel de los estados miembros, no solamente el de la UE. Desde esta perspectiva, Europa sí tiene una presencia militar importante, ya sea en Afganistán y Libia o Mali y la República Centroafricana. Eso es ya un comienzo.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

Copyright Project Syndicate


Zaki Laïdi es profesor de Relaciones Internacionales en l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) y autor de Limited Achievements: Obama’s Foreign Policy (Logros limitados: la política exterior de Obama).


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El fallido golpe de Estado burocrático de Turquía

Recep Tayyip Erdoğan and Fethullah Gülen

Recep Tayyip Erdoğan (a la izquierda) y Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.

ANKARA – La semana pasada, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan intensificó la respuesta de su gobierno a las investigaciones de corrupción que han estado agitando al país desde diciembre, mediante la reestructuración de la dirección del poder judicial y de la policía. Pero sería un error considerar esto como una lucha entre el poder ejecutivo y el poder judicial, o como un intento de encubrir los cargos que han llevado a la dimisión de tres ministros. Lo que está en discusión es la independencia y la imparcialidad de las autoridades policiales. De hecho, en medio de acusaciones de pruebas falsas, Erdoğan ahora dice que no se opone a que los oficiales militares de alto rango acusados de conspirar para derrocar a su gobierno sean sometidos a nuevos juicios.

Los recientes acontecimientos reflejan la brecha cada vez mayor entre el gobierno de  Erdoğan y el movimiento Gülen, liderado por Fethullah Gülen, un predicador islámico autoexiliado que en la actualidad reside cerca de Filadelfia. El movimiento Gülen dio un apoyo importante al Partido de la Justicia  y el Desarrollo (AKP), y sus esfuerzos por establecer un control civil que reemplace al militar durante los dos primeros años que AKP estuvo en el poder. Ahora, sin embargo, el movimiento parece estar planificando un golpe de Estado propio.

Muchos miembros de la judicatura y de la policía asociados a la ola de acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios de gobierno, empresarios y miembros de la familia de los políticos están conectados con el movimiento Gülen. Lo que comenzó como una investigación sobre presunta corrupción pronto se convirtió en una campaña de desprestigio apoyada por la oposición.

Las luchas actuales de Turquía plantean importantes interrogantes sobre la relación apropiada entre los burócratas y los funcionarios electos en una democracia pluralista. Responder a dichas interrogantes  requerirá de un debate que trascienda temas como la separación de poderes y la independencia judicial y dilucide cuál es la relación apropiada entre la política y la religión. Por eso, es crucial comprender el contexto histórico de la actual crisis.

Cuando Turquía se convirtió en una democracia en el año 1950, las élites seculares kemalistas del sistema anterior intentaron aprovechar el poder de los militares y la burocracia para controlar al gobierno electo. De hecho, los militares turcos, con el apoyo del poder judicial, intervinieron de manera explícita en el funcionamiento del gobierno civil en los años 1960, 1971, 1980 y 1997, en cada una de estas ocasiones a nombre de proteger el secularismo.

En respuesta, varios grupos religiosos, entre ellos el movimiento Gülen, incentivaron  a sus seguidores a tomar posiciones en ámbitos burocráticos y militares. En la década de 1990, los gobiernos seculares respaldados por los militares contraatacaron, tratando de purgar a los burócratas  y líderes militares religiosos: se consideran de manera inmediata como sospechosos a aquellos que no consumía bebidas alcohólicas, o cuyos familiares llevaban pañuelos en la cabeza.

Con la normalización de la democracia turca tras la victoria del AKP en el año 2002, se eliminaron las restricciones a la contratación, el empleo y la promoción de los ciudadanos religiosos en las altas esferas de la burocracia – un proceso que benefició especialmente a los miembros del movimiento Gülen, con su amplia educación, medios de comunicación y redes de empresas. Los seguidores de Gülen – que decían apoyar la democracia liberal y la forma tolerante, moderna del Islam adoptada por el AKP – parecían ser los aliados naturales del gobierno de Erdoğan.

Durante una década, las empresas conectadas a Gülen jugaron un papel ampliamente reconocimiento – y apreciado – en el crecimiento económico y el desarrollo de Turquía, mientras que las escuelas del movimiento Gülen capacitaban a los estudiantes a buscar trabajos de servicio público. Siempre y cuando los burócratas se recluten y promuevan en base a méritos, el AKP no tenía ningún problema en aceptar una excesiva representación de los seguidores Gülen en ciertas ramas del gobierno.

Esta aceptación se basaba en la creencia de que los miembros de Gülen se iban a adherir a la exigencia fundamental en una democracia pluralista que dicta que los burócratas – ya sean musulmanes en Turquía, mormones en los Estados Unidos, o budistas en Japón – no permiten que sus convicciones religiosas se pongan por encima de su compromiso con el servicio público y el imperio de la ley. Lo que el gobierno no se imaginaba era que emergería una nueva visión de tutelaje burocrático sobre el gobierno civil.

Aunque los seguidores Gülen han estado en desacuerdo con varias de las políticas del gobierno, en gran medida dieron su respaldo al AKP en las tres últimas elecciones. Lo que los llevó a rechazar completamente al partido fue un debate político sobre la reestructuración  de  las “academias preparatorias”— costosas instituciones privadas que preparan a las personas a los graduados de las escuelas secundarias para sus exámenes de ingreso a la universidad.

El movimiento Gülen opera por lo menos una cuarta parte de estas escuelas, que forman un componente clave de la red de educación de millones de dólares del movimiento y ayuda a reclutar nuevos miembros. Los miembros del movimiento por lo tanto consideraron que el debate en torno a las academias preparatorias como un desafío directo a su influencia.

Pero su reacción fue desproporcionada – entre otras cosas debido a que los planes del gobierno no habían finalizado. Además, la propuesta no tuvo nada que ver con el movimiento Gülen; el gobierno estaba respondiendo a las quejas de los ciudadanos por tener que pagar montos extravagantes para preparar a sus hijos para que ingresen a universidades públicas gratuitas. Y el movimiento Gülen no fue capturado exactamente con la guardia baja; los representantes de las academias de preparación ya habían entablado un diálogo con los funcionarios del ministerio de educación ya hace algún tiempo atrás.

Como en cualquier democracia, la crítica pública de las políticas del gobierno de Turquía es normal y saludable. Pero los intentos de chantajear, amenazar y negociar de manera ilegal con el gobierno de los miembros del poder judicial y de la fuerza policial alineados con Gülen son inaceptables.

Ahora, corresponde a los tribunales discernir la verdad acerca de la corrupción entre los llamados  “servidores públicos” de Turquía. Pero todos los indicios apuntan a una cruzada política coordinada por los seguidores Gülen, incluyendo los principales fiscales implicados en los casos recientes de corrupción y los medios de comunicación pro-Gülen que han defendido con firmeza la imparcialidad de los fiscales (a pesar de las muchas irregularidades – como extensas escuchas telefónicas no autorizadas – que han salido a la luz). Por otra parte, se sospecha que un grupo coordinado dentro del poder judicial ha plantado pruebas – acusaciones que han llevado a los llamados a que se lleven a cabo nuevos juicios para el personal militar.

Desde luego, esto no quiere decir que no hubo intentos de golpe de Estado por parte de miembros de las fuerzas armadas en el pasado o casos de corrupción de políticos y burócratas. El punto es que Turquía necesita reformas judiciales que eliminen la posibilidad de que camarillas organizadas manipulen sus poderes constitucionales para promover sus propios objetivos estrechos.

Esta es una línea roja para cualquier democracia pluralista. Los ciudadanos de manera individual deben tener la libertad de vivir de acuerdo con sus creencias; pero no se debe permitir que una visión teológica inexplicable de forma a su comportamiento como funcionarios y burócratas.

De manera más general, el debate sobre el movimiento Gülen debe servir como una oportunidad para aclarar la relación entre la religión y la política, mientras que al mismo tiempo que se recuerde al público turco – y los países de mayoría musulmana en la región – de los valores democráticos básicos que han permitido que Turquía se desarrolle y prospere.

Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Copyright Project Syndicate


Ertan Aydin es consejero sénior del primer ministro de Turquía Recep Tayyip Erdoğan.


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Turkey’s Failed Bureaucratic Coup

Recep Tayyip Erdoğan and Fethullah Gülen

Recep Tayyip Erdoğan (left) and Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.

ANKARA – Last week, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan intensified his government’s response to the corruption investigations that have been roiling the country since December, restructuring the leadership of the judiciary and police. But it would be a mistake to view this as a fight between the executive and the judiciary, or as an attempt to cover up charges that have led to the resignation of three ministers. What is at issue is the law-enforcement authorities’ independence and impartiality. Indeed, amid charges of fabricated evidence, Erdoğan now says that he is not opposed to retrials for senior military officers convicted of plotting to overthrow his government.

The recent developments reflect the widening rift between Erdoğan’s government and the Gülen movement, led by Fethullah Gülen, a self-exiled Islamic preacher currently residing near Philadelphia. The Gülen movement was an important backer of the governing Justice and Development Party (AKP) and its efforts to establish civilian control over the military during the AKP’s first two terms in office. Now, however, the movement appears to have been plotting a coup of its own. » More

Le coup d’état bureaucratique de la Turquie

Recep Tayyip Erdoğan and Fethullah Gülen

Recep Tayyip Erdoğan (à gauche) et Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.

ANKARA – La semaine dernière, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan a intensifié la réponse de son gouvernement aux enquêtes de corruption qui secouent le pays depuis décembre en restructurant les directions du système judiciaire et de la police. Mais ce serait une erreur d’y voir un conflit entre l’exécutif et le système judiciaire, ou une tentative de couvrir les accusations qui ont entrainé la démission de trois ministres. Il est surtout question ici de l’indépendance et de l’impartialité des autorités de renforcement de la loi. En effet, compte tenu d’accusations de fabrication de preuves, Erdoğan déclare maintenant ne pas être opposé à ce que certains cadres de l’armée accusés de complot contre son gouvernement soient rejugés.

Les récents développements reflètent l’ampleur du fossé qui sépare le gouvernement Erdoğan et le mouvement Gülen, dirigé par Fethullah Gülen, prédicateur islamique auto-exilé résident actuellement près de Philadelphie. Le mouvement Gülen fut un soutien important du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, et à ses efforts pour établir un contrôle civil sur l’armée pendant les deux premiers mandats de l’AKP. Aujourd’hui cependant, le mouvement semble avoir fomenté son propre coup.

De nombreux membres du système judiciaire et des forces de police, impliqués dans la vague d’accusations pour corruption de responsables du gouvernement, d’hommes d’affaire et de familiers d’hommes politiques, sont liés au mouvement Gülen. Ce qui avait commencé comme une simple enquête pour des faits présumés de corruption s’est rapidement transformé en une campagne de sabotage orchestrée par l’opposition.

Les actuelles difficultés de la Turquie soulèvent d’importantes questions sur la relation appropriée entre fonctionnaires et responsables élus dans une démocratie pluraliste. Le débat qui permettra d’y répondre devra transcender les questions de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice et clarifier ce que doivent être les liens entre politique et religion. Pour cela, il est essentiel de bien comprendre le contexte historique de la crise actuelle.

Lorsque la Turquie devint une démocratie en 1950, les élites laïques kémalistes du précédent système tentèrent d’exploiter le pouvoir de l’armée et de l’administration publique pour prendre le contrôle du gouvernement élu. En fait, les militaires turcs, soutenus par le système judiciaire, sont explicitement intervenus dans le fonctionnement du gouvernement civil en 1960, 1971, 1980, et 1997, à chaque fois au nom de la protection de la laïcité.

En réaction, différents groupes religieux, dont le mouvement Gülen, ont encouragé leurs partisans à intégrer la fonction publique et l’armée. Dans les années 1990, les gouvernements laïques successifs soutenus par l’armée ont répondu en tentant de purger les fonctionnaires religieux et les cadres militaires : ceux qui ne consommaient pas d’alcool, ou dont les membres de la famille portaient le foulard, étaient immédiatement suspectés.

Avec la normalisation de la démocratie turque à la suite de la victoire de l’AKP en 2002, ces restrictions sur le recrutement, l’emploi, et la promotion de citoyens religieux aux échelons supérieurs de la fonction publique furent annulées – un processus qui a particulièrement bénéficié aux membres du mouvement güleniste, avec ses réseaux étendus d’institutions éducatives, de médias et d’entreprises. Les partisans de Gülen – qui prétendaient soutenir une démocratie libérale et la forme d’Islam tolérant et moderne adoptée par l’AKP – semblaient des alliés naturels du gouvernement Erdoğan.

Pendant dix ans, les entreprises liées au mouvement güleniste ont joué un rôle largement reconnu – et apprécié – dans la croissance économique et le développement de la Turquie, tandis que les écoles dirigées par le mouvement formaient les étudiants afin qu’ils occupent des postes dans le secteur public. Aussi longtemps que les fonctionnaires étaient recrutés et promus sur la base du mérite, l’AKP n’a eu aucun problème à accepter la surreprésentation des gülenistes dans certaines branches de l’administration.

Une situation fondée sur une conviction, celle que les membres gülenistes adhéreraient aux obligations fondamentales d’une démocratie pluraliste selon laquelle les fonctionnaires – qu’ils soient musulmans en Turquie, mormons aux Etats-Unis, ou bouddhistes au Japon – ne laisseraient pas leurs convictions influencer leur engagement envers le service public et l’autorité de la loi. Ce que le gouvernement n’avait pas imaginé était l’émergence d’une nouvelle vision de la tutelle de l’administration sur le gouvernement civil.

Les gülenistes ont remis en question plusieurs mesures du gouvernement mais ils ont largement soutenu l’AKP au cours des trois dernières élections. Leur rejet complet du parti émane du débat politique autour de la restructuration des « écoles préparatoires » – des institutions privées extrêmement chères qui préparent les lycéens en terminale aux examens d’entrée aux universités.

Le mouvement Gülen dirige au moins un quart de ces institutions avec un budget de plusieurs milliards de dollars, ce qui constitue un élément clé de son réseau éducationnel lui permettant de recruter ses nouveaux membres. Les gülenistes voient dans ce débat autour des écoles préparatoires une menace directe envers leur influence.

Mais leur réaction a été disproportionnée – ne serait-ce que parce que le gouvernement n’avait pas encore finalisé son projet de réforme. En outre, la proposition n’avait rien à voir avec le mouvement Gülen ; le gouvernement répondait aux doléances de ses citoyens devant payer des sommes astronomiques pour préparer leurs enfants à l’entrée dans les universités publiques gratuites. Et le mouvement Gülen n’a pas non plus été réellement pris par surprise ; les représentants des écoles préparatoires étaient engagés dans un dialogue avec les responsables du ministère de l’éducation depuis déjà quelques temps.

Comme dans toute démocratie, les critiques de l’opinion publique contre les mesures du gouvernement turc sont normales et saines. Mais il est inacceptable que certains membres du système judiciaire et des forces de police affiliés au mouvement Gülen tentent des manœuvres de chantage, de menace et autres marchandages illégaux pour faire pression sur le gouvernement.

Il est aujourd’hui du ressort des tribunaux de faire la lumière sur les affaires de corruption concernant les soi-disant « serviteurs de l’état. » Mais tout indique l’existence d’une croisade politique coordonnée par les partisans gülenistes, dont les procureurs généraux impliqués dans les récentes affaires de corruption et les médias pro-gülenistes qui n’ont pas hésité à clamer l’impartialité des procureurs généraux (en dépit de nombreuses irrégularités – dont d’innombrables cas d’écoutes téléphoniques illégales). En outre, un groupe coordonné au sein du système judiciaire est suspecté de masquer les preuves – des allégations qui ont suscité les demandes pour que soient rejugés les militaires incriminés.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais eu de tentatives de coup par des membres de l’armée dans le passé, ou de cas de corruption par des hommes politiques ou des fonctionnaires. Le fait est que la Turquie a besoin de réformes judiciaires qui lui permettront de supprimer l’éventualité de l’émergence de cliques organisées susceptibles de manipuler leurs pouvoirs constitutionnels pour favoriser leurs propres intérêts étroits.

Voilà la ligne jaune à ne pas franchir pour n’importe quelle démocratie pluraliste. Chaque citoyen devrait être libre de vivre selon ses convictions; mais une vision théologique irresponsable ne doit être autorisée à dicter leur comportement en tant que serviteurs de l’état et fonctionnaires.

Plus généralement, le débat sur le mouvement Gülen devrait être l’opportunité de clarifier la relation entre religion et politique, tout en rappelant à l’opinion publique turque – et aux pays à majorité musulmane dans l’ensemble de la région – les valeurs démocratiques qui ont permis à la Turquie de se développer et de prospérer.

Traduit de l’anglais par Frédérique Destribats.

Copyright Project Syndicate


Ertan Aydin est conseiller principal auprès du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan.


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El problema entre Japón y Obama

Photo: US Federal Government/Wikimedia Commons.

TOKIO – Cuando el mes pasado el primer ministro japonés, Shinzo Abe, visitó el polémico santuario Yasukuni en Tokio, los líderes chinos, previsiblemente, condenaron la decisión de honrar a los responsables de “la guerra de agresión contra China”. Pero la visita de Abe al santuario también fue un mensaje dirigido al principal aliado y protector de Japón: Estados Unidos. Cada vez más urgido por la renuencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a cuestionar los ensayos militares de China y sus ambiciones territoriales en Asia (de lo que da testimonio la reciente discrepancia entre Japón y Estados Unidos por la nueva “zona de identificación aérea” creada por China), Abe consideró necesario informar a ambos países que la autocontención no puede ser unilateral.

Para China y para Corea del Sur, el hecho de que el santuario Yasukuni incluya a catorce criminales de guerra clase A ejecutados después de la Segunda Guerra Mundial lo convierte en un símbolo elocuente del militarismo japonés de preguerra. Abe se abstuvo por mucho tiempo de visitar el santuario (tampoco fue allí durante su anterior período como primer ministro). Es muy probable que hubiera mantenido esa actitud si China no hubiera creado la zona de identificación aérea, que deja sentado un nuevo y ominoso precedente, al usurpar espacio aéreo internacional sobre el mar de China Oriental, incluidas áreas que China no controla. (Parece que Abe no tuvo en cuenta la posibilidad de que su peregrinación a Yasukuni le resultara útil a China, al profundizar las divisiones entre Corea del Sur y Japón.)

El gobierno de Obama venía presionando a Abe para que no agravara las tensiones regionales con una visita a Yasukuni, y el vicepresidente Joe Biden reiteró el pedido durante una escala que hizo hace poco en Tokio en medio de un viaje a Beijing. De hecho, la gira de Biden profundizó las inquietudes de Japón por su seguridad, porque dejó de manifiesto el interés de Estados Unidos en equilibrar sus relaciones en Asia Oriental, incluso si ello supone tolerar a una China expansionista como equivalente en términos estratégicos a su aliado Japón.

En vez de posponer el viaje de Biden a Beijing en protesta por la nueva zona de identificación aérea impuesta por China, Estados Unidos aconsejó a sus empresas de aviación comerciales respetar la exigencia china de informar por adelantado de sus planes de vuelo en la zona, mientras que Japón pidió a las suyas que la ignoren. Al pedir autocontención a los japoneses, Estados Unidos alentó sus temores, sin obtener ninguna concesión de China.

La brecha creciente entre Estados Unidos y Japón ya es inocultable. Abe sintió como una traición la falta de firmeza de Obama frente a la creación de la zona de identificación aérea (que es el último en una serie de actos agresivos de China tendientes a alterar el statu quo del mar de China Oriental). Por su parte, el gobierno de Estados Unidos criticó la visita de Abe a Yasukuni en forma abierta (e inusitada), y su embajada en Japón declaró que Estados Unidos “lamenta que el gobierno japonés haya dado un paso que agravará las tensiones con los vecinos de Japón”.

Estos reproches no implican que la alianza entre Estados Unidos y Japón (de la que depende la avanzada militar de Estados Unidos en Asia) corra riesgo en lo inmediato. Japón sigue siendo un aliado modelo, que alberga en su territorio un gran número de tropas estadounidenses e incluso se hace cargo del costo de su mantenimiento. De hecho, la visita de Abe a Yasukuni se produjo apenas un día después de cerrar un arduo acuerdo bilateral impulsado por Estados Unidos para reubicar una base aérea estadounidense en Okinawa a una zona menos poblada de la isla. Además, Abe apoya el ingreso de Japón al Acuerdo Transpacífico, el nuevo bloque comercial patrocinado por Estados Unidos para la región, del que China está excluida.

Sin embargo, entre los gobiernos de Abe y Obama se ha ido desarrollando una grieta psicológica. Estados Unidos protesta por la actitud nacionalista de Abe frente a China y Corea del Sur, y los funcionarios japoneses ya no ocultan su intranquilidad por los intentos de Obama de hallar un equilibrio entre los compromisos de Estados Unidos con sus aliados y sus deseos de fortalecer sus relaciones con China. Biden dedicó a conversaciones con el presidente chino Xi Jinping más del doble de tiempo que le dedicó a Abe.

La paradoja está en que si bien la preocupación por la creciente asertividad china contribuyó a llevar a Estados Unidos otra vez al centro de la escena geopolítica asiática y a reforzar sus acuerdos de defensa en la región, no se tradujo en acciones dirigidas a refrenar las políticas expansionistas de China. Como consecuencia, Japón duda cada vez más de la voluntad de Estados Unidos de apoyarlo militarmente en el supuesto de que China lanzara un ataque sobre las islas Senkaku/Diaoyu, controladas por Japón. Y tampoco ayuda la retórica contradictoria del gobierno de Obama, al afirmar que el tratado de defensa entre Japón y Estados Unidos incluye las Senkaku y al mismo tiempo negarse a tomar partido en relación con la soberanía de las islas.

Japón vio un llamado de atención en la inacción de Obama en 2012, cuando China ocupó el arrecife de Scarborough, dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. Buscando poner fin a un altercado entre ambos países por el control de la zona, Estados Unidos patrocinó un acuerdo para que los dos retiraran sus buques del área. Pero cuando Filipinas se retiró, China ocupó el arrecife y Estados Unidos no reaccionó, a pesar del acuerdo de defensa mutua que tiene con Filipinas. Esto envalentonó a China, que tomó control efectivo de otro arrecife reclamado por Filipinas en la zona de las disputadas islas Spratly.

Diversos factores, como la distancia geográfica y la interdependencia económica, hacen que Estados Unidos no quiera quedar atrapado en estas disputas territoriales asiáticas. Además, y a diferencia de los países de la región, Estados Unidos podría tolerar una versión china de la “doctrina Monroe” por la cual China se opusiera a cualquier intervención extranjera en Asia. Pero la neutralidad estadounidense en estos conflictos de soberanía amenaza con debilitar sus alianzas de defensa bilaterales (que en la práctica colaboran con los intereses chinos, al evitar que países como Japón se vuelquen al militarismo).

El juego de equilibrios al que se dedica el gobierno de Obama en Asia impide ver que las últimas acciones de China son un ensayo de poder a escala más amplia. Lo que está en juego no es simplemente un conjunto de islas en los mares de China Oriental y Meridional, sino un orden regional basado en reglas, la libertad de navegación de los mares y los cielos, el acceso a los recursos marítimos y el equilibrio de la dinámica de poderes en Asia.

Con su política que hace sentir inseguros a los japoneses, Estados Unidos corre el riesgo de provocar exactamente lo que intenta evitar: el regreso de Japón al militarismo.

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz.

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Brahma Chellaney est professeur d’études stratégiques au Centre de recherche politique à New-Delhi.


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Innovation, the ‘Third Arrow’ and US-Japan Relations
Japan’s Defence Engagement: Implications of Abe’s Yasukuni Visit
Transatlantic Interests in Asia


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